El expresidente deberá presentarse el 20 de noviembre para responder por el presunto “irregular direccionamiento” de contrataciones; lo ordenó el juez federal Julián Ercolini

El juez federal Julián Ercolini citó a indagatoria al expresidente Alberto Fernández en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros de parte de organismos públicos durante su gobierno.

Fernández deberá presentarse a declarar como acusado el 20 de noviembre próximo, a las 10, de acuerdo con la resolución firmada por el juez. Ercolini afirmó que existe en la causa “mérito suficiente” para convocar al expresidente a que se defienda de los cargos en su contra. La principal acusación contra él y sus supuestos cómplices consiste en haber direccionado la contratación de intermediarios -muchas veces, innecesarios- de seguros que reparticiones públicas tenían que tomar con Nación Seguros S.A. El expresidente está imputado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.

Junto con Fernández, fueron citadas otras 38 personas, incluidos el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero, la histórica secretaria del expresidente. También, el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano y otros exfuncionarios de ese organismo.

La ronda de indagatorias, que empezará con la del expresidente, terminará el 18 de diciembre, a las 12. Después, Ercolini resolverá si hay elementos suficientes para procesar a cada uno de los investigados, incluido Fernández.

Todos ellos están acusados de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros S.A”.

De acuerdo con la resolución de hoy de Ercolini, “una parte” de los acusados “con la connivencia de Fernández, habría operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros S.A, como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta”.

“La maniobra -afirmó el juez- habría requerido de la intervención intencional de funcionarios públicos de Nación Seguros S.A. y también de las distintas reparticiones estatales tomadoras de los seguros en cuestión que, según los casos, de modo impuesto o acordado, (…) habrían mostrado interés para un propio beneficio o de terceros.”

Según Ercolini, gran parte de esas contrataciones “fuera necesario o no”, contaron “con la intervención de personas físicas o jurídicas que actuaron como intermediarios”, pese a que en muchos casos “no habrían cumplido función alguna como contraprestación por las elevadas comisiones que les eran liquidadas”.

Esos intermediarios, advirtió el juez, cobraron importantes comisiones de Nación Seguros S.A. gracias a que los designaron las respectivas reparticiones públicas, “a raíz del direccionamiento efectuado por los funcionarios interesados” -en el caso de Martínez Sosa, tuvo un rol clave su esposa, “secretaria histórica de Alberto Fernández, luego devenida en secretaria presidencial”- y “sin que existan procesos de selección alguno”.

Según el juez, un decreto de Fernández del 2 de diciembre de 2021 incrementó “notablemente” esas intermediaciones, porque si bien ya se recurría a ellas antes del decreto, esta norma “impulso formalmente la modalidad”. Ese decreto tuvo como objetivo declarado convertir a Nación Seguros en la aseguradora oficial. Pero con esta centralización se logró lo que Ercolini definió como el “objetivo final” de la maniobra: el cobro de las comisiones indebidas. El juez destacó que había una versión previa del decreto -que no fue la que se firmó- que establecía límites que después desaparecieron.

El juez estimó que tres productores (Martínez Sosa, Oscar Alberto Castello y Pablo Torres García) se hicieron del 87% de las comisiones pagadas ($3.364.522.944); en algunos casos en forma directa y en otros, a través de brókers y empresas vinculados a ellos.

“Añeja amistad”

Ercolini recordó que Martínez Sosa estaba unido a Fernández por una “íntima y añeja amistad” y dijo que el bróker y su pareja le hicieron al entonces presidente “numerosos obsequios y préstamos”. En cuanto a Castello, otro de los favorecidos, el juez dijo que su empresa, Castello Mércuri S.A., hizo “aportes económicos para la campaña presidencial” de Fernández.

Ercolini destacó además que Fernández y Pagliano “compartían experticia en materia de seguros, por haberse desempeñado previamente en ese rubro”.

El fiscal que investiga el caso es Carlos Rívolo.

Esta causa, la primera por presunta corrupción en la que es citado Fernández, originó además otro caso penal que avanza contra el expresidente: la acusación por hechos de violencia física y psicológica que le hizo su expareja Fabiola Yañez. En esa causa, el fiscal Ramiro González trabaja en otro pedido de indagatoria contra el expresidente. El juez, en los dos expedientes, es Ercolini, que fue recusado sin éxito por Fernández, por la relación de cercanía que juez y expresidente tuvieron hace muchos años, cuando los dos eran discípulos de Esteban Righi en la Facultad de Derecho de la UBA, y la ruptura posterior de ese vínculo, con acusaciones públicas de Fernández contra Ercolini por su desempeño como juez (Fernández destacó que, como presidente, había ordenado incluso que se le pidiera el juicio político al magistrado).

El avance de estas causas -sobre todo, la promovida por la ex primera dama- y los escándalos que salieron a la luz a raíz de ese caso hicieron que Fernández perdiera los pocos apoyos políticos que le quedaban cuando terminó su gobierno. Hoy está recluido en el departamento de Puerto Madero en el que vive -de propiedad de Enrique Albistur, uno de los pocos amigos con los que sigue en contacto-, no sale, abandonó toda vida pública y está concentrado en sus defensas judiciales, según informan personas que fueron muy cercanas a él.

LA NACION se comunicó esta tarde con Fernández, que se negó a hacer declaraciones publicas sobre el llamado a indagatoria. Una fuente cercana a él insistió en que hay animosidad contra el expresidente de parte de Ercolini y dijo que Fernández nada tuvo que ver con las supuestas maniobras que le imputan.

LA NACION