La última semana estuvo atravesada por la forma en que se encaran los debates económicos, tanto en el oficialismo como en la oposición. En el oficialismo, el dogmatismo es transmitido desde la conducción y tiene su principal referente en el propio presidente. Esto hace del discurso una trinchera que defender, aunque la realidad –incluso la de la práctica del Gobierno– se empeña en marcar otro rumbo. En la oposición, donde todavía no está saldada la encarnación del liderazgo, los debates son más abiertos.
En el Gobierno se insiste en que no hubo cambio de rumbo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, publicó un artículo de opinión en La Nación en el que defendió el estado de la economía actual, incluyendo la dinámica de empleo caracterizada por la pérdida de puestos formales y la creación neta de empleo en el sector informal, muchas veces autoempleado. Más allá de la retórica, sin embargo, el accionar del oficialismo está cambiando y las sirenas a las que Javier Milei pide no ceder cantan en un tono que rima con algunos comportamientos oficialistas.
El proyecto más interesante surgió de la Secretaría de Trabajo, que con sumas fijas sugiere mantener el techo de los convenios pero poniendo a los salarios negociados en paritarias un piso más alto, de un millón de pesos brutos, que mejoraría la situación de los de más abajo, pero achataría la pirámide salarial. Un impensado igualitarismo que busca sostener el techo del 2% de las negociaciones salariales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció también un programa de garantías públicas para créditos hipotecarios, con fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. Lejos de poner en riesgo “la plata de los jubilados”, parece un buen uso, todavía pequeño de ahorros inmovilizados en el sistema. En una escala mucho mayor, países como China o Singapur financiaron así parte de sus esquemas de vivienda u obra pública. Otra vez, un sesgo estatista para la política que era difícil de concebir en otro momento.
Aunque Sturzenegger destaca que la economía crece, ese dos y pico con el que cerrará 2026 se explica básicamente por el campo, el petróleo y la minería. Sin contar esos sectores, hay un estancamiento en un nivel bajo que se siente en las calles, en los niveles de empleo privado formal y en los datos de consumo. Más allá de programas y propuestas, el giro más significativo materialmente se produjo en la política monetaria y cambiaria. Después de varias semanas de defender un techo virtual de 1.500 para el dólar, el Banco Central inyectó 1,3 billones de pesos y permitió que descendieran las tasas que se pagan entre los bancos. Se trata de pasos claves para recuperar el crédito, contener la morosidad e impulsar la actividad, aun a costa de tolerar un dólar algo más alto y al precio de resignar parte del ancla antiinflacionaria. No habrá una devaluación brusca, pero el esquema toma otros matices.
La cuenta incorpora buscar fuentes para recuperar la actividad y favorecer el crédito, aunque el cero que pidió Milei para la tasa de inflación se aleje un poco. La actividad planchada volvería mucho más cuesta arriba el año próximo, donde el gobierno deberá sostener el peso contra las compras de dólares preelectorales y la actividad contra una recesión que, de producirse, se puede comer sus chances electorales. Baglini juega también para la derecha y, en época electoral, la pureza ideológica tiene la utilidad de una heladera en el polo.
Con la excusa del cierre de una actividad de formación, organizada por Santiago Fraschina, coincidieron en la sede del Partido Justicialista el propio Fraschina, Teresa García –una dirigente cuya cercanía a CFK no puede subestimarse–, la economista Mercedes D’Alessandro –hoy cercana a La Cámpora– junto al exgobernador Jorge “Coqui” Capitanich y el diputado Guillermo Michel, con una propuesta más encolumnada en el peronismo tradicional.
Fraschina, García y D’Alessandro sostuvieron, cada uno con su propia aproximación, la necesidad de poner el eje en una redistribución agresiva del ingreso como centro del discurso y el programa del peronismo. Fraschina abrió el encuentro con una clasificación de “tres modelos económicos” que a su entender explican la historia económica argentina. “El neoliberalismo financiero”, donde ubica a Jorge Rafael Videla, Carlos Menem, Mauricio Macri y Javier Milei, y dos modelos alternativos: el desarrollismo y el justicialismo. La división es interesante por la cantidad de males que imputa al desarrollismo, del que dice que procura industrializar el país, pero que esa transformación, básicamente, es mediante salarios bajos. Un modelo de trabajadores pobres, dice, que a veces tiene una participación del salario menor a la del neoliberalismo.
