La onda expansiva de lo que produjo el rechazo al Presupuesto recién empieza a menguar. La derrota institucional y política que sufrió el gobierno en la Cámara baja -en un efecto similar al que ocurrió luego de las elecciones generales- no mostró a la oposición celebrando sino dando explicaciones. Curioso. “Máximo se llevó unos cuantos moretones, pero la oposición, una cicatriz”, reflexionaba un alfil del Frente de Todos ayer por la noche. “Votaron en contra de un Presupuesto cuando se podían abstener y nosotros no llegábamos igual, es un precedente muy choto”, concluyó ante #OffTheRecord luego de prescindir de la elegancia.
Si bien el discurso del jefe de bloque del oficialismo no parecía ser el que da alguien que tiene un acuerdo cerrado -en este caso, el pase a comisión-, mayor sorpresa generó la reacción colérica de Cristian Ritondo. Uno no puede juzgar los espíritus navideños, pero es difícil reconocer herido en su sensibilidad por el señalamiento del FMI a un dirigente que manejó la Policía Bonaerense. Es probable que para intentar entender la reacción del muy hábil jefe de bloque PRO haya que ir unas semanas para atrás al vigésimo aniversario de la Coalición Cívica. Allí, Elisa Carrió señaló a Ritondo como “amigo de Sergio Massa” y depositó, de cara a los halcones del PRO, una duda sobre su performance en el Congreso. “No sé si fue eso”, dicen desde la CC. “Hubo una dinámica propia del recinto, sumada a la presión de los duros de su bloque de que había que rechazar. Nosotros somos de los que creen que los Presupuestos se devuelven, no se rechazan, pero Cristian no tuvo esa templanza o inteligencia estratégica”, reflexionaba un lilito ante #OffTheRecord.
La modificación del presupuesto tendrá consecuencias reales para la economía. Además de frenar la aprobación del plan plurianual de obras públicas, cuya necesidad nadie discute y valorado en más de 900 mil millones de pesos, tendrá efectos impositivos que serán regresivos. La modificación de las alícuotas de bienes personales por legislación de emergencia durante los años 2019 y 2020 para los patrimonios superiores a los 18 millones de pesos no será prorrogada y se retomará el esquema de reducción de uno de los impuestos progresivos con los que cuenta nuestro país. Para otro, el impuesto a las ganancias se aplicará de forma plena el ajuste por inflación. En ambos casos es un regreso al sendero de desfinanciación del Estado que impulsó en su momento el macrismo y que el peronismo, con Miguel Pichetto como jefe de bloque, pospuso en el Senado. El impacto en las arcas públicas, sobre la masa coparticipable supera los 170 mil millones de pesos que se dejarán de recaudar de las empresas y los mayores patrimonios declarados. En el marco de la discusión con el Fondo Monetario Internacional, donde el gobierno deberá mostrar un sendero de reducción del déficit fiscal, la imposibilidad de recaudar por esta vía significará una dificultad adicional para el acuerdo o, aún peor, la necesidad de aprobar nuevos impuestos o realizar un ajuste mayor sobre la porción de la población no benficiaria del cambio.
Más sorpresivas fueron las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta que dijo sentirse amenazado por los tuits del Presidente de la Cámara de Diputados. “Me resulta muy extraño que se sientan amedrentados hombres y mujeres con poder y que hablan MUY seguido o llevan décadas de AMISTAD con Sergio Massa. Suena a intento de evitar su responsabilidad”, tuiteó Malena Galmarini en ineludible referencia al jefe de Gobierno porteño. “Máximo los agrede, Massa los amenaza, ¿así le van a sacar la logística a Moyano?”, se preguntaba ante Cenital un muy importante empresario que milita activamente en las filas de la oposición, pero duda del fuego sagrado de los racionales.
