Habían sido presentadas en 2017 por el abogado de Cristina Kirchner y por Oscar Parrilli
La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura postergó hoy la desestimación de dos denuncias contra el juez federal Claudio Bonadio, que buscaba aprobar el oficialismo en ese organismo. Su tratamiento pasó para una próxima reunión del cuerpo, que podría tener lugar en dos semanas.
Habían sido presentadas en 2017 por dos de los hombres que le cuidan las espaldas a Cristina Kirchner: Carlos Alberto Beraldi, abogado de la ex presidenta y del contador de la ex familia presidencial, Víctor Manzanares, y por Oscar Parrilli, ex secretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo. Ambos habían pedido el enjuiciamiento y destitución del magistrado por mal desempeño.
La desestimación de las dos denuncias contra el juez más cuestionado por el kirchnerismo es impulsada por el consejero del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Bautista Mahiques, quien actuó como instructor de la investigación.
Su postergación fue pedida por el consejero académico Diego Molea –que según el tema, suele ser crítico de posiciones del oficialismo en el Consejo- y fue aprobada por el resto de los integrantes de la Comisión, como es usual en casos de un primer pedido de postergar el tratamiento.
«Ninguno de los dos expedientes tuvo casi movimientos y ahora se apuran a proponer su desestimación«, expresaron fuentes ligadas a los consejeros no alienados con el Gobierno. En diálogo con Infobae, admitieron que «la decisión de postergar el rechazo a las denuncias es política» y que la intención es «esperar hasta que se defina el panorama después de las elecciones«.
«El Gobierno busca aprobar, en lo que le queda de mandato, la mayor cantidad de expedientes posibles que le interesan, ante un futuro cambio de mayorías«, advirtió otro consejero opositor con experiencia en el organismo que designa y remueve jueces..
En ese «apuro» –analizó- se inscribe «la protección que hoy buscó garantizarle el Gobierno a Bonadio, el magistrado a cargo de la causa de los cuadernos», que reveló una práctica institucionalizada durante el kirchnerismo de cobro de coimas a empresarios a cambio de contratos con el Estado.
Los argumentos de las denuncias
El defensor de la ex mandataria lo denunció a Bonadio por su actuación en la causa conocida como «Los Sauces», en la que el magistrado procesó a Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. Lo hizo al acusarla de simular alquileres de propiedades de la familia Kirchner para encubrir retornos de parte de empresarios contratistas del Estado.
Beraldi advirtió que el magistrado «removió a quien se desempeñaba como administrador de la sucesión del doctor Néstor Carlos Kirchner y, atribuyéndose facultades exclusivas de un juez con competencia civil, designó un interventor judicial para administrar los bienes del acervo hereditario, pese a que éstos no tendrían vinculación con el objeto procesal de la referida causa penal«.
El abogado de la ex presidenta también objetó que los interventores de la inmobiliaria Los Sauces S.A y de la sucesión de Néstor Kirchner «habrían cometido faltas gravísimas que ameritaban su apartamiento, sin embargo las mismas fueron consentidas y avaladas por el doctor Bonadio, dejando al descubierto que el verdadero propósito de las medidas ordenadas habría sido causar perjuicios a la familia Kirchner«.
Beraldi cuestionó asimismo al juez porque ordenó detener en abril de 2017 a Manzanares, «ignorando por completo la pormenorizada explicación dada por el imputado» e «invocando una supuesta maniobra dirigida a obstruir la labor de la justicia y entorpecer la investigación en curso«.
En opinión de Beraldi -designado en ese momento por el histórico contador de los Kirchner como su defensor-, su detención en Santa Cruz «estuvo dirigida a producir un alto impacto en la opinión pública«. En ese sentido cuestionó que, pese a «la urgencia con la que se dispuso», su traslado a la ciudad de Buenos Aires se produjo varios días después.
