El Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6 dio inicio este miércoles al juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados por el intento de magnicidio a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del 2022 en el barrio porteño de la Recoleta.
En medio de un fuerte operativo de seguridad, el debate comenzó pasadas las 10.30 en la sala AMIA de los Tribunales Federales de Comodoro Py y está a cargo de los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.
Poco antes, cuando se permitió el ingreso de fotógrafos y camarógrafos a la audiencia, Sabag Montiel, de jeans y campera roja, posó con un cuaderno que en una hoja decía “Me tienen secuestrado”.
Para comenzar, Namer dio las indicaciones de rutina a los acusados: que pueden pedir la palabra en cualquier momento del juicio o seguirlo desde la antesala del tribunal y que debían estar atentos a la lectura del requerimiento de elevación a juicio, que poco después inició el secretario del TOF 6.
La única novedad fue que la fiscal Gabriela Baigún informó que un grupo de tres auxiliares fiscales se sumarán a su equipo de trabajo para el debate.
Al dar comienzo a la audiencia, Sabag Montiel estaba acompañado de los defensores oficiales María Fernanda López Puleio y Nicolás Ossola, Uliarte del abogado particular Alejandro Cipolla y Carrizo de Gastón Marano, en tanto que también estaban presentes los representantes de la querella, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal.
La expresidenta no estuvo en la primera audiencia, pero Ubeira -en diálogo con la prensa antes del inicio- adelantó que “va a declarar seguramente después de la feria” judicial de invierno.
Sobre sus expectativas acerca del juicio oral, Ubeira comentó que intentaron que se hiciera lo más rápido posible porque los imputados “son personas jóvenes, sin antecedentes y están en un estado de detención riguroso porque no comparten población carcelaria”.
“Hay que decidir cuáles son la responsabilidades de ellos lo más rápido posible y de forma clara en un juicio oral”, sostuvo el letrado, quien destacó que “tenemos un juicio contra la persona que tuvo la responsabilidad que se vio en televisión, o sea, el atacante, y los que lo rodeaban pero todavía tenemos en una nebulosa que es lo qué lo motivó y quién lo financió”.
Tenemos un juicio contra el atacante y los que lo rodeaban pero todavía tenemos en una nebulosa que es lo qué lo motivó y quién lo financió”.
JUAN MANUEL UBEIRA.
“Por otro lado, lamentamos que la mitad de este proceso haya quedado abajo, que es la investigación de (Gerardo) Millman y las dos mujeres que lo acompañaban”, agregó en referencia a la sospecha de que el exdiputado conocía de antemano que el intento de magnicidio se iba a producir y se lo comentó a sus asesoras en un bar cercano al Congreso.
En este juicio se prevé que declaren unos 277 testigos, en función de los pedidos que realizaron las partes, por lo que se estima que se extenderá por varios meses.
El intento de magnicidio
El hecho ocurrió cuando la expresidenta volvía a su domicilio y los tres imputados están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”.
Los principales testigos son los policías de la custodia que estuvieron aquella noche; los militantes que presenciaron lo que pasó y persiguieron a Sabag Montiel; los peritos del arma que utilizó el joven en el ataque y los especialistas que se encargaron de extraer la información de los teléfonos de los acusados e hicieron los informes que constan en la causa.
Por ahora, las audiencias serán todos los miércoles, aunque no se descarta que una vez pasada la etapa de lectura de requerimientos e indagatorias, se sumen más días de la semana para tomar las declaraciones testimoniales.
Los argumentos del fiscal
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo le imputó a Sabag Montiel “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”.
“Dicha conducta tuvo lugar el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente frente al catastro 1409 de la calle Juncal, cuando la víctima se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos. Para ello, contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”, describió en el documento.
“Asimismo, se le imputa haber portado, en las condiciones y circunstancias antes descriptas, el arma de fuego antes mencionada sin contar con la debida autorización legal, la cual receptó previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura, a sabiendas de ello”, agregó.
Los acusados
En este proceso, el Tribunal 6 no analizará la implicación en el intento de asesinato que pudo haber tenido el grupo Revolución Federal, que desde las redes sociales arengaba ataques contra Cristina Fernández y funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández.
Los acusados supieron tener presencia en varias de las manifestaciones y escraches que protagonizó esta agrupación durante el 2022.
Caputo Hermanos, la empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, un millón de pesos para la fabricación de muebles, pese a que este sujeto había aprendido carpintería siguiendo tutoriales que se emitían por la plataforma Youtube.
La querella de la exmandataria aportó información en relación a los desembolsos que recibía el grupo, que montaba actividades violentas en las calles.
Estos pagos se cortaron a fines de agosto de 2022, horas antes del intento de magnicidio.
En una conversación registrada en su teléfono, Sabag Montiel describió cómo haría para matar a Cristina Fernández, y lo que contó coincide con la forma en la cual se desarrollaron los hechos.
Para Montiel, había que infiltrarse entre los manifestantes que por esos días se congregaban en respaldo a la expresidenta, quien había recibido un pedido de 12 años de prisión en el juicio de la causa “Vialidad”.
Proponía actuar ante el descuido y actuar, para que, de esta forma, la entonces titular del Senado pasara a la historia.
Varios de los integrantes de Revolución Federal se instalaron en los días previos al atentado en el departamento de arriba de Cristina Kirchner.
Desde allí sacaron fotos, observaron movimientos, en actividades que fueron facilitadas por una vecina que, sin conocerlos, los contrató para que le hicieran trabajos de mantenimiento y refacción en su vivienda.
Unos días después, se produjo el atentado contra la vicepresidenta y la convicción de la querella era que estas personas realizaban tareas de inteligencia con la finalidad de preparar el ataque.
Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti que tuvo a cargo la instrucción de esta causa no profundizó en las vinculaciones que los integrantes de Revolución Federal pudieron tener con el intento de asesinato, y envió la causa a juicio oral para que se analice las responsabilidades de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.
Otro de los aspectos del caso que no se profundizaron en la instrucción de Capuchetti fue el de la posible vinculación con el hecho que pudo haber tenido Milman.
Un asesor de otro legislador asegura haber escuchado a Milman mantener una conversación con otras dos asesoras en una confitería cercana al Congreso, en la cual el legislador soltó una intrigante frase: “Cuando la maten, voy a estar en la costa”.
El teléfono de Milman y los de sus asesoras fueron borrados en oficinas de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Milman incluso le entregó a la jueza Capuchetti un teléfono que ni siquiera se vendía en la Argentina cuando ocurrió el ataque.
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