La última confusión, en este caso de los medios, tuvo que ver con un reportaje que brindó Eduardo “Wado” de Pedro al canal Todo Noticias. De Pedro estaba en el móvil, es decir, frente a una cámara del canal ubicada en este caso en Plaza de Mayo y los periodistas preguntaban desde el estudio. Durante toda la entrevista, como suele ocurrir en esa dinámica, hubo una demora entre la palabra del piso -es decir, de los colegas- y la respuesta del funcionario. “Le preguntaba, más por las condiciones del Frente de Todos que por las del país, si estaba en condiciones Alberto Fernández de ir por la reelección… usted pertenece a La Cámpora, ¿La Cámpora va a tener un candidato propio a Presidente?”, consultó textualmente Maru Duffard al ministro que la pisó: “Por supuesto que sí, por supuesto… por supuesto que está en condiciones”, en referencia al Presidente. La confusión continuó. Nicolás Wiñazky repregunta: “¿Y quién va a ser? ¿Máximo o usted?” “Ninguno de los dos, falta mucho tiempo para el 2023, nuestra preocupación está en terminar el trabajo que prometimos en 2019 cuando encontramos una Argentina fundida”, completa De Pedro. El video es elocuente.
Esto se leyó, producto de cierta pereza vinculada seguramente al fin de año, como una respuesta del ministro del Interior a Alberto Fernández luego de un correctísimo reportaje que le brindó a Jorge Fontevecchia en el que manifestaba su voluntad de reelegir en caso que las condiciones estén dadas. No lo fue. Sin embargo, ni la palabra del Presidente ni la de su ministro político hubieran cobrado demasiada relevancia en un escenario ya no de síntesis dentro del Frente de Todos sino de elemental armonía para un espacio que buscará revalidar en 2023. La diferencia de diagnósticos, los recelos políticos, pero sobre todo las desconfianzas personales transformaron a un dispositivo que tenía espíritu de hegemonía en un mix de internas y vanidades mal administradas. Difícil ver inocentes en esa dinámica a la que se le está acabando el tiempo para recalcular.
La vida sigue. El acuerdo con el Fondo, como puntapié del programa plurianual, parece que va a correr mejor suerte. Un funcionario que no suele involucrarse en aspectos políticos habló durante las últimas 72 horas con algunos gobernadores que no acompañaron el presupuesto. Le dijeron que el rechazo tenía sus propios objetivos, pero garantizaron su apoyo al acuerdo con el FMI. Esto, más los datos de empleo que saldrán hoy, puede ser un tranquilizante para el impasible Martín Guzmán. Crecimiento del empleo privado, de la tasa de actividad y caída de la de desocupación -todo traccionado por construcción y servicios- muestra una tendencia con la que el oficialismo puede entusiasmarse moderadamente.
La noticia más relevante después del presupuesto de la semana política en la Argentina pasó relativamente desapercibida debajo del aniversario del 19 y 20 de diciembre, en algunos casos, hasta como una suerte de revival a menor escala de aquellas jornadas. La Legislatura de la provincia de Chubut aprobó, por 14 votos contra 11, una ley de zonificación minera que habilitaba la actividad en aquellos departamentos que adhirieran. La norma estableció condiciones muy concretas y relativamente restrictivas, en línea con el marco adoptado tras la movilización masiva en Esquel contra el establecimiento de una mina de oro en las inmediaciones de la ciudad a partir de 2003. Independientemente del debate sobre la peligrosidad de su uso, la nueva legislación preservaba la prohibición de cianuro en la explotación y el mandato de no afectación de los principales cursos de agua potable.
Chubut está dividida en regiones bastante diferentes entre sí, con centro administrativo en Rawson – Trelew, polos turísticos en Puerto Madryn y en la cordillera y petroleros como Comodoro Rivadavia. Ninguno de ellos sería afectado por la actividad minera que se realizaría, en principio, en la meseta, que es la parte más empobrecida y dispersamente habitada de la provincia, -históricamente ligada al pastoreo ovino, una actividad cada vez menos viable por cuestiones de suelo-. Con muchos menos votantes, menos ingresos y, por lo tanto, menos capacidad de ser escuchadas, son las poblaciones de la meseta también las que apoyan en mayor medida el desarrollo de la actividad minera. La zonificación preservó expresamente la capacidad de cada municipio de no adherir a la ley y, por lo tanto, mantener vedada la actividad en cualquier condición, aun cumpliendo las exigencias de la norma como garantía para las municipalidades que rechazan la minería. Nada de eso alcanzó.
