Mientras se desarrolla el debate en comisión, La Libertad Avanza discute cambios al proyecto. Las exigencias que pretenden imponer la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal. Esta semana saldría el dictamen.

Rodrigo de Loredo, mate en mano, se arrima a una de las mesas donde se amontonan sus compañeros de bancada, da un discurso y después se va. A unos metros, Miguel Ángel Pichetto entra por primera vez al plenario de comisiones que está tratando la Ley Ómnibus y se saluda con todo el mundo: kirchneristas y macristas, radicales y libertarios. Se demorará solo unos minutos en la puerta de entrada y, después, también se irá. Más tarde aparece Emilio Monzó subiendo por las escaleras que llevan a la sala, le comenta algo a sus socios cordobeses, se queda mirando y se va. Mientras tanto, misioneros y salteños discuten y bromean, en una esquina, sin prestar atención a lo que dicen los funcionarios nacionales. Afuera en el patio, dirigentes de la UCR y la Coalición Cívica se fuman un cigarrillo. Un funcionario de La Libertad Avanza que se acercó, brevemente, a controlar cómo se desarrolla el debate los mirará a todos y dirá: «Todos sabemos que lo que pasa en la comisión es circo y que las negociaciones se están dando en otro lado. Porque la realidad es que no tenemos el número y vamos a tener que negociar».

La oposición amigable del gobierno de Javier Milei tuvo una semana intensa, y no solo por las maratónicas reuniones de comisión que arrancaban a las 9 de la mañana y se extendían hasta las 2 de la madrugada. Y es que mientras Patricia Bullrich o Guillermo Francos exponían, la mayoría de los máximos referentes de la UCR, el PRO y Hacemos Coalición Federal se reunían en diversos despachos del Congreso para terminar de acordar los cambios que le presentarán a Javier Milei a cambio de sus votos. Fueron días de «armonizar semáforos», como lo denomina un dirigente radical, con el objetivo de establecer un «mínimo común denominador» entre todos los ex integrantes de Juntos por el Cambio que garantice llegar al día de la sesión con 130 votos afirmativos.

Queda poco tiempo. Martín Menem convocó a una última reunión informativa para el lunes para escuchar a las organizaciones sociales y empresarias que se ven afectadas por el mega proyecto y eso será todo. No darán explicaciones ni Luis Caputo ni Federico Sturzenegger. El martes o miércoles se dictaminará y, si dan los tiempos, la semana siguiente La Libertad Avanza llevará la discusión al recinto. El objetivo de la oposición amigable es tener, para entonces, un borrador final – limpio y desmalezado de los puntos más cuestionados – para imponerle al oficialismo. 

Rojo, amarillo y verde

El semáforo con el que empezó a trabajar el radicalismo consiste, hoy, en un borrador de más de 200 páginas – con una carátula con el dibujo de un semáforo – en el que se precisa todos los artículos de la ley que considera que hay que aceptar, modificar o rechazar. Las objeciones base – es decir, los «rojos» innegociables – son cinco. 

La primera es la delegación de facultades por dos años (y la posibilidad de prorrogarlas por dos años más). No hay sector de la oposición que esté de acuerdo en este punto, ni siquiera el PRO, por lo que ya Eduardo Chirillo – secretario de Energía y uno de los redactores del mega proyecto – admitió, el martes, que podrían reducirlo a un año con la posibilidad de prorrogarlo otro más (la discusión será respecto a si la prórroga puede quedar en manos del Ejecutivo o si tiene que pasar nuevamente por el Congreso). 

La segunda es la suspensión de la movilidad jubilatoria. Este planteo lo comparten también en Hacemos Coalición Federal (HCF): una bancada que tejió Emilio Monzó con la Coalición Cívica, Pichetto, el cordobesismo y el socialismo santafesino para tener mayor poder de fuego en las negociaciones. El objetivo final de ambos bloques es presentar una mismo borrador final y erguirse, así, como el actor que definirá el futuro de la ley (ya que el PRO está virtualmente alineado con LLA y Unión por la Patria y la izquierda fueron desplazadas de las negociaciones). Y, en lo que respecta a las jubilaciones, ambos sectores están analizando plantear una fórmula alternativa (atada a la inflación) que reemplace a la de Alberto Fernández. Ahí los cordobeses tienen un diálogo directo con el titular de la Anses, Osvaldo Giordano, quien no solo fue ministro de Finanzas de Juan Schiaretti, sino que está casado con Alejandra Torres, una de las diputadas de HCF. 

La tercera son la suba de las retenciones a las economías regionales. En «amarillo» por un tiempo, dado que este punto – como las jubilaciones – integra el capítulo fiscal del paquete de Milei y, por lo tanto, es uno de los artículos que el presidente indició que era «no negociable», el incremento de las retenciones se terminó volviendo un «rojo». Las presiones de algunos sectores productivos – como el vitivinícola – terminaron minando la voluntad de los representantes de las provincias del Norte o Cuyo. Y no solo de la oposición: son varios los diputados de LLA que se muestran reacios a acompañar este capítulo de la ley.

La cuarta es la reforma electoral. Milei no tiene aliados en este punto: todos los partidos de la oposición – incluso algunos diputados propios – le pidieron al Ejecutivo que pateara la discusión de la suspensión de las PASO y el reemplazo del sistema proporcional por uno de circunscripciones electorales para después de marzo. El mismo Francos terminó su exposición en el plenario de comisiones convencido de que no tendrían el número para aprobar la reforma. La duda, sin embargo, es si LLA decidirá incluir, de todos modos, el capítulo en el dictamen y se arriesgará a que se lo rechacen en la votación en particular.

La quinta son las privatizaciones. Este punto, para algunos sectores, está en «amarillo», ya que la objeción es a que se discuta la privatización de las 41 empresas públicas como un solo paquete. La mayoría tiene al Banco Nación en YPF en «rojo», mientras que el resto de las empresas están en «amarillo» o «verde» (como el caso de Aerolíneas Argentinas).

El resto son pedidos de modificaciones que fueron siendo negociadas con los gobernadores o los propios sectores empresarios, y que el Ejecutivo ya anticipó que eran «errores» que serían corregidos en el texto final. Este era el caso del nuevo corte de los biocombustibles, la habilitación a la Nación a otorgar concesiones de hidrocarburos o la eliminación de la reforma del Régimen Federal Pesquero. 

Hay, además, otros capítulos de la ley vinculados a la Educación y la Cultura – como la eliminación del Fondo Nacional de las Artes – que sectores de la oposición plantean directamente eliminar. «Si lo que quieren priorizar es el paquete fiscal, discutamos eso y dejemos lo otro para ordinarias», insisten desde HCF. 

Una mesa para la oposición

El borrador de la oposición está casi listo, pero hay un problema: no existe una mesa de negociación para formalizar los cambios. Los diputados suelen conversar, informalmente, con Francos, Martín y Lule Menem u Omar de Marchi, pero ninguno le ofrece garantías. La queja, después de varias semanas, sigue siendo la misma: no hay interlocución con LLA. «Ellos prefieren hacernos concesiones unilaterales desde los medios de comunicación, pero nunca admitiendo que surgen de nuestros planteos. No quieren demostrar que están cediendo», se quejan en el radicalismo. 

Milei no miente cuando dice que el número para aprobar la ley está. Pero el presidente es su propio enemigo y, a medida que dilata sentarse a negociar formalmente con la oposición, la posibilidad de tener su ley sancionada también se dilata.

Página/12