El fiscal Stornelli pidió investigar el millonario negociado de la empresa con los peajes gracias al gobierno de Macri.
Autopistas del Sol, una de las beneficiadas por el gobierno de Mauricio Macri con la prórroga del contrato con cláusulas leoninas y precios dolarizados, recibió un duro revés judicial luego de que el fiscal Carlos Stornelli ordenara investigar este millonario negociado pactado con el Gobierno de Cambiemos. En paralelo, la semana pasada, al no poder aplicar nuevos cuadros tarifarios, la concesionaria advirtió que «analizará los posibles pasos a adoptar con objeto de poner a resguardo sus derechos». Esto abre la puerta a un posible inicio de acciones de la empresa al ver perjudicadas sus ganancias maximizadas, según un documento al que accedió El Destape.
Del Acuerdo Integral de Renegociación firmado entre AUSOL y el Estado Nacional el 24 de junio resultaron las «Actualizaciones Tarifarias previstas a los efectos de posibilitar la entrada en vigencia de dichos cuadros» de precios actualizados.
Sin embargo, el 12 de julio de este año la Dirección Nacional de Vialidad «ha remitido una notificación a la Sociedad mediante la cual le informa que, con motivo de las medidas económicas y sociales anunciadas por el Gobierno Nacional con fecha del 17 de abril de 2019, no podrá aplicar los referidos cuadros tarifarios». Por ello, continuarán con los puestos en vigencia el 5 de enero pero advirtieron que la compañía «analizará los posibles pasos a adoptar con el objeto de poner a resguardo sus derechos», lo que podría derivar en acciones contra el Estado.
Como reveló Ari Lijalad en este medio a mediados del año pasado, el macrismo abrió la puerta abierta para nuevos juicios contra el Estado y 746 millones de dólares de ganancia garantizada como claves de la renovación de las concesiones de los accesos Norte y Oeste hasta el 2030. La misma fue acordada por Mauricio Macri con sus ex socios de la multinacional española Abertis. El fiscal Carlos Stornelli ahora solicitó que se investiguen estos hechos.
Los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagnetodenunciaron que tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, Ausol – mediante su controlante – simuló una demanda contra el Estado nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por más de US$ 1.000 millones por supuestos atrasos tarifarios. Según los legisladores, ésto fue una maniobra para renegociar un contrato pronto a vencerse.
Los acuerdos son con Autopistas del Sol (AUSOL) y con Grupo Concesionario Oeste (GCO), ambas controladas por Abertis, y apuntan a garantizarles el recupero de las supuestas inversiones que hicieron desde 1994, cuando Carlos Menem les dio las concesiones de los accesos Norte y Oeste, respectivamente. AUSOL reclama 499 millones de dólares, GCO otros 247 millones, y el Gobierno de Macri les reconoce esos montos. Como las concesiones vencen a finales de 2018, la solución que acordaron Macri y Abertis para que copten ese dinero es prorrogarlas hasta el 31 de diciembre del 2030 con las tarifas dolarizadas y un acuerdo que sólo beneficia a la empresa, detalló este medio en septiembre del año pasado.
Tailhade señaló que no tiene dudas de que “esos 500 millones de dólares (reclamados por AUSOL) fueron repartidos entre la empresa y los funcionarios”, y que la presentación ante el CIADI “sólo operó como fachada para justificar un pago que no podía tener respaldo legal ni económico de ningún tipo”. Esta consecionaria fue una de las históricas empresas del Grupo Macri, hasta que a mediados de 2017 el grupo vendió sus acciones, luego de que aumentaran 400% desde la asunción de Macri y en medio del proceso de “arreglo” con el Estado Nacional.
Las concesiones serán hasta el 31 de diciembre del 2030, excepto si las empresas “recuperan” antes los 746 millones de dólares. En otra cláusula se establece que si para el 2030 las empresas no “recuperaron” esa plata, “deberá ser pagada por el concedente (el Estado) al concesionario (AUSOL o GCO) en dólares”. Si esto sucede, el acuerdo estipula que el Estado tendría 30 días para pagarles y en caso de mora pagaría un interés del 12% anual. Un sinónimo de leonina es abusiva.
Entre las medidas solicitadas por Stornelli se cuentan el secuestro de la sede de la Dirección Nacional de Vialidad, de todos los antecedentes de los contratos de concesión de los accesos desde su adjudicación, de la intervención administrativa de Ausol, del expediente originado en la presentación administrativa de Abertis el 11 de agosto de 2015 y de los procedimientos que derivaron en el dictado de los decretos 607/18 y 608/18.
El fiscal también requirió el secuestro de todos los informes relacionados con el caso elaborados por la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos, y de todos los antecedentes que obren en la Procuración General del Tesoro respecto de la demanda iniciada ante el CIADI por parte de Abertis, firma controlante de Ausol.
(de El Destape)