Tras la aprobación de la legislación, sobrevinieron protestas masivas, enfrentadas por una brutal represión estatal, que se tornaron violentas, al punto tal que terminaron en la quema de la Casa de Gobierno. Con los resguardos de la ley, el final parece contraintuitivo. Cuesta no poner el foco, a la hora de buscar culpables, en el gobernador Mariano Arcioni, que accedió a la gobernación haciendo campaña expresa en contra de la megaminería y con una clara postura favorable a su prohibición. Su cambio de postura no ha sido demasiado explicado ni explicable más allá de su actual debilidad política. Esto se expresó en la derrota en las últimas legislativas, donde sus candidatos quedaron en tercer lugar, lo que alimentó las desconfianzas de la ciudadanía sobre un engaño. Del mismo modo, la cuestión del uso del agua para la obtención del mineral, que provendría de una cuenca endorreica no potable, -es decir, un curso sin conexión con el Río Chubut- y que preocupa a los habitantes en un marco de crisis hídrica, tampoco fue adecuadamente abordada en la preparación para la aprobación de la ley. Después de aprobada, y con la situación ya fuera de control, Arcioni tampoco se permitió defender la postura adoptada por la Legislatura, mandó a suspender la ley y a convocar a un plebiscito, donde las localidades más habitadas seguramente se impongan a las comunidades donde se desarrollaría la actividad.
Lindante a Chubut, la provincia de Santa Cruz, gobernada por Alicia Kirchner, es hoy la principal provincia minera del país en minería metalífera, tanto por el volumen de producción como por su contribución a las exportaciones. Con una geografía similar a la de Chubut, turismo en la cordillera y recursos petroleros en la parte atlántica, la explotación del macizo El Deseado para la producción de oro y plata se lleva adelante sin contratiempos sociales. Néstor Kirchner aprovechó la propiedad provincial de los recursos naturales dictada por la Constitución para establecer una empresa estatal que se asocia con las multinacionales capaces de llevar adelante la explotación y mejora el saldo de recursos para la provincia por encima de las regalías previstas por la legislación. Las formas de obtener licencia social son variadas y el ingenio de la política es encontrar maneras. No hay explicaciones a priori para que una actividad se permita en una provincia y se prohíba en la vecina que no sean de correlación de fuerzas políticas. Donde en Santa Cruz hubo política de Estado, en Chubut hubo oportunismo e idas y vueltas constantes frente a una población que inicialmente desconfiaba de las intenciones de sus gobernantes. Un reciente informe del CEP XXI muestra que la minería genera en Argentina miles de empleos bien pagos y alimenta una extensa red de proveedores locales. Lo hace, a pesar de producir metales por alrededor de 3.000 millones de dólares, mientras nuestros vecinos, Chile y Perú, producen entre 25.000 y 30.0000 millones. La licencia social es uno de los frenos más importantes que ha encontrado la actividad que, paradójicamente, mantiene la licencia sin conflictos allí donde fue habilitada. Sólo maximizando instancias de control y de generación de información fidedigna, enfatizando los mecanismos para beneficiar a las provincias y comunidades locales y, por sobre todo, aportando coherencia y conducción desde la política, permitirá el desarrollo de una de las actividades de mayor potencial para que Argentina pueda superar el estancamiento y la restricción externa. Y algunos sectores de la coalición oficialista deberán resolver por qué cuando se les pregunta por un proyecto productivo hablan de déficit fiscal.