A la alternativa, que llama modelo económico justicialista, la propone como un modelo de industrialización con justicia social, basado en la mayor participación de los salarios en el ingreso. Más allá de algún complemento que se podría aportar a la mirada de Fraschina –los salarios altos no pueden decretarse y los países que los desarrollistas locales admiran hoy pagan salarios más altos que Argentina– es interesante el contrapunto que fija, porque alerta expresamente sobre el riesgo de que el peronismo se convierta en un espacio aceptable para los grupos económicos, que promueva la producción sin alterar –o incluso empeorando– la matriz distributiva. Un esquema como el que propone Fraschina, probablemente, sea impensable sin una vuelta de los controles de capitales duros que caracterizaron los últimos dos gobiernos peronistas y, en cambio, se ponga en la vereda de enfrente de quienes buscan una corrección del tipo de cambio.
Teresa García centró su intervención en dar sustento político a las ideas de Fraschina. Como lo hacen en público todos los que están encolumnados bajo la conducción de Cristina Fernández de Kirchner, sostuvo que el peronismo debe discutir antes el programa que las candidaturas y pidió volver a poner en el centro de la propuesta la distribución del ingreso. Reclamó al peronismo radicalizarse para presentarse como la antítesis clara de los gobiernos de Macri y Milei, en lugar de aparecer diluido “como el café con leche” para parecer confiable a los poderes concentrados.
Mercedes D’Alessandro centró su intervención en la transformación del capitalismo, de la mano de la inteligencia artificial, las plataformas, los datos y la infraestructura digital, concentrados en un puñado de grandes empresas. Planteó una Argentina que se integra “de manera subordinada”, con trabajadores precarizados, energía y recursos como petróleo, cobre o litio, mientras no controla tecnologías ni captura valor, en una crítica al extractivismo y las grandes tecnológicas, muy alineada con los debates de las izquierdas europea y estadounidense. En el segmento más coyuntural de su intervención, cuestionó el objetivo del superávit fiscal como una meta en sí misma.
Aún con un discurso nítidamente de oposición, Guillermo Michel generó un contrapunto. Se concentró en las restricciones jurídicas y financieras que heredará una futura administración. Señaló que el Gobierno no está simplemente privatizando empresas, sino desprendiéndose de los verdaderos activos estatales, mientras reduce impuestos patrimoniales y concede beneficios extraordinarios. Cuestionó duramente al RIGI, del que señaló que entrega demasiado sin exigir suficientes divisas, proveedores locales o compromisos verificables. Sin embargo, advirtió que esos beneficios están protegidos por estabilidad normativa, con mecanismos de arbitraje internacional, por lo que un próximo gobierno no podría eliminarlos sin exponerse a múltiples problemas, incluyendo litigios costosos en tribunales internacionales.
Respecto del FMI, lo más interesante fueron los puntos de encuentro entre su postura y la de Máximo Kirchner. Sostuvo que la deuda debe reconocerse por la continuidad del Estado, pero que la porción prestada por encima de la previsión estatutaria y los vencimientos resultantes tendrán que renegociarse conforme a la disponibilidad real de dólares. También cuestionó el Impuesto a las Ganancias que pagan los trabajadores con mayores ingresos, un impuesto que hoy no es objeto de controversias pero que es el centro de una paradoja. Lo defienden los especialistas y lo rechaza la gente en general. Incluso la que no lo paga.
El contraste no fue explícito, porque todos hicieron eco en los salarios, pero dejó en claro la convivencia de miradas que proponen poner el centro en la distribución, prepararse para conflictos abiertos con el sector empresario y quienes proponen una confluencia. No casualmente, también esta semana, el ministro de Gobierno de Axel Kicillof, Carlos Bianco, se ubicó del lado de estos últimos. “Miren cómo gobernamos”, dijo. “No expropiamos a nadie, fuimos fiscalmente prudentes y pagamos las deudas”, concluyó.
En las últimas horas se dio una discusión interesante a partir del acompañamiento del bloque peronista en el Senado al pliego del juez Pablo Yadarola para la Cámara Federal. La acusación es que un sector del peronismo, particularmente el identificado con Cristina Kirchner, había bajado algunas de sus banderas en función de una conveniencia táctica. La discusión tiene un espejo bastante reciente. Es, de alguna manera, la misma crítica que el kirchnerismo le hizo a Axel Kicillof cuando se fotografió con Mauricio Macri en La Rural. En aquel momento, para una parte de la militancia kirchnerista, Kicillof había cruzado una frontera inadmisible por compartir tiempo y espacio con quien identifican como autor intelectual de la persecución judicial a CFK. Ahora, en esta constructiva lógica de impugnación cruzada, se acusa a La Cámpora de haber hecho algo parecido con Yadarola.
Yadarola, un juez de perfil bajo y vínculos transversales, no está señalado por ser uno de los cruzados en la avanzada antikirchnerista, pero sí fue célebremente conocido por el viaje a Lago Escondido. El episodio acercó a la ciudadanía una confluencia ubicada en los bordes de la legalidad y, en aquel caso, para encubrir la existencia de un viaje que confirmaba varios de los relatos más cuestionados del kirchnerismo, muchas veces percibidos y descartados como una mera victimización.
