En tándem con Maqueda, el nuevo titular de la Corte impuso mayorías en fallos tributarios clave y perdió batallas en tierra laboralista. Las causas que vienen.
Una vez que la Corte Suprema digiera el movimiento de tres que llevó a Horacio Rosatti a la presidencia, a Carlos Rosenkrantz a la vicepresidencia y a Ricardo Lorenzetti a evitar conectarse al Zoom de votación para dejar expuesto su desencanto, el tribunal debería volver a su trajín habitual de consensos que se construyen fallo a fallo. En algunos casos claves para las empresas, Lorenzetti solía plegarse a Rosatti y a Juan Carlos Maqueda. No así en materia laboral, en la que la posición «pro-obrera» del binomio peronista quedó habitualmente en minoría. Y si las empresas miran qué va a pasar con sus impuestos y cargas laborales, el Estado nacional presta atención a las montañas de expedientes sobre jubilaciones, salarios de fuerzas de seguridad y coparticipación.
El primer fallo de relieve que llevó la impronta de Rosatti fue el que revirtió el aumento de tarifas de los albores del macrismo y, dándole la razón a la ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), obligó aMauricio Macri y a Juan José Aranguren a llamar a audiencias públicas. Fue el inicio del fin del reinado de Lorenzetti, que hasta ese momento se las ingeniaba para muñequear mayorías y erigirse como único interlocutor de la Corte con el resto del poder político y empresario.
A esa causa siguieron otras que provocaron dolores de cabeza al Poder Ejecutivo: fallos vinculados con jubilaciones (el índice que se utiliza para calcular el haber inicial, conocido como fallo Blanco y la inconstitucionalidad de que paguen impuesto a las Ganancias en algunos casos) y a los haberes de las Fuerzas Armadas y de seguridad, que cobraban parte de sus salarios en negro y cuyos reclamos comenzaron a llegar en cascada a tribunales.
Todo indica que esas jaquecas continuarán: la Corte tiene que definir una causa sobre el índice de movilidad que votó el Congreso durante la presidencia de Macri (con un cambio de fórmula que les comió un trimestre de actualización a las jubilaciones) y, en algún momento, deberá hacer lo propio con las actualizaciones por decreto de Alberto Fernández de 2020, ya discutidas por fallos de Cámara. La Nación también tendrá que atravesar fallos sobre coparticipación. Santa Fe tiene una causa a su favor que viene desde tiempos de Macri y por la que debería cobrar unos $25.000 millones, en sintonía con una sentencia que benefició a San Luis hace unos años. La causa por los puntos de coparticipación que le quitaron a la Ciudad de Buenos Aires hace un año tiene un trámite más lento.
Las empresas deberán tomar nota de los fallos en los que Rosatti se apoyó en el federalismo para defender decisiones de provincias y municipios discutidas por el mundo corporativo. La más relevante de ellas se conoció el 2 de septiembre último, cuando el tribunal dejó en firme un fallo de la Suprema Corte bonaerense a favor de Quilmes, contra Esso (Axion), por tasas municipales. La causa tuvo tanta repercusión que una audiencia pública previa a la sentencia, a mediados de 2019, congregó a municipios de distinto signo político y a varias cámaras empresarias. El voto de Rosatti y Maqueda delineó pautas para que los municipios creen una tasa, como la definición «clara y precisa del hecho imponible» y «la adecuada y precisa cuantificación del tributo». También advirtieron que el límite para la carga impositiva estaría determinado por la provocación de «resultados irrazonables, desproporcionados y disociados de las prestaciones directas e indirectas que afronta el municipio para organizar y poner a disposición el servicio». Ese mismo día, Rosatti, Maqueda y Lorenzetti fallaron a favor de la AFIP por una determinación del impuesto a las Ganancias que debía pagar Molinos Río de la Plata por sus firmas radicadas en Chile y Uruguay.
El resultado del fallo Esso provocó que las compañías recalculen la manera en que atacarán judicialmente los cargos que crean los municipios. Hay una «tasa Covid» que Pilar cargó sobre grandes compañías en el horizonte. Un antecedente inmediato fue el fallo a favor del municipio de Arroyito por una ordenanza que impide a los supermercados abrir los domingos. Allí, Maqueda y Rosatti defendieron la autonomía de la intendencia. Lorenzetti se sumó con un voto propio (¿un anticipo de lo que viene?) al 3 a 2 contra Elena Highton y Rosenkrantz.
Una pelea que recién comienza y que tendrá a la Corte como protagonista es por el DNU 690 del año pasado, que convirtió a las telecomunicaciones en servicio público y obliga a las empresas a aplicar aumentos regulados. Distintas cautelares pusieron en un limbo al DNU que debería regir para Telecom, Telefónica, Claro, Telecentro y otras compañías grandes y pequeñas. Hace poco más de un mes, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) tocó el timbre de los supremos con un recurso. Se descuenta que la Corte también deberá intervenir, más tarde que temprano, sobre el aporte solidario a las grandes fortunas.
En materia laboral, Rosatti y Maqueda se encuentran en minoría. Perdieron en causas en las que se inclinaron por hacer primar los derechos laborales, aunque un reciente fallo de cuatro votos (Rosatti no participó) pareció marcar el panorama que viene. En el fallo Pogonza, los tres magistrados y la jueza restantes validaron el esquema de comisiones médicas de la ley de Accidentes de Riesgo de Trabajo, discutido por abogados y abogadas laboralistas. Una entrevista que el presidente de la Corte dio a Diego Genoud en el libro El peronismo de Cristina se convirtió, irónicamente, en un anticipo de lo que puede venir si proliferan los proyectos de la oposición para eliminar las indemnizaciones por despido. «El artículo 14 bis está en la Constitución desde 1957, no se inventó ahora», dijo Rosatti. Entre otras cosas, garantiza al trabajador «protección contra el despido arbitrario».
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