Beraldi también consignó que denunció a Bonadio en la Justicia penal por su actuación en este expediente, causa que recayó en el Juzgado Federal Nº5, subrogado en ese momento por Marcelo Martínez De Giorgi. Sin embargo, este magistrado desestimó la denuncia ya que se trataba de «cuestiones netamente procesales» que debían en todo caso ser planteadas en la causa original para su revisión por instancias superiores. Esa decisión fue luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
El letrado también cuestionó el accionar del juez en la llamada causa «Dólar futuro», en la que la ex mandataria fue procesada por defraudación a la administración pública. Beraldi consideró que en ambos expedientes el juez «habría adoptado medidas abusivas y arbitrarias en relación con el patrimonio de la familia Kirchner».
Parrilli, en tanto, denunció a Bonadio por la causa en el que lo procesó -junto a la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura- por defraudación a la administración pública por los fondos destinados a un libro laudatorio de los logros del kirchnerismo que finalmente nunca se publicó, pero el Estado nunca recuperó el dinero.
Los motivos del pedido de la desestimación
En los fundamentos para rechazar las denuncias, Mahiques adoptó la histórica posición del Consejo de no enjuiciar a los magistrados por el contenido de sus sentencias. «En el juicio político se juzga institucional y administrativamente la inconducta o la incapacidad de los jueces, pero no la dirección de sus actos o el criterio que informa sus decisiones en la interpretación de la ley», sostuvo en los dictámenes, cuya aprobación hoy no prosperó.
En ese sentido, el representante del Ejecutivo en el Consejo destacó que «el Consejo de la Magistratura de la Nación limita sus facultades disciplinarias a cuestiones relacionadas con la eficaz prestación del servicio de justicia, no pudiendo ejercer, directa o indirectamente, la jurisdicción«, ya que esto «implicaría ejercer una suerte de revisión jurídica del criterio» adoptado por un juez.
El pedido de juicio político de Beraldi se inscribe en el marco del público cuestionamiento de Cristina Kirchner hacia Bonadio, a quien le endilga llevar a cabo «una persecución política» en su contra, en sintonía con los deseos del Gobierno nacional.
El magistrado firmó 11 de sus 13 procesamientos a la ex mandataria, y le dictó 7 pedidos prisiones preventivas, que no se concretaron porque la hoy senadora goza de fueros parlamentarios.
Otras denuncias pendientes
Más allá de los pedidos postergados de cerrar estos dos expedientes contra Bonadio, el magistrado tiene otros seis denuncias abiertas en el Consejo. Una de ellas data del 2017, otras tres son del año pasado, y dos de este año.
La última es del juez Juan Ramos Padilla, abogado de su hijo, el magistrado federal de Dolores Alejo Ramos Padilla, a cargo de la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, detenido por espionaje ilegal y extorsión.
Ramos Padilla padre cuestionó a Bonadio por el manejo de las escuchas telefónicas de la «Operación Puff», que revelaban que presos kirchneristas habrían estado al tanto de la denuncia que haría el empresario Pedro Etchebest en el Juzgado de Dolores para desacreditar la investigación de la causa de los cuadernos e intentar apartar al fiscal Carlos Stornelli y al juez Bonadio.
Fuego judicial cruzado
Tras la reunión de la Comisión de Acusación de hoy, se sorteó otra denuncia del propio Bonadio contra Ramos Padilla hijo por presunto prevaricado. En su escrito lo acusó de haberse expedido, en el marco de su causa en Dolores, en el expediente abierto a partir de los cuadernos del chofer de Rodolfo Baratta, Oscar Centeno, que Bonadio lleva adelante en los Tribunales de Comodoro Py.
«Resulta contrario a la ley que un juez se expida sobre hechos investigados en otro expediente que no tiene a su cargo», concluyó Bonadio en el escrito que presentó ante el Consejo de la Magistratura el 30 de agosto último. La tramitación de esta denuncia quedó a cargo de la consejera Graciela Camaño.
(De Infobae)
