Tras el ataque de la gobernadora Vidal, el juez Eduardo De Lazzari detalló todos los casos a los que se había referido al denunciar irregularidades en la Justicia bonaerense.
Exceso de testigos de identidad reservada, arrepentidos, escuchas ilegales, espías, anónimos, presión de los medios y de los políticos. De todo eso habló la semana pasada el titular de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo De Lazzari, advirtiéndole a la Red de Jueces Penales de ese distrito que el sistema judicial de la Provincia de Buenos Aires corre el peligro de “contagiarse” de lo que está ocurriendo en la Justicia federal. La gobernadora María Eugenia Vidal salió el domingo a patotear a De Lazzari diciéndole que, si existen esas anomalías, tiene la obligación de denunciarlas. Ayer el magistrado de la Corte le contestó con toda precisión. El fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, que le vendía información a la banda de Marcelo D’Alessio, ya está denunciado y apartado. El apriete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a los jueces Luis Carzoglio y Gabriel Vitale ya está denunciado. Y hay un caso que tiene que ver con la línea de colectivos Expreso Lomas, en el que dos fiscales se lanzaron con una denuncia penal contra una jueza, pese a que el fallo de la magistrada fue confirmado por la Cámara. El caso está denunciado. Finalmente, el jury contra un fiscal, Oscar Acevedo, que habría creado un armado en una causa por homicidio, en combinación con abogados del imputado. Son evidencias de que la “contaminación” está avanzada y ante el señalamiento de esa situación que hizo De Lázzari, ayer recibió el respaldo de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, en la voz del juez de Casación Víctor Violini. Desde el oficialismo, la respuesta llegó a través de la Procuración bonaerense: el procurador Julio Conte Grand, que responde a la gobernadora, le pidió a la Justicia que investigue los dichos de De Lázzari.
Diagnóstico
Las palabras de De Lázzari provocaron un enorme impacto porque el diagnóstico fue lapidario y también porque se trata de un jurista muy prestigioso, con una carrera intachable e independiente. En los ámbitos judiciales bonaerenses el estruendo fue enorme porque desnudó una creciente presión de servicios de inteligencia, operaciones y aprietes, algo que resultó evidente en numerosos expedientes. Son muchos los jueces que sostienen que existe un concubinato entre el Poder Ejecutivo de La Plata, el Ministerio Público que conduce Julio Conte Grand, los servicios de inteligencia y la Casa Rosada.
Por eso, De Lázzari habló de “contagio” y de métodos que son de la Justicia federal nacional. Sus palabras exactas, delante de la Red de Jueces Penales, fueron las siguientes: “Estoy hablando de causas armadas artificialmente, estoy hablando de abusos de testigos de identidad reservada, de arrepentidos, de factores de presión que inducen, fomentados y fogoneados por ciertos medios de prensa, a dictar condenas mediáticas y que llevan a un panorama sinceramente deplorable, en donde influyentes de todo tipo, espías, traficantes de escuchas telefónicas, con ciertas complicidades de algunos magistrados y miembros del Ministerio Público, terminan por generar un panorama que es absolutamente preocupante”.
A nivel nacional, por supuesto hubo reacción del aparato judicial de Comodoro Py, a través del presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, quien instruye la causa de las fotocopias de los cuadernos junto a su colega, el rebelde Carlos Stornelli. Rívolo puso el grito en el cielo ante la descripción que hizo De Lazzari que, en esencia, es lo mismo que está surgiendo de la causa de Dolores: aprietes, escuchas, espionaje ilegal, coacción mediática, arrepentidos.
Gobernadora
El domingo, Vidal salió a la cancha contra De Lázzari negando la existencia del “contagio” del sistema judicial bonaerense. La gobernadora intentó poner al magistrado contra las cuerdas con el argumento de que, si percibe delitos, como los aprietes y las operaciones de inteligencia, debe denunciarlos. “Cuando uno es responsable de un poder y sabe que hay un delito -persecución o armado de causas son delitos- está obligado a denunciarlo. Si no, uno es cómplice y es un delito”, dijo. Y añadió: “Si el presidente de la Suprema Corte cree que hay causas armadas o persecuciones, está obligado a denunciarlo. Uno tiene que ser consecuente con lo que dice en la acción judicial”, acusó Vidal.