La cercanía revelada entre los integrantes, la confianza personal y política explicitaba el modus operandi que envolvió el funcionamiento del esquema encargado de juzgar a la vicepresidenta. Así como los bolsos de José López disiparon cualquier duda sobre la corrupción en la obra pública, las filtraciones cumplieron la función de confirmar aquello que, durante mucho tiempo, se expresó como una sospecha.
Está claro, además, que los protagonistas del viaje a Lago Escondido no necesitaban subirse a un avión rumbo a un paraíso recóndito de la Argentina para encontrarse. Lo hacían persistentemente en la Ciudad de Buenos Aires. En muchas de esas mesas también participaban operadores judiciales vinculados a Cristina y al peronismo. La intersección entre política y justicia difícilmente pueda ser presentada como patrimonio exclusivo de uno de los bandos en disputa. Reviste lógica que esas relaciones sorprendan o indignen a la ciudadanía. Y que la política utilice esa indignación como herramienta para disputar poder también forma parte de las reglas de juego. Sin embargo, confundir el instrumento de una disputa política con una descripción completa de la realidad es hacerse trampa al solitario.
Cuando en junio de 2019 el ahora exjuez Sergio Moro quedó expuesto por una filtración de sus conversaciones privadas con fiscales e investigadores de la operación Lava Jato –obtenida a partir de una acción ilegal de espionaje y entregada al medio The Intercept– Luiz Inácio Lula Da Silva estaba preso. Todo aquello estaba ahí, escondido a la vista de todos. Bastaba una lectura de la prensa y una mirada atenta sobre las relaciones y comportamientos de quien ya se había transferido de magistrado a ministro de Justicia y Seguridad en el gabinete de Jair Bolsonaro para inferir motivaciones y mecánica de lo que fue una verdadera persecución política con un fuerte componente de resonancia mediática.
Las filtraciones, sin embargo, tenían la potencia de confirmar cada inferencia desde la voz de los protagonistas. Por haber sido obtenidos ilegalmente, el rol de los mensajes en la causa judicial fue brumoso. Sin embargo, se trató de un escándalo político de enorme magnitud que cambió el sentido de las opiniones sobre la operación Lava Jato. Pocos meses después de la publicación de los mensajes en la prensa, Lula recuperaba su libertad e iniciaba el camino que lo llevaría al sobreseimiento y, finalmente, a recuperar la presidencia.
En el caso argentino, sin embargo, ocurrió algo distinto. Y probablemente la diferencia más relevante haya sido política. Cuando las revelaciones sobre Lava Jato salieron a la luz, Lula todavía tenía por delante la posibilidad de reconstruirse como una opción amplia, capaz de trascender las fronteras de su propio espacio y avanzar hacia una coalición de centro. Cristina, en cambio, atravesó ese proceso mientras la herramienta política que había construido precisamente con ese propósito — el Frente de Todos — se deshacía desde adentro. En Brasil, la revelación de los excesos judiciales acompañó la reconstrucción política de Lula; en la Argentina, las filtraciones de Lago Escondido encontraron al peronismo en pleno proceso de fragmentación y a Cristina cada vez más encerrada dentro de la interna del artefacto que ayudó a construir.
El problema de fondo, entonces, no es ni la foto de Kicillof ni el pliego de Yadarola. Es el exceso de tacticismo que atraviesa al peronismo y que convierte cada movimiento, cada curva y cada decisión del adversario interno en una oportunidad para impugnarlo frente a su propia base electoral. La lectura más prudente sería pensar que ni Kicillof traicionó a nadie por aquella foto con Macri ni La Cámpora entregó absolutamente nada con los votos a un juez que ya tenía los números para su aprobación. En ese sentido cabría preguntarse qué ventaja política concreta hubiera obtenido el peronismo con un rechazo puramente testimonial.
Hay, entonces, un problema más profundo. Durante más de quince años, el kirchnerismo –Cristina, Axel, Máximo– construyó un discurso en el que casi cualquier decisión política debía ser leída a partir de una única vara: la relación de cada actor político con “los poderes establecidos”. Frente a cada coyuntura había una posición correcta y, para quien se apartara de ella, quedaban disponibles apenas dos explicaciones: la cobardía o la corrupción. El problema es que esa lógica dejó de ser solamente una herramienta para discutir con los adversarios y terminó impregnando la vida interna del propio espacio y el peronismo parece hoy secuestrado por ella. Y quienes durante años contribuyeron a construir ese tribunal descubren ahora que ese mismo tribunal también puede juzgarlos.
Iván Schargrodsky | Cenital
