INDH reporta 2.410 detenidos y 210 heridos por armas de fuego durante ola de manifestaciones
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregó la noche de este miércoles por la noche el último catastro de detenidos y heridos durante la ola de manifestaciones que se intensificaron hace una semana.
Funcionarios del organismo público y autónomo han recorrido hospitales, comisarías y manifestaciones para recopilar los antecedentes con los que elaboran el informe que se actualiza a diario.
En concreto, la institución indicó que desde el 17 de octubre a la fecha han sido detenidas 2.410 personas, mientras que 535 han resultado heridas.
De esas 535, indicó el INDH, 210 corresponden a heridas por armas de fuego de agentes del Estado.
El detalle del recuento indica que, del total de detenciones, 898 fueron realizadas en la región Metropolitana. Por su parte, las otras 1.512 se concretaron en el resto del país.
En tanto, el organismo constató que del total nacional, 274 de los detenidos fueron menores de edad y un 18% corresponde a mujeres.
Con estos antecedentes y según correspondió en cada caso, el INDH ha presentado 55 acciones legales ante la justicia buscando que se investiguen distintos ilícitos.
Se trata así de 10 recursos de amparo, 5 querellas por homicidios, 8 querellas por violencia sexual y otras 32 por otros delitos.
CIDH rechaza “toda forma de violencia” en manifestaciones sociales en Chile
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entregó su posición respecto a las manifestaciones sociales que se han producido en el país desde hace seis días. A través de un comunicado, manifestaron que el organismo “expresa su condena tanto al uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad como a los actos violentos cometidos por civiles“.
También, señalaron que la comisión “rechaza de manera enfática la escalada de la violencia que ha resultado en al menos 18 personas fallecidas, decenas de personas heridas, periodistas agredidos, y más de mil personas detenidas. La Comisión urge al Estado chileno y a todas las partes involucradas a entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, en el marco democrático del Estado de Derecho”.
(De Nodal)
