Exclusivo de Ámbito: juez Villena obtuvo documentación por la adquisición de 9 cámaras y 6 micrófonos sofisticados para espionaje. Citarán a detenidos y expresos al juzgado. Pablo Moyano va a Lomas mientras Auge indaga a Ruiz por el falso operativo en el Instituto Patria. ¿Se suman más víctimas?
En los próximos días, cuando amaine el desfile de víctimas por el espionaje ilegal de la AFI durante la era Cambiemos, el juzgado federal de Lomas de Zamora se meterá de lleno en el capítulo penitenciario de la trama, desde donde se espiaba a los denominados “presos K” con el objetivo de conocer sus estrategias defensivas e información sobre sus negocios.00:00/00:00Loading Ad
El juez Federico Villena va a convocar -de manera intercalada- a quienes están todavía detenidos y a quienes recuperaron la libertad luego de ser encarcelados preventivamente en el pabellón IRIC. Se sospecha fueron espiados por la llamada “Área 50” que era el servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. El hallazgo de material para espiar a los presos en uno de los allanamientos en el penal de Ezeiza permitió corroborar al juzgado de Lomas que se montó un sistema ilegal de monitoreo remoto, sin precedentes y que alcanza a altos funcionarios recientemente desplazados.
Como informó este diario, Villena contaba con información previa al allanamiento en el Módulo 6 de Ezeiza que señalaba que se encontraría con un “señuelo” que tenía el objetivo de contener el alcance de la investigación sobre las pruebas de un espionaje carcelario. En ese operativo, ocurrido el 10 de junio, la PSA y el juzgado encontraron una cámara y secuestraron también varios metros de “cableado”, pero también en otras áreas que no eran las que habían sido “marcadas” para direccionar la pesquisa. El juzgado envió a peritaje todos los elementos secuestrados. Pero según pudo confirmar Ámbito, en exclusiva, los resultados de las pericias permitieron a los investigadores alcanzar certezas mucho más amplias: el SPF adquirió, en los últimos años, un lote de material de espionaje altamente sofisticado para ser instalado especialmente en el pabellón IRIC.
La cámara de seguridad secuestrada de Ezeiza, en uno de sus costados, conservaba un trozo de la estampilla fiscal de aduana que certificaba su importación. A partir de ese rastro, el juzgado logró identificar cuándo y por quién había sido ingresada al país. Dieron con el importador y Villena allanó sus oficinas hace pocos días. Resultó ser un proveedor que admitió que los equipos habían sido comprados a pedido del SPF. Aportó toda la documentación respaldatoria, facturas, remitos y comprobantes de la operación, toda realizado dentro del marco legal y con el SPF como cliente.
Pero allí el juzgado se encontró con que la cámara hallada era una de un lote original de 9 cámaras de idénticas características adquiridas por el SPF, presuntamente para ser instaladas en el IRIC y monitoreadas “en vivo” por el “Área 50”, bajo el mando de Cristian Suriano. Cuando el juzgado ingresó en las oficinas de Flores se encontró con una plantilla de 60 agentes cuyas funciones no terminan de quedar claras. La inteligencia del SPF no hizo una sola alerta por motines, asesinatos o cuestiones dentro de sus funciones. Se sospecha que el monitoreo del IRIC era el objetivo central. Suriano es un capítulo aparte: el mismo día en que se allanó Ezeiza, pidió su retiro.
Pero además de las cámaras, el SPF compró en el mismo lote 6 micrófonos de vibración ambiental. Estos dispositivos de alta performance, permiten tomar sonido sin estar necesariamente instalados en el interior del recinto que se pretende escuchar. La pista más fuerte es que estaban instalados en los ductos de ventilación. Permitían captar todos los diálogos de más de una celda que terminaban siendo informes bajo las directrices de Suriano. Por eso es que ahora Villena llamará de manera intercalada con los ya notificados a detenidos o exdetenidos allí porque también podrían ser víctimas del espionaje. Los nombres de los primeros citados se mantienen bajo hermetismo.
Una curiosidad surgió durante la investigación: se detectó que con la gestión Cambiemos ingresó a regentear la denominada “cantina” de Ezeiza, donde los presos compran enseres y provisiones, el mercedino Jorge Javier Spinelli. De la misma ciudad de la que es oriundo el exsubsecretario de Asuntos Penitenciarios Juan Bautista Mahiques y su familia, Spinelli no tenía empleados. La “Cantina” la atendía personal formal del SPF. Ese tema lo tomó la interventora María Laura Garrigós y las irregularidades bajo sospecha tienen de piso un monto de siete cifras.
Hoy asistirá a Lomas Pablo Moyano –su padre Hugo sigue en cuarentena- y saldrán a la luz pruebas de un profuso seguimiento. También, pero en el juzgado de Juan Pablo Auge se tomará indagatoria al detenido Alan Ruiz, luego de haber sido detenido el sábado pero por un delito excarcelable y a instancias de la fiscal Cecilia Incardona. Luego el juez tendrá que determinar si corresponde que tenga o no prisión preventiva. Mientras tanto, continua un tironeo silencioso por el manejo de la causa con Comodoro Py. Pese a las especulaciones, el fiscal ante la Cámara de La Plata Diego Iglesias mantiene una óptima relación con Villena a partir de la actuación del magistrado en las causas de narcotráfico. Podría respaldarlo.
Si la situación de la exencargada de Documentación Presidencial Susana Martinengo se complicó, lo mismo ocurrió con el diputado Alex Campbell. Reportando a María Eugenia Vidal su otra terminal política era Carolina Stanley, ex Desarrollo Social y su esposo Federico Salvai. Si el espionaje fue muy fuerte sobre armados políticos bonaerenses, curas villeros y organizaciones sociales en territorio bonaerense, ¿es descabellado pensar que en los próximos días el nombre de Juan Grabois surgiría como una nueva y resonante víctima?
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