La cuenta regresiva está por terminar. En 48 horas Javier Milei será presidente, y el domingo, cuando termine de instalarse en la Residencia de Olivos, deberá preparar la «lapicera» para firmar sus primeros decretos. En realidad, será su debut con el famoso GDE, el sistema de Gestión Documental Electrónica con el que Sergio Massa lo chicaneó en el último debate presidencial. El futuro secretario Legal y Técnico, Javier Herrera Bravo, tendrá que trabajar desde temprano registrando la firma electrónica de los nuevos ministros. Por suerte, es un funcionario que ya conoce la botonera, porque fue el número dos de Pablo Clusellas, el hombre que custodió la firma de Mauricio Macri durante toda su gestión. De cara al nuevo ciclo económico que comenzará el lunes, algunos de los interrogantes lógicos que subsisten pueden ser resumidos en estos tópicos: devaluación del dólar oficial o devaluación fiscal, ley ómnibus o un ómnibus de leyes, y ajuste de partidas presupuestarias o la inflación transformada en motosierra.
Si hay un dato que no va a figurar en este envío, es el pronóstico de cuánto va a valer el dólar oficial el lunes. Hay una razón, y es que a Javier Milei le preocupa el fantasma de una hiperinflación. Lo repitió cada vez que anticipó que el operativo destinado a desarmar las Leliq tenía que ser un mecanismo de relojería, porque de lo contrario una caída de la demanda de pesos podría gatillar una corrida cambiaria, y de ahí a los precios hay un solo paso.
Si hay un contexto que no va a cambiar entre el viernes y el lunes es que los dólares van a seguir siendo un bien escaso. Los analistas afirman que, si no hay un sinceramiento de precios, los exportadores no van a liquidar. Eso es real. Pero también es real que el esquema vigente del dólar exportador que aplicó Sergio Massa, con la combinación de 50% al valor oficial y 50% por el contado con liquidación, les entrega hoy a los grandes jugadores un cambio efectivo algo inferior a los $ 650, un número similar a la corrección que espera el mercado.
Luis Caputo, el designado ministro de Economía, conversó con las cerealeras la chance de conseguir un anticipo de las liquidaciones que harán entre fin de año y abril, cuando debería empezar a entrar la cosecha de soja. Es un número cercano a los u$s 5000 millones, que puede tener más de un uso, porque las necesidades son enormes. Hay pagos de deuda para afrontar en diciembre y enero, y hay una larguísima fila de importadores que buscan acceder a divisas para destrabar su flujo, ya que su crédito comercial se acabó. Los exportadores no llegaron a sellar un compromiso. De hecho, le aclararon que el efecto residual de la sequía todavía se siente en la cosecha fina (trigo y cebada). Por esa razón, todo volverá a ser conversado la semana entrante. En conclusión, a menos que haya algún crédito REPO de bancos internacionales o una carta sorpresiva «a lo Massa», los dólares frescos no están a la vista. ¿El FMI puede ser una opción? Está por verse.
El nuevo gobierno quiere dar, desde el momento de su asunción, señales de «normalización» de la economía. Su obsesión es demostrar que «la libertad avanza». Pero el escenario cambiario y monetario, como se vio hasta ahora, es todavía muy complejo.
Una idea que circula, como forma de contrapesar la demora que generará el levantamiento del cepo, es avanzar en la eliminación de las trabas que había para operar en el mercado. Había topes en el CCL y vedas para acceder al MULC a quienes se volcarán a conseguir dólares financieros. También había múltiples limitaciones para pagar deuda o girar utilidades.
En este esquema, el dólar CCL se transformaría en un nuevo «dólar libre», al que las empresas podrían acceder para saldar sus compromisos y los particulares, sumar ahorros o cancelar sus gastos en moneda extranjera. Las casas de cambio volverían a abrir sus ventanillas en este segmento, pero hay una clave: para que funcione, tiene que haber oferta. Y hasta ahora, la forma en la que el gobierno saliente se había asegurado ese flujo era a través del dólar soja o dólar exportador.
Acá aparece una encrucijada: ¿devaluación directa o devaluación fiscal, con un esquema de desdoblamiento que sirva como esquema de transición hasta la unificación cambiaria? La primera hipótesis es la que espera el mercado. El valor de referencia es cercano a los $ 650 a los que equivale hoy el dólar exportador. ¿Sirve? El sinceramiento siempre es una mejora, pero el valor que van a mirar los proveedores de dólares no es el que reciben, sino al que compran. Esto significa que lo que va a determinar su efectividad es la brecha cambiaria que subsista después de este ajuste.