Mientras tanto, la victoria de Gabriel Boric en la elección presidencial de Chile fue, antes que nada, un enorme alivio para la Casa Rosada. La perspectiva de un gobierno de José Antonio Kast, montado a los últimos y preocupantes avances en la postura del gobierno de Sebastián Piñera sobre el Tratado de Paz y Amistad para generar un conflicto territorial en relación a la plataforma marina, hubiera significado un retroceso de décadas en la relación bilateral. Kast suele referirse al país utilizando el lenguaje habitual del pinochetismo y suele calificar los tratados limítrofes como un “robo” de territorio por parte de la Argentina, en la tradición de la derecha más recalcitrante y nacionalista del país trasandino. Las posiciones del diputado neofascista del PRO, Francisco Sánchez, encolumnado detrás del liderazgo de Patricia Bullrich y de Ricardo López Murphy -que lamentó la derrota de Kast- resultan indicativas de un déficit de percepción de la derecha local cuyo “antipopulismo”, deudor no disimulado del viejo anticomunismo militarista, no cede siquiera ante un candidato que se expresa sobre la Argentina en términos bélicos y expresa desembozadamente su intención de avanzar sobre nuestras posiciones territoriales. Extraño nacionalismo.
En segundo lugar, la victoria de Boric es una oportunidad. Puede que Argentina no tenga un socio comercial en el mundo mejor que Chile. Con más de tres mil millones de intercambio bilateral, el saldo para el país es estructuralmente superavitario y la canasta comercial es diversa. Si los gobiernos de la Concertación significaron importantes avances en la construcción de confianza y cercanía entre nuestros países, Gabriel Boric probablemente sea el más pro-argentino de los presidentes electos en su país desde el regreso de la democracia. Alberto Fernández, por su parte, auún reconociendo la importancia de la relación con el gobierno de Sebastián Piñera, mantuvo una fuerte apuesta por los partidos vinculados más directamente al estallido social de 2019. Como con Arce y Evo Morales en Bolivia, es otra apuesta política audaz que rinde frutos. La generación de herramientas institucionales para profundizar la integración sudamericana más allá de las relaciones entre los líderes es una deuda pendiente en América del Sur, pero no hay mejor momento para hacerlo que cuando los líderes sintonizan. En el caso de Chile, quizás no haya mejor oportunidad que esta. El potencial para ambos países es grande.
En una entrevista con Futurock el ex vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, señaló que muy difícilmente estemos ante un tiempo de oleadas progresistas como el que la región vivió hace unos quince años. Por el contrario, caracteriza el momento como de reflujos, tanto para las derechas como para las izquierdas. La necesidad de encontrar puntos y lugares de encuentro para que esos reflujos no se transformen en péndulos y no generen una gobernabilidad imposible es, entonces, una necesidad para evitar una nueva década perdida. Aplica para Chile, pero también para Argentina. Boric tendrá el desafío de conducir las demandas de un estallido social que reclama reformas profundas en materia de distribución y de servicios a cargo del estado, manteniendo la estabilidad macroeconómica. También deberá hacer equilibrio entre la necesidad de cambios y la demanda de orden que expresó el 44% obtenido por Kast y entre su construcción política novedosa y los votos masivos de adherentes y referentes de la vieja Concertación que le permitieron imponerse. En este panorama complejo, Boric habló de gobernar para todos los chilenos y las chilenas, y hasta tendió la mano a los votantes de Kast y la gestión democrática de las diferencias. Su discurso sobre acordar como condición necesaria para poder transformar resuena bien con una victoria holgada y valiosa, pero obtenida en segunda vuelta, con un Congreso dividido, una constituyente que deberá ser plebiscitada antes de aprobarse y una perspectiva de crecimiento económico que, por motivos que nada tienen que ver con su capacidad como Presidente, se prevé mucho menor durante el próximo año.
Bonus track
- “El peronismo ha sido uno de los grandes proyectos transformadores del país”, dijo la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore, en La Nación. Lugarteniente de Horacio Rodríguez Larreta y de muy buen vínculo con los movimientos sociales, Migliore reivindica en público y en privado aspectos del justicialismo con el objetivo de acercar posiciones para lograr algunos entendimientos. Tiene costo. Fernando Iglesias, diputado elegido por Mauricio Macri para integrar la lista en la Ciudad de Buenos Aires, la topeteó. “Así es. Lo transformó, y lo sigue transformando, en una vasta villa miseria”, tuiteó luego de sus sorpresivas nupcias.
Iván Schargrodsky | Cenital