La empresa Vicentin, cuya estatización anunció esta semana Alberto Fernández, fue una de las principales financista de las campañas electorales de Mauricio Macri desde 2015, cuando el entonces líder opositor soñaba con ser presidente, hasta su intento de reelección de 2019. La compañía alimenticia donó, a través de distintas firmas que forman parte de su holding , un total de $27,5 millones a Cambiemos, según consta en los informes de financiamiento electoral y partidario que se entregan ante la Cámara Nacional Electoral.
El financiamiento de Vicentin comenzó oficialmente en 2015 a través de aportes al partido Pro Nacional, ya que en ese momento no estaban permitidas las donaciones de empresas para financiar campañas electorales, y se terminó de oficializar en 2019, cuando la compañía fue el principal aportante de Juntos por el Cambio en las PASO con $13,5 millones a la fórmula Macri-Pichetto.
No aparecen, en cambio, donaciones de Vicentin a la campaña del Frente de Todos durante las últimas elecciones.
Desde el entorno del expresidente destacan el apoyo de Vicentin desde el comienzo de la carrera política de Macri, incluso antes de 2015. El expresidente forjó una buena relación con Gustavo Nardelli, directivo de Vicentin, quien llegó a formar parte del equipo que impulsó la candidatura a gobernador de Miguel del Sel en Santa Fe y quien luego especuló con postularse él mismo como candidato. “Fueron unas de las primeras familias que apoyaron a Mauricio [Macri] desde que fundó Compromiso para el Cambio”, recuerda un histórico de su equipo.
Las donaciones de Vicentin a Pro crecieron en 2017, el año de las elecciones legislativas. Aportó $8 millones, repartidos entre Vicentin SAIC ($3 millones), Friar SA (2 millones) y Renova SA ($3 millones). Las donaciones de empresas como Vicentin dejaron bajo la lupa de la Justicia el balance del partido porque en ese momento estaban prohibidas las donaciones de personas jurídicas a la campaña electoral, pero Pro canalizaba las apoyos empresariales a través de su partido político. La Justicia todavía no aprobó todavía las cuentas de Pro tanto en 2015 como en 2017.
Friar SA, un frigorífico que forma parte de la compañía, recibió $11 millones del Ministerio de Trabajo, a cargo por entonces de Jorge Triaca como parte del programa Repro, una ayuda del Estado para empresas en crisis con problemas para pagar salarios, tal como informó el diario Tiempo Argentino. Desde el gobierno explicaron en ese momento que la empresa también había recibido este tipo de ayuda antes de 2015, durante el último tramo del kirchnerismo en la Casa Rosada.
El apoyo económico para la campaña electoral se hizo público a partir de 2019, cuando se legalizó la donación de empresas a campañas electorales. Vicentin fue el máximo financista de Juntos por el Cambio en las PASO, cuando todavía estaban intactas las posibilidades de reelección de Macri. La compañía desembolsó, en total, $13,5 millones a través de Algodonera Avellaneda SA, Oleaginosa San Lorenzo SA y Friar, todas con aportes iguales de $4,5 millones cada uno (el máximo permitido).
Investigación judicial
Como ya había ocurrido con los aportes canalizados a través del partido, otra vez las donaciones de Vicentin -como las de otras empresas del sector- quedaron bajo la lupa de la Justicia en esta última campaña. La Cámara Electoral dispuso que el máximo de aportes por empresa era de $4,5 millones para las PASO, un número que el grupo Vicentin superaría si se suman los desembolsos de todas las firmas de la compañía.
La última donación llegó para las últimas elecciones generales, cuando Friar volvió a aportar otros $5.5 millones para la campaña presidencial de Macri.
Los préstamos de Vicentin con el Banco Nación ya superaban los $10.000 millones antes de la campaña, pero se sumaron otros $5785 millones en noviembre, días antes de que el macrismo dejara la Casa Rosada tras el triunfo electoral de Alberto Fernández . Por la otorgación de los créditos, que suman un total de $18.000 millones, la Justicia investiga ahora a directivos de Vicentin y al extitular del Banco Nación Javier González Fraga, que fue imputado por el delito de negociaciones imcompatibles con la función pública.
La Nación