La economía de Javier Milei quedó un poco más asentada con números macro alineados con las expectativas más gruesas de los analistas y con inversores que por ahora se conforman con el horizonte de la gestión más que con los resultados. Pero el abrupto final de la ley ómnibus abrió una etapa de reseteo político, cuyo inicio está a la vista y su final, como casi todo hoy, es una incógnita. La popular frase «estamos mal, pero vamos bien» logró un nuevo período de vigencia, pero no quedó ahí: potenció también los desafíos que tiene el elenco gubernamental, porque nadie espera que el bienestar llegue como resultado de un plan de estabilización, ya que nadie vislumbra aún su existencia. Como repetía en sus campañas el exgobernador bonaerense y actual secretario de Turismo, Daniel Scioli, la bonanza futura está más asociada a la fe y al optimismo que a la pericia en el diseño y aplicación de políticas públicas. Menos los dirigentes que actuaron en la gestión de Mauricio Macri (como Patricia Bullrich y Luis Caputo) y algunos hombres del peronismo no K como Guillermo Francos, el resto del equipo es debutante, y por lo tanto, desconoce el funcionamiento de la botonera del Estado, el mismo Estado que pretenden dar vuelta como una media. Eso implica que problemas viejos aparezcan como nuevos, cuando en realidad no lo son. Simplemente estaban ahí, en los entresijos de un sector público elefantiásico, que en casa oficina esconde un «cadáver» (un gasto no justificado, un sobreprecio, un negocio de algún sector de la política). Milei está descubriendo que la herencia de la casta es mucho más espesa de lo que podía imaginar. Veamos las señales de la semana;
Consignar el 20,6% de inflación de enero como una buena noticia es algo que solo puede suceder en este país. Sergio Massa seguramente se las hubiera ingeniado para que la cifra fuera menor a 20%, pero en la era Milei los números rojos no se ocultan. Por el contrario, se muestran y incluso se agrandan, para poder remarcar con beneplácito que los precios iban camino a una híper y que la variación conseguida es un valor positivo. Lo que hay que observar es la tendencia, desde ya, que promete seguir siendo descendente. Febrero será algo menor y hay dudas de que marzo muestre un descenso más pronunciado, porque está agazapada la actualización de las cuotas de los colegios privados, un rubro que tiene mucho atraso y que siempre queda ligado a la resolución de la paritaria docente.
Los precios regulados están altos, y los estacionales, en baja. Eso significa que hay menos presión alcista del lado de los alimentos, un factor que ayudará a morigerar la actualización de la canasta familiar y la canasta básica, los promedios que miden la pobreza y la indigencia.
Lo que nadie deja de preguntarse, es en qué momento el bolsillo le restará paciencia a la sociedad. Los gestos de apoyo público que recibe Milei (como sucedió en sus viajes a Israel y Roma) por ahora estiran esa cuerda.
El ministro del Interior asistirá la semana que viene a la celebración de un nuevo aniversario de la batalla de Salta, ocurrida en febrero de 1813. Se reunirá con varios gobernadores de la región (además del local Gustavo Sáenz) y con ellos buscará mostrar que más allá de las críticas presidenciales y las diferencias legislativas, el diálogo no está roto.
Es que se viene una nueva etapa de negociación, ya que varios puntos de la Ley Bases volverán al Congreso para su tratamiento en sesiones ordinarias.
La mayor expectativa pasa por la adopción de otras medidas a través de un DNU, menos intensos que el 70/23 pero seguramente controversiales. En la mira están la desregulación de las obras sociales y el fin de varios fondos fiduciarios.
Como señalamos en la introducción, lo que se viene hasta fin de mes es un tiempo político. El oficialismo enfrió un poco las expectativas, para no subir tanto el precio del diálogo que deberán mantener Milei con Mauricio Macri. Ya no se habla de cogobierno, sino de una colaboración más orgánica, en particular en el universo legislativo. A la luz de los resultados obtenidos hasta ahora, cualquier avance promete ser un paso adelante, ya sea con la chance de sumar algún funcionario que pueda ser anotado en el lote de los experimentados (se habla de Guillermo Dietrich para Infraestructura) o algún acuerdo que mejore el funcionamiento político del Congreso. Los dos negociadores del PRO con chance de crecer son Cristian Ritondo y Diego Santilli. Todo está por discutir.
El terreno financiero es otro de los que está dando buenas señales. El BCRA logró poner en marcha la segunda serie del Bopreal con una exitosa licitación de u$s 1100 millones. Significa que muchas empresas e inversores están apreciando más la herramienta, que puede ser vendida en el mercado secundario a un valor similar al CCL o puede ser aplicada más adelante en el pago de impuestos. Para el que compre el bono en esta instancia, podría tener como beneficio una suerte de quita en las obligaciones con la AFIP, ya que el Bopreal será tomado a su valor nominal. El Central consigue disminuir una deuda que presiona a futuro sobre su nivel de reservas, a cambio de entregar solo la porción de intereses, ya que sabe que es casi improbable que estos bonos sobrevivan hasta su vencimiento (antes irán a parar a manos del Fisco).
