El Gobierno acelera el proceso administrativo para la primera suba del gas en dos años. Se concretaría en los próximos días.
El Gobierno anunciará en los próximos días un aumento de las tarifas de gas de entre 6% y 7% para usuarios residenciales y de 4% para pymes, que empezará a regir a mediados de este mes.
Será el primero luego de dos años de congelamiento (desde abril de 2019) y sucederá luego del cortocircuito que se generó el viernes pasado en el interior de la coalición oficialista por el incremento de las tarifas metropolitanas de luz y las diferencias entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo Richards.
La suba de tarifas de gas, como anticipó el interventor del Enargas, Federico Bernal, en una entrevista exclusiva con este diario, incluye una mejora en los ingresos brutos de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, EcoGas, Litoral Gas, Gasnor y Gas Nea) de entre 20% y 25%, combinado con un congelamiento del margen bruto de las transportistas (TGN y TGS).
Un cliente residencial de Naturgy gasta actualmente $ 1640 mensuales en promedio. Con este incremento, la factura media treparía a $ 1750 por mes, con un alza de 110 pesos.
Para el caso de Metrogas, el consumo de una familia tipo es de 1300 metros cúbicos (m3) por año. En invierno, una boleta ronda los $ 2500 y el impacto de esta actualización sería de $ 200 por mes.
DOMINÓ ECONÓMICO
Además, también quedará fijo el precio mayorista del gas -en “boca de pozo” o en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, PIST-, que adquieren las distribuidoras a las productoras como YPF, Total Austral, Tecpetrol, Pampa Energía, Pan American Energy (PAE), Compañía General de Combustibles (CGC), Wintershall Dea y Pluspetrol, entre otras firmas, pero también el que le compran a la estatal Integración Energética Argentina (IEASA), que se encarga de las importaciones.
Esto forzará al Tesoro a destinar más subsidios para evitar que se rompa la cadena de pagos del sector.
Según el informe técnico que presentó la Secretaría de Energía en la audiencia pública del 15 de marzo, el costo de la provisión de gas natural para todo el sistema rondará este año los $ 110.000 millones.
Congelar en pesos el precio mayorista del gas requerirá $ 35.000 millones más que lo previsto en el Presupuesto 2021.
Todos estos cálculos no tienen en cuenta el impacto de los cortes de rutas en Neuquén que afectaron durante abril la producción en Vaca Muerta, y que tendrá efectos que se extenderán durante los próximos meses.
Las etapas de fractura (indicador de la productividad) en el shale se derrumbaron un 67% el mes pasado: 239 versus 733 registradas en marzo.
EL CURSO POLÍTICO
La mayor demanda de subsidios para atenuar las subas de tarifas y su impacto sobre los recursos públicos, el gasto y la emisión monetaria es el mismo problema que llevó a Guzmán a romper puentes con Basualdo, un funcionario orgánico de La Cámpora que responde directamente a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y al presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner.
Esa discusión interna todavía está por saldarse. Guzmán irá de gira a Europa con el presidente, Alberto Fernández, mientras que el Instituto Patria le otorgó todo su respaldo a Basualdo para que continúe en su cargo.
El proceso administrativo iniciado por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ya tuvo la aprobación de la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Economía.
La suba de tarifas de gas incluye una mejora en los ingresos brutos de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Camuzzi, EcoGas, Litoral Gas, Gasnor y Gas Nea) de entre 20% y 25%, combinado con un congelamiento del margen bruto de las transportistas (TGN y TGS).
Según contaron fuentes oficiales y privadas, se giraron las actas acuerdo a las distribuidoras para que suspendan temporalmente los reclamos por los ingresos no percibidos durante el congelamiento de las tarifas.
Hay otros temas que quedaron pendientes y se arrastran desde la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
Uno de ellos es la deuda que tiene el Estado con las petroleras por más de $ 30.000 millones, debido a Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) en el costo de adquisición del gas entre abril y septiembre de 2018.
En otras palabras: la furiosa devaluación del peso en esos meses (pasó de $ 20 a $ 42) provocó un derrumbe del precio en dólares del gas entregado a los usuarios.
Tras una crisis política, el macrismo emitió el Decreto 1053/2018, que estatizó esa deuda para no transferirla directamente a los usuarios y generar más presión por un nuevo aumento de tarifas. Las diferencias todavía no se abonaron.
El Cronista