Los defensores de la expresidenta sostienen que un nuevo elemento surgido de una base de datos de Vialidad podría cuestionar los fundamentos de la condena en la causa. La evidencia, según los abogados, muestra que entre 2009 y 2015 se invirtieron más de US$2.000 millones y que al Grupo Austral se le asignó el 0,85%.
Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron una nueva prueba que, según sostienen, podría beneficiar a la expresidenta en la causa Vialidad, como parte del reclamo presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El elemento surgió a partir de la declaración de un testigo convocado por la Fiscalía en la causa Cuadernos y de una base de datos de la Dirección Nacional de Vialidad que permitió reconstruir cómo se distribuyeron los fondos del fideicomiso del Sistema Vial Integrado (SisVial) entre 2009 y 2017. Según el abogado Alberto Beraldi, durante el período por el que fue condenada Cristina Kirchner se invirtieron más de US$ 2.000 millones y al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, se le asignó el 0,85%.
“Es falso lo que se dijo en la sentencia de que se quería beneficiar a Lázaro Báez”, expresó Beraldi.
El reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU
Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego brindaron una conferencia de prensa para explicar la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El primero en hablar fue Beraldi, quien presentó el nuevo elemento de prueba incorporado al reclamo y sostuvo que permite cuestionar los fundamentos de la condena dictada contra la expresidenta.
El elemento nuevo que incorporaron los letrados, explicó, “pone en evidencia que la sentencia dictada en contra Cristina Fernández de Kirchner es una sentencia absolutamente injusta”.
En ese marco, el abogado fue categórico al referirse al resultado del proceso judicial: “Se terminó condenando a una persona inocente”.
La acusación original en la causa Vialidad
Beraldi explicó que la acusación original contra Cristina Kirchner sostenía que la entonces presidenta era la jefa de una asociación ilícita y que había utilizado la estructura del Estado para cometer un delito de administración fraudulenta.
Según recordó, la acusación también señalaba que las leyes enviadas al Congreso habían destinado fondos considerados ilegítimos a la provincia de Santa Cruz y a empresas de Lázaro Báez.
El abogado sostuvo que, de acuerdo con esa hipótesis, el mecanismo se completaba mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), resoluciones de la Jefatura de Gabinete y decisiones ministeriales que permitían ampliar y disponer partidas presupuestarias en favor de las empresas vinculadas al empresario santacruceño.
El decreto que quedó en el centro de la condena
Beraldi afirmó que durante el juicio se descartaron parte de las acusaciones originales y recordó que Cristina Kirchner fue absuelta del delito de asociación ilícita: “En el juicio se demostró de manera categórica que esas imputaciones eran falsas. En primer lugar, se la absolvió del delio de asociación ilícita”.
Según explicó, la condena terminó concentrándose en la utilización de los fondos del fideicomiso de Transporte a partir del Decreto 54 de 2009, firmado por Cristina Kirchner.
“El Tribunal Oral Federal dice que ese decreto había sido emitido de manera irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras que habían sido asignadas a Lázaro Báez”, expresó.
La nueva prueba surgida de la causa Cuadernos
El abogado explicó que la nueva evidencia apareció durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos. Un técnico de la Dirección Nacional de Vialidad, convocado por la Fiscalía, analizó una base de datos incorporada previamente al expediente mediante una planilla de Excel.
Según Beraldi, la planilla contaba con 80 columnas que fueron analizadas una por una durante la declaración. Entre los datos incluidos figuraba la distribución de los fondos del fideicomiso durante el período comprendido entre 2009 y 2017.
“Una de las informaciones que aparecía ahí era algo que no habíamos podido ver con anterioridad y era cómo se habían gastados los fondos del fideicomiso del período 2009 al 2017”, expresó.
Según el análisis presentado por los abogados, durante el período 2009-2015, que coincide con los años considerados en la condena de Cristina Kirchner, la inversión superó los US$ 2.000 millones. En ese lapso, la participación correspondiente al Grupo Austral, vinculado a Lázaro Báez, fue del 0,85%.
“Entre el periodo 2009/2015 por la que se la había condenado a Cristina Kirchner, la inversión que se había hecho era enorme. Eran más de dos mil millones de dólares. Pero cuando miramos qué era lo que le había sido asignado a Lázaro Báez era menos del 1%”, afirmó.
El planteo de Rafael Valim
Rafael Valim, abogado brasileño que formó parte de la defensa del presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva, también cuestionó los fundamentos utilizados para condenar a la expresidenta. El abogado sostuvo que no existía sustento jurídico para atribuir responsabilidad a Cristina Kirchner y afirmó que la nueva información también permite cuestionar los hechos sobre los que se apoyó la sentencia.
“No había ningún fundamento de derecho para condenar a la doctora Cristina Fernández de Kirchner”, dijo al inicio de su ponencia. Y agregó: “No hay ningún fundamento fáctico para la condena. El decreto no podría servir de ninguna manera para responsabilizar a la expresidenta”.
Valim sostuvo además que, a partir de los elementos presentados, la condena se habría construido sobre una interpretación que no se corresponde con los datos incorporados. “Se creó una mentira para condenar a la presidenta”, dijo.
Además, el abogado destacó que la empresa que encabezaba el ranking de distribución de fondos durante el período analizado era una compañía vinculada al primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, “con 16% de los fondos de esa fuente”.
“Los datos demuestran que ese grupo empresarial (Austral) tuvo una participación mínima de los destinos de los fondos. Los principales beneficiarios no tienen nada que ver o, dicho de manera más clara, las empresas que encabezan los rankings están vinculadas a oponentes políticos de la presidenta Cristina”, concluyó.
Un pronunciamiento del Comité favorable a la ex presidenta no implicaría por sí mismo la anulación de la condena. La eventual resolución podría derivar en medidas dirigidas al Estado argentino y, a su vez, ser invocada por la defensa ante la Justicia nacional para solicitar una revisión del caso. Ese es, según explicaron sus abogados, uno de los objetivos de la presentación realizada ante el organismo internacional.
En pocas palabras
- Prueba ante la ONU: Abogados de Cristina Kirchner presentaron nueva evidencia en el Comité de Derechos Humanos para cuestionar su condena en la causa Vialidad.
- Base de datos de Vialidad: Un análisis de fondos entre 2009 y 2017 revela que el Grupo Austral, ligado a Lázaro Báez, recibió solo el 0,85% de la inversión total.
- Argumento de la defensa: Los letrados sostienen que la condena se basó en datos falsos y que la nueva prueba demuestra la inocencia de la expresidenta.
A24
