Cuando todo parecía encaminarse hacia los procesamientos de los involucrados en el entramado de facturas truchas y presunto lavado de activos que desde Bahía Blanca benefició a Lázaro Báez por cientos de millones de pesos, la pesquisa que lleva ya cinco años afrontará un nuevo y prolongado retraso, tras la irrupción en el expediente de un abogado: el ayudante de cátedra del presidente electo, Alberto Fernández.
El fiscal federal Antonio Castaño pidió una nueva batería de medidas de pruebas, entre ellas, un peritaje contable que deberán desarrollar profesionales de la Corte Suprema, además de más oficios a los registros de la propiedad y consultas a la Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP), lo que llevará las definiciones procesales de los acusados hasta bien entrado 2020.
Castaño solicitó esas medidas de prueba luego de que el juez federal Walter López da Silva le corriera traslado del escrito que presentó Adrián Martín Rois, el nuevo abogado defensor del dueño de Crediba, la poderosa financiera local involucrada en la operatoria bajo sospecha.
¿Quién es Rois? Un penalista de Buenos Aires, donde se desempeña como profesor de la cátedra sobre Teoría del Delito, que lidera el presidente electo, Alberto Fernández, en la Facultad de Derecho de la UBA, al que Sergio Massa nombró en 2016 como su asesor en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior del Congreso. Rois se presentó en Bahía Blanca semanas después del contundente triunfo de Alberto Fernández en las PASO de agosto, cuando superó a Mauricio Macri por más de quince porcentuales, campaña presidencial en la que Rois afirmó que trabaja.
En Bahía Blanca, Rois se reunió con varios protagonistas de la operatoria y con el secretario del juzgado federal, y asumió la defensa de uno de los acusados, el dueño de la financiera Crediba, Néstor Piñeiro, según reconstruyó LA NACION.
Durante las reuniones que mantuvo en Bahía Blanca, el letrado consideró que la acusación contra su cliente era “absolutamente aberrante”, estimó que la pesquisa podría revertirse en menos de seis meses y pidió su sobreseimiento inmediato con un escrito de 64 páginas. Con el escrito de Rois en sus manos, el juez López da Silva no definió la situación procesal del dueño de Crediba y los restantes acusados, a los que indagó hace más de un año, sino que corrió traslado al fiscal Castaño, quien pidió más medidas de prueba. Ante la consulta de LA NACION, Rois caracterizó la tramitación del expediente como un “procedimiento ilegal”, ya que se vulneró “el plazo legal de diez días para definir la situación procesal” de su cliente, como así también porque no correspondía consultarle al fiscal, sino que el juez debió tomar una decisión inmediata.
Rois también negó haber incurrido en un supuesto tráfico de influencias, dada su vinculación con Alberto Fernández, con quien se muestra en las redes sociales y al que definió como “amigo” en entrevistas radiales. “Mi trabajo se limita a una defensa técnica de un hombre de bien, de una persona honesta, apoyado en documentación respaldatoria. Pero jamás he dicho ni he hecho nada impropio durante el desarrollo de mi trabajo, lo que configuraría un delito”, remarcó. En el entorno de Alberto Fernández, en tanto, admitieron que Rois es miembro de su cátedra en la UBA, pero aclararon que no integra su equipo de campaña, ni tampoco colabora con quien suena como futura ministra de Justicia, Marcela Losardo.
El juez López da Silva deberá evaluar ahora si ordena las medidas de prueba requeridas por el fiscal Castaño en el expediente donde se investiga lo que podría configurar el llamado “delito precedente” para la operatoria de presunto lavado de activos de Báez.
La pesquisa, que comenzó en 2014, se centra en la supuesta asociación ilícita tributaria que un grupo de empresarios desarrolló en Bahía Blanca con movimientos contables por más de $600 millones en directa vinculación con la causa Vialidad, en la que desde los tribunales federales de Comodoro Py se investiga si Austral Construcciones y otras empresas de los Báez fueron beneficiados de manera irregular con contratos de obra pública.
Esa supuesta asociación ilícita habría incluido a dos empresarios de Bahía Blanca, Silvio Luis Ficcadenti y José Antonio Ferreyra, y al contador Rogelio Chanquía como supuestos organizadores, y a uno de los hijos de Báez, Martín, y a miembros de las familias Ficcadenit, Ferreyra y Pedraza como miembros.
Durante estos cinco años, la investigación arrastró todo tipo de traspiés, como el desplazamiento del primer juez subrogante que impulsó la pesquisa, Santiago Ulpiano Martínez, y del primer secretario instructor, Mario Fernández Moreno. En su reemplazo apareció el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien paralizó la instrucción durante más de seis meses de 2015, según reveló entonces LA NACION, hasta que también él debió dejar el expediente en manos de otros magistrados subrogantes que sí avanzaron con varias medidas.
A estas dificultades se sumaron otras. Entre ellas, que el expediente también pasó por las manos de los fiscales Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, quienes con el paso del tiempo quedaron bajo la lupa judicial. A principios de este mes, Cantaro quedó procesado, acusado de proteger a una banda de narcos en Bahía Blanca, y afrontará una nueva indagatoria en otro expediente en el que se investiga el tráfico de estupefacientes.
Por: Hugo Alconada Mon/La Nación