La devaluación directa tiene costos para el Estado, que deberían estar contemplados en alguna línea del plan. El principal es que el 97% de los vencimientos de deuda interna que deberá afrontar el Tesoro el próximo año, 55% están atados a la inflación y 42% a la inflación o al dólar. El pago de intereses a los bonistas que tienen títulos en moneda extranjera también queda impactado, porque exigirá contar con más pesos para adquirir los dólares. Lo mismo sucederá con las Levid, las cuentas dólar linked en las que importadores y exportadores tienen depositados cerca de u$s 5000 millones. Son depósitos en pesos, que al ser retirados los titulares reciben el equivalente al dólar oficial del momento.
¿Puede haber una devaluación fiscal? Es una opción que no está descartada, aunque podría ser parte de la transición. Implicaría un ajuste cambiario de menor envergadura (un salto discreto, continuado con un crawling peg ascendente) que se combine con una liquidación vía CCL, que serviría para darle oferta a ese mercado «libre». A los importadores se los acercaría a ese valor con una mezcla distinta, en la que sobreviva el Impuesto PAIS, convertido hoy en sostén de la recaudación.
Este esquema puede darle más suavidad al ajuste de los precios internos. Su contraparte es que le permite acumular menos dólares al BCRA, ya que la porción que entra por el MULC sería menor. ¿Qué fórmula podría hacerlo funcionar un poco mejor? Que haya otra entrada de dólares que complemente la liquidación de los exportadores, casi una necesidad por el efecto residual de la sequía, y que se sacrifiquen los impuestos que hoy componen la brecha cambiaria.
Como ingreso de fondos no hay que descartar al FMI. Lo más probable es que haga un primer gesto aceptando postergar vencimientos para quitar presión inmediata a las reservas. El segundo gesto sea la presentación de un programa fiscal de alto vuelo, que comprometa una reducción del déficit primario y financiero, lo que implicaría un recorte de 5% del PBI. Puede suceder, pero tampoco es inmediato. El Fondo no tiene una chequera tan generosa, y menos después de los incumplimientos que acumula la Argentina.
Una tercera vía que no se habló más desde que quedó archivada la dolarización, es la opción de habilitar un blanqueo de capitales y algún esquema de libre elección de moneda, similar al bimonetarismo que pregonaba Carlos Melconian.
En resumen, el debate sobre el tipo de cambio no pasa tanto por el valor final sino por la brecha. El equipo de Caputo está dispuesto a sostener el 30% del impuesto PAIS, e incluso podría llegar a generalizarlo para todas las importaciones. Pero para eso tiene que garantizarles a las empresas que tendrán divisas para empezar a cancelar deuda comercial y que su única opción dejará de ser comprar CCL a valores cercanos a $ 1000. Toda la presión pasa entonces por el ajuste fiscal. Porque para que la brecha sea solo de 30% hay que resignar las retenciones de Ganancias y Bienes Personales.
¿Ley ómnibus o ómnibus con leyes? Habrá un texto madre, que probablemente sea caratulado como Ley de Reforma del Estado, donde figurarán la transformación de empresas públicas en sociedades anónimas para facilitar su privatización, entre otras normas. Pero también habrá una batería de decisiones que se instrumentarán por decreto, un frente en el que está trabajando Federico Sturzenegger (hoy más cerca de ser un asesor especial del presidente Milei que ministro o secretario). La actualización del impuesto a los combustibles entra en este frente. Una pelea difícil, pero inevitable, será la discusión del cambio de la fórmula de actualización de las jubilaciones, la misma que agitó las famosas 14 toneladas de piedras en su último debate por el Congreso.
Un último dato que genera incertidumbre es que aún no haya un secretario de Hacienda designado, en especial porque es quien deberá manejar la «motosierra». Pero hay un dato a tener en cuenta, mencionado incluso por el propio Milei. Al prorrogarse por decreto el Presupuesto 2023, las autorizaciones de gastos se mantendrán de manera nominal, pero se achicarán en términos reales. Eso significa que la inflación hará un último servicio en pos del ajuste fiscal. La preocupación oficial es no desatar ese nudo más de lo necesario y transformarlo en una caja de pandora. Los privados ya comenzaron a hacer un ajuste de precios solo para recuperar los atrasos que generaron los congelamientos de Sergio Massa. Todavía no tienen incorporado el ajuste cambiario que se viene. Un poco de inflación sirve para este propósito, pero si supera 15% en diciembre, el temor a una espiral puede instalarse en la calle y complicar los primeros pasos de la administración libertaria.
Todo apunta, entonces, a que Javier Milei apuntará a dar una señal fiscal lo más fuerte posible y una señal cambiaria lo menos dañina posible, en un contexto de dólares escasos y poca chance de resolver la maraña de las Leliq de un día para el otro. El gesto político vendrá por el uso de herramientas directas, ya que hasta no tener garantizados los resortes principales del Congreso (como ser el manejo de las comisiones clave) no es aconsejable tratar de hacer pasar un ómnibus por un callejón estrecho.
El domingo termina el misterio.
El Cronista