Pero durante la mañana de ayer lunes, el propio De Lázzari salió a responderle calificando los dichos de la gobernadora como “ligeros”, es decir poco fundamentados. La contestación a la gobernadora motivó un comunicado, que luego fue avalado por la Asociación de Magistrados que encabeza el juez Violini. Ya la semana pasada hubo un almuerzo de magistrados con De Lázzari, en La Plata, donde le manifestaron todo su apoyo.
Casos
Para no quedarse en la teoría, el presidente de la Corte bonaerense puso ejemplos claros de lo que está ocurriendo:
* En primero lugar, el caso Bidone. En la causa de Dolores, el fiscal de Mercedes apareció entregando informes sobre entradas y salidas del país e informes sobre llamadas telefónicas que luego fueron utilizados por Marcelo D’Alessio para extorsionar. Bidone, además, apareció vinculado con integrantes de los servicios de inteligencia, como Rolo Barreiro, y se lo involucra en varias operaciones de espionaje ilegal. De Lázzari recuerda que la Suprema Corte bonaerense, que él mismo encabeza, suspendió a Bidone, a diferencia de lo ocurrido a nivel nacional, donde el aparato judicial sigue sosteniendo al fiscal Stornelli, pese a que escapa a las convocatorias a indagatoria del juez Alejo Ramos Padilla. De Lázzari le dijo a la gobernadora que el caso está denunciado.
* El segundo caso mencionado por el titular de la Corte es el que tuvo como víctimas a los jueces Gabriel Vitale y Luis Carzoglio. Los aprietes vinieron del fiscal especial Sebastián Scalera, pero sobre todo hubo una intervención grotesca de la AFI que le escribió un fallo, primero a Vitale y luego a Carzoglio. A Vitale le exigían que detenga a Hugo y Pablo Moyano; en el caso de Carzoglio sólo a Pablo Moyano. La AFI reconoció que dos de sus jefes fueron a ver a Carzoglio, con la curiosidad de que uno de ellos era el encargado de finanzas, con lo que quedó la sospecha de que fueron a ofrecerle dinero. Carzoglio se negó y hoy está suspendido. En este expediente, el protagonismo es de un arrepentido, Pablo “Bebote” Alvarez, algo que hace que la causa se parezca mucho a las causas de Comodoro Py.
* De Lázzari también se habría referido a la ofensiva contra la jueza comercial Zulema Vila. La magistrada, de reconocido prestigio, interviene en la convocatoria de acreedores de una empresa de colectivos, Expreso Lomas, y siempre trató de preservar los 400 puestos de trabajo. Vila terminó desplazando a los directivos de la empresa, un fallo confirmado por la Cámara, y bastante después, en sintonía con la UTA, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Público, los directivos iniciaron una fuerte contraofensiva. Por impulso de los fiscales Scalera y Pablo Rossi, se acusó penalmente a Vila, a la que imputaron por asociación ilícita, fraude, estafa. En un hecho que no registra antecedentes, todos los jueces civiles de Lomas de Zamora se solidarizaron con Vila y consideraron el caso como de gravedad institucional. Todo está denunciado.
* Por último, De Lázzari mencionó el Tribunal de Enjuiciamiento que debe afrontar el fiscal Oscar Acevedo el 26 de agosto, imputado por el armado de causas en combinación con abogados. Se trató de un caso de homicidio en el que hubo una movida para desplazar al fiscal original y mejorar la situación del imputado. Como es obvio, también es un caso denunciado.
O sea que el presidente de la Corte bonaerense no salió a hablar en abstracto sino de ejemplos concretos y en ellos aparecen justamente los armados de causas, los arrepentidos, los testigos de identidad reservada, los aprietes de servicios de inteligencia, la presión mediática y la influencia del aparato político nacional y bonaerense. La gobernadora, en cambio, se puso del lado de la manipulación judicial.
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