El Ministerio de Transporte rechazó una serie de presentaciones realizadas por las cargueras privadas Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central Argentino, que reclamaban la revocatoria del protocolo para combatir intrusiones y asentamientos en terrenos ferroviarios establecido en marzo pasado. Las empresas alegaron que la normativa excedía las obligaciones del contrato de concesión, lo cual fue rebatido por Transporte.
El Ministerio de Transporte de la Nación rechazó de plano una queja de las concesionarias de cargas Ferroexpreso Pampeano (FEPSA), Nuevo Central Argentino (NCA) y Ferrosur Roca (FR) contra el protocolo para combatir intrusiones y asentamientos en terrenos ferroviarios establecido en marzo pasado.
El protocolo tiene como objetivo garantizar el resguardo y la integridad de los bienes muebles e inmuebles afectados a la explotación ferroviaria y promover medidas destinadas a restituir la funcionalidad de los bienes involucrados, a la vez que permitir “dar continuidad a la operación del servicio ferroviario en condiciones adecuadas”. En este sentido, establece una batería de acciones preventivas, de relevamiento y de atención a las problemáticas sociales que se pudieran presentar, a la vez que establece las pautas a seguir para las acciones judiciales que correspondieran.
Tanto FEPSA como NCA y Ferrosur presentaron sendos recursos frente al ministerio solicitando que se revocara el citado protocolo, alegando que la norma implicaría “nuevas y numerosas obligaciones que excederían ampliamente las establecidas en el contrato de concesión“.
A su vez, las cargueras cuestionaron que el protocolo se establezca a poco de que finalicen sus respectivos contratos de concesión, considerando que sería “inoportuna e incluso excesiva” esta supuesta “modificación y agravamiento de obligaciones”.
Cabe recordar, no obstante, que el contrato de al menos una de ellas -el de FEPSA- se encuentra de hecho expirado y ya ha sido prorrogado en dos ocasiones, de cara a la implementación de un nuevo y confuso esquema que apuntaría a garantizarles a las concesionarias una continuidad más allá del vencimiento de sus plazos de concesión.
Los recursos presentados por las cargueras privadas -el resto de las empresas (SOFSE, ADIF, BCyL) no presentaron objeciones- fueron desestimados mediante la resolución 508/2022, que lleva la firma del ministro Alexis Guerrera (ver debajo).
En una extensa justificación, el ministerio argumentó, remitiéndose a los propios contratos de concesión, que mantener la integridad de los bienes entregados es responsabilidad del concesionario y que las empresas no lograron acreditar fehacientemente los supuestos “perjuicios graves” que les ocasionaría la aplicación del protocolo. Por esta razón, y “no mediando razones de interés público que así lo ameriten, no corresponde hacer lugar al pedido”.
El protocolo establecido en marzo pasado busca atacar uno de los problemas más graves que afectan al ferrocarril: la ocupación de sus terrenos. El fenómeno, que es de larga data, se ha agudizado en los últimos años, llegando a comprometer la operatividad de numerosos servicios de pasajeros y de cargas.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la intrusión de terrenos ferroviarios ha llevado a la cancelación de los servicios del ramal Puente Alsina – Aldo Bonzi de la línea Belgrano Sur, suspendido desde hace cinco años, y de los servicios cargueros a la estación Sola, en agosto del año pasado.
Situaciones similares, luego revertidas, se dieron en el ramal Temperley – Haedo de la línea Roca –interrumpido durante un año y medio, entre 2019 y 2021– y en los talleres ferroviarios de Victoria (línea Mitre).
De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, hasta un 5% de los barrios precarios de todo el país están asentados sobre vías del ferrocarril o a menos de 10 metros de ellas.
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