La posición de Argentina en Bakú abre interrogantes sobre su compromiso con el Acuerdo de París y el impacto en la financiación internacional.

Los representantes de ONGs argentinas que participan de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP29 en Bakú, la capital de Azerbaiyán, se encontraron este martes con la novedad de que sus credenciales, tramitadas por la Cancillería argentina, estaban bloqueadas. El país las había dado de baja, a tres días de que terminara la ronda de negociaciones en las que se discutió la ampliación del crédito internacional para financiar políticas de transición energética y reducción de emisiones, entre otras cuestiones urgentes.

Desde Bakú, un damnificado por la decisión intempestiva de Cancillería contó a Cenital que se trató más de una (otra) teatralización que de otra cosa. Los representantes de la sociedad civil pudieron tramitar nuevas acreditaciones in situ con la organización y las delegaciones provinciales estuvieron presentes en la primera semana de discusiones y ya comenzaron a dejar lugares vacíos. Pero la oportunidad de conseguir financiamiento barato que Argentina podría dejar pasar por no adherir a las políticas de mitigación del cambio climático no es teatro. Un rumor corrió por Bakú que, por ahora, no se materializó: que el país podría abandonar el Acuerdo de París.

El Gobierno no dio ese paso, pero sí endureció su posición. A fines de 2023, Marcia Levaggi, designada como enviada de la Cancillería a la COP28 cuando recién asumía Diana Mondino, garantizó que Argentina continuaría honrando sus compromisos con el Acuerdo de París. Levaggi fue una de las desplazadas con el ascenso de Gerardo Werthein. En esta COP29, Argentina retiró su delegación a dos días del inicio de la cumbre. En el G20, Argentina firmó el comunicado final, pero el presidente Javier Milei embistió contra la agenda 2030 contenida en ese documento. El paso de lo discursivo a lo real podría costar cientos o miles de millones de dólares.

En la COP29, los países discuten cómo acelerar el financiamiento de las políticas climáticas. En 2009, el objetivo era llegar a créditos por USD 100.000 millones para 2020. Se cumplió en 2022. Ahora, los países del G77+China (que integra Argentina) buscaban ampliar ese fondeo a $1,3 billones. Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), la comunidad internacional debe escalar el financiamiento hasta el billón de dólares para 2030. Es plata que suele fluir desde los países desarrollados hacia aquellos que más cambios deben hacer en sus infraestructuras, como Argentina.

Más concreta es la discusión sobre el artículo 6 del Acuerdo de París, que propone desarrollar un mercado de carbono. Argentina abandonó la mesa de negociaciones y se privó de un financiamiento potencial de USD 350 millones anuales, según la Mesa Argentina de Carbono, que integran empresas vinculadas al agro y a la energía como YPF. “Los mercados de carbono internacionales pueden financiar muchos proyectos de reducción de emisiones en Argentina que hoy no son viables a través de los mercados voluntarios”, indicó la entidad en un comunicado. “Es primordial que nuestro país -el Gobierno nacional con el acompañamiento del sector privado- facilite acuerdos y canales de negociación con otros países para potenciales transferencias internacionales de reducciones de emisiones”, añadió.

En Bakú están, además, representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), entre otros. El Fondo trabaja desde hace años en ampliar el financiamiento verde. El BID aclaró en la COP29 que la posición radical de Argentina no la privará de recibir el fondeo que la entidad destina a proyectos de infraestructura, siempre y cuando el país lo solicite.

Cecilia Nicolini, exsecretaria de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del gobierno de Alberto Fernández y actual diputada del Parlasur, viajó a Azerbaiyán invitada por la organización. En diálogo con Cenital, contó que parte de la discusión pasa por habilitar fondeo -créditos o subsidios- a estados subsoberanos sin pasar por la administración central. Es difícil: los proyectos grandes suelen requerir de garantías de los Estados nacionales.

“Así como ocurrió en Estados Unidos con la primera presidencia de Donald Trump o en Brasil con Jair Bolsonaro, hay una gran oportunidad para que las provincias y organizaciones provinciales accedan a fondeo a tasas bajas”, dijo Nicolini. “Las economías regionales son las más golpeadas por el cambio climático y las provincias participan en los foros. Espero el acompañamiento internacional, porque la cuestión climática va mucho más allá del capricho de un presidente de turno”, añadió.

También desde Bakú, el cofundador de la ONG Sustentabilidad Sin Fronteras Mariano Villares manifestó las consecuencias de que Argentina haya abandonado la discusión. “Salir de las negociaciones no tiene sentido, es la peor estrategia que puede tener un país. Si no estás sentado en la mesa, sos parte del menú”, dijo a Cenital. “Cuando Trump anunció que se retiraba del Acuerdo de París, sus negociadores participaron ese mismo año de la COP23 para obstaculizar la acción climática, pero entendieron que salir los dejaba en una posición de indefensión”, contrastó.

Sustentabilidad Sin Fronteras destacó el rol de las empresas privadas en distintas acciones impulsadas en la COP29. Una de ellas es Globant. Su CEO, Martín Migoya, es uno de los empresarios más entusiasmados con la prédica de Estado mínimo de Milei.

En esa línea, la consultora internacional KPMG estableció este año que una de las tendencias en materia de inversión en infraestructura es “la carrera hacia el crecimiento sostenible”. Amplió: “Los responsables de la formulación de políticas y los líderes deben darse cuenta de que el crecimiento sostenible, distribuido equitativamente, es la solución a muchos problemas. Esto requiere un trabajo colaborativo entre las naciones”.

La COP29 afinaba las negociaciones finales esta semana, mirando de reojo lo que pasaba en el G20 de Río de Janeiro, donde los presidentes firmaron un comunicado en el que validaron la lucha contra el hambre y la pobreza y dedicaron un capítulo específico al “desarrollo sostenible, la transición energética y la acción climática”. “Enfatizamos el rol del desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- como una guía del principio de cooperación en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, con el objetivo último de superar nuestros desafíos colectivos”, se lee en el comunicado final. “Reafirmamos nuestros respectivos compromisos de intensificar las medidas urgentes para hacer frente a las crisis y los desafíos que plantean el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la desertificación, la degradación de los océanos y las tierras, la sequía y la contaminación”, añadieron.

“Aceleraremos la reforma de la arquitectura financiera internacional para abordar el desafío urgente de desarrollo sostenible, cambio climático y los esfuerzos para erradicar la pobreza”, continúa el comunicado, en el que también se ratificaron, otra vez, los objetivos de frenar el calentamiento global de los Acuerdos de París.

Argentina comunicó: “Por primera vez desde que es parte, el Gobierno Nacional firmó la declaración de presidentes disociándose parcialmente de todo contenido vinculado a la Agenda 2030”. En su intervención ante el plenario de mandatarios, Milei dijo: “Si se trata de limitar el derecho de los países a explotar libremente sus recursos naturales, no cuenten con nosotros”.

Pero esa disidencia no se plasmó en el documento final. La presidencia brasileña del G20 remarcó que el texto “obtuvo el consenso de todos los países miembros” y “refuerza el rol del grupo para abordar los desafíos globales y promover un crecimiento sólido, sostenible e inclusivo”.

¿Habrá sido un giro pragmático como el que llevó a Milei a negociar con Xi Jinping inversiones y ampliación comercial y a acelerar con Brasil el estratégico acuerdo para exportar gas de Vaca Muerta? ¿Se replicará en el acceso a financiamiento blando para que el Estado nacional, las provincias y las empresas encaren inversiones en infraestructura que permitan abordar la transición energética que está al tope de la agenda global?

Cenital