La Secretaría de Finanzas enfrentó ayer un vencimiento de deuda de $ 1,9 billones y consiguió más del doble, concentrada en instrumentos que llegan a 2026 y 2027. Por eso prometió que el excedente será utilizado para recomprar el bono AL35 en cartera del BCRA por aproximadamente el 30% de la base monetaria. Está claro que los mejores resultados en esta área responden al expertise del equipo económico en el universo financiero.
La frutilla del postre fue otro anuncio tardío: Economía dio el número preciso del superávit financiero de enero, el primero que se consigue desde 2012: fueron $ 518.000 millones. Nada mal para un ministro que quiere que la inflación esté más ligada al ancla fiscal que a la evolución del tipo de cambio.
El deseo oficial de recomponer el funcionamiento de los fondos fiduciarios choca con una realidad que podría haber sido advertida mucho antes de que se cayera el artículo que le daba facultades al Poder Ejecutivo para reorientar sus recursos.
Como se ha señalado en varias crónicas esta semana, los fondos rescatan una figura legal valiosa, que es el fideicomiso. Nacieron con ese formato, para evitar que la voracidad del Tesoro desviara sus recursos a rentas generales. ¿Pueden desarmarse fácilmente? Muy pocos, porque tienen una llave difícil de romper: su funcionamiento está atado a un recurso específico, y si no se cambia la ley que le dio ese destino, el fondo fiduciario puede desaparecer, pero el dinero que genera seguirá atado a su propósito original.
Veamos un caso: el Fondo Fiduciario para la Infraestructura del Transporte. Su sentido fue subsidiar a las empresas de transporte público y a las concesionarias viales, para que no aumenten el valor de los peajes, y a la vez para que financie obras de infraestructura ferroviaria. Se compone de una tasa fija sobre el precio de venta del gasoil. Años más tarde, se le agregó como objetivo la mejora del transporte automotor de cargas (un punto de interés para el sindicato que comandan Hugo y Pablo Moyano, desde ya).
Martín Guzmán intentó desabroquelar esta estructura y chocó con las resistencias de la política. Era un objetivo demasiado complicado como para meterlo dentro de los pliegues de la ley ómnibus. Su debate y reformulación sin duda son necesarios, pero el Gobierno sobreestimó a sus rivales, y el resultado no sorprendió: por ahora los FF viven.
Con el proceso de compras de alimentos para comedores y destinatarios de la ayuda social pasó algo similar, un traspié que se repite en todas las administraciones.
Los procesos de adquisición están cartelizados, probablemente, porque son muy pocos los que quieren ser proveedores del Estado. Desarrollo Social no compra aceite al mismo precio que cualquier consumidor en el supermercado, porque necesita más de 2 millones de litros colocados en determinados lugares. Y a cambio, ofrece la certeza de que pagará por lo menos dentro de 180 días. Esas condiciones dejan fuera de carrera a muchos competidores, y desde ya a las pymes, que no pueden absorber capital para fabricar los bienes que pide el Estado y cobrar a tan largo plazo. Solo empresas grandes o proveedores que tienen un esquema financiero ya armado se pueden meter en este terreno. Las auditorías sin duda mostrarán poca transparencia, al igual de lo que sucede con los fondos fiduciarios. Pero hay acciones del Estado que no se pueden desconectar sin esperar consecuencias. El desafío es resolverlos sobre la marcha.
A Javier Milei no le preocupa ser un polemista. Ese fue el factor que forjó su carrera profesional y política. Pero debe saber que un Presidente tiene que elegir mejor sus blancos. Lali Espósito aludió a él en un recital, y la respuesta presidencial todavía sigue rebotando a los dos lados de la grieta. La joven artista no tenía por qué haber advertido que no hay políticos asumiendo la actitud que tuvo ella, de salir a exponer su incomodidad con algunas políticas oficiales. Las críticas «profesionales» fueron pocas, y provinieron casi todas del lado de los gobernadores, convertidos en enemigos por querer negociar la ley ómnibus más de lo tolerado por el Gobierno.
Milei siempre prefiere verse en el espejo de Donald Trump o de Jair Bolsonaro (aunque ambos estén comprometidos judicialmente por cometer acciones a contramano del sistema democrático). Percibe que esa libertad de decir sin filtro lo que piensa, forja su carácter y ratifica la adhesión de sus seguidores. Pero hay un momento en que todos los presidentes -en especial el libertario- deberían advertir que no gobiernan para los que le ponen un «like» a sus posteos. Elevar el nivel del debate político puede es buena meta, deseable para cualquier gobierno, más allá de su signo político.
El Cronista
