El oficialismo en la Cámara de Diputados, acompañado por distintos bloques de la oposición, avanzó en el dictamen de un proyecto de ley que prohíbe toda asistencia estatal – subsidios, transferencias, exenciones impositivas, beneficios fiscales, facilidades crediticias- a aquellas empresas radicadas o vinculadas a firmas offshore o bien que hayan sido constituidas en el exterior.

La iniciativa, que se debatió en la Comisión de Presupuesto, fue duramente criticada por el bloque de Juntos por el Cambio. “Este proyecto es un ejemplo de lo que no se debe hacer si se quiere atraer inversiones. Va a ser difícil encontrar alguna empresa que no quede incluida: incluso aquellas firmas con promoción industrial o que gocen de alguna exención impositiva estarían contempladas”, advirtió el radical Luis Pastori.

“Además, con este proyecto, les estamos diciendo a todas las empresas en el exterior que ni se les ocurra venir a Argentina, porque no le vamos a dar ni un vaso de agua”, sentenció.

El dictamen sorprendió a Juntos por el Cambio: sucede que la iniciativa original se limitaba a prohibir la asistencia económica y financiera a aquellas empresas domiciliadas en paraísos fiscales o de probada evasión fiscal. El proyecto contaba con el apoyo de todos los bloques opositores -incluido Juntos por el Cambio-, pero cuando fue llevado al recinto hace tres semanas, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos propuso ampliar las restricciones. Esto suscitó la desconfianza generalizada de todas las bancadas, lo que motivó que el proyecto regresara a la Comisión de Presupuesto tras los reclamos de los diputados Jorge Sarghini y Graciela Camaño, de Consenso Federal.

Con el paso de los días y luego de varios intercambios de borradores, Camaño, Vallejos y el autor del proyecto, el kirchnerista Pablo Carro, llegaron a un acuerdo que se plasmó en un dictamen de mayoría.

“Elaboramos un dictamen realmente muy bueno -celebró Vallejos-. A partir de esta norma, los ‘vivos’ que, en base a su poder económico, se valen de recursos contables, financieros y jurídicos para evadir sus responsabilidades fiscales, escondiendo sus ganancias y patrimonios en guaridas mediante una diversidad de operaciones y vinculaciones offshore, ya no van a poder seguir aprovechándose de los recursos públicos, que no solo son limitados, sino que es imperioso que lleguen a quienes realmente los necesitan”.

Ante las críticas opositoras, el diputado oficialista Itaí Hagman enfatizó que esta iniciativa no se es un “ataque a las empresas ni al sector privado”. “No estamos hablando de sanciones o castigos, sino de quitar la posibilidad de un beneficio, un privilegio”, añadió el legislador.

Camaño coincidió. “No es justo que quienes buscan subterfugios legales para eludir pagar impuestos en el país, puedan acceder y tener los beneficios impositivos o asistencia del Estado. Los escasos recursos deben ser distribuidos inteligentemente”, sostuvo la diputada.

Juntos por el Cambio anticipó su rechazo y dijo que insistirá con la propuesta original de Carro. “A nosotros nos parecía razonable que el Estado no diera asistencia a aquellas empresas radicadas en paraísos fiscales, ya que no tributan en la Argentina”, sostuvo Luciano Laspina, de Pro. “Pero el dictamen es muchísimo más amplio: incluye a las empresas extranjeras y la prohibición incluye todo tipo de beneficio estatal”, sostuvo, y opinó que, así planteado, lo que se propone es que el Estado ya no dé ningún tipo de ayuda a los inversores extranjeros directos.

El proyecto, en efecto, es más amplio que el original, ya que prohíbe la ayuda estatal no solo a las personas y empresas con activos offshore, vinculadas o ubicadas en guaridas fiscales, sino también a las “sociedades constituidas en el extranjero” que “no se hayan adecuado íntegramente a la legislación argentina”.

La prohibición de ayuda estatal también incluye a las personas humanas o jurídicas, establecimiento permanente u otra entidad, fideicomiso o figura equivalente, domiciliados, constituidos o ubicados en jurisdicciones de baja o nula tributación o que sean residentes a efectos fiscales en dichas jurisdicciones.

Además, contempla a las personas humanas, jurídicas o sociedades que “tengan participación” en empresas con activos en guaridas fiscales; o aquellas que “durante los últimos tres ejercicios contables hayan realizado pagos o transferencias a otra estructura jurídica constituida en el exterior que se encuentre radicada” en paraísos fiscales.

También incorpora en el universo de excluidos de las ayudas estatales a aquellas personas procesadas “con auto de procesamiento firme, hasta la absolución o sobreseimiento firme o hasta la condena” por delitos contra la administración pública, por delitos de corrupción o por delitos contra el orden económico y financiero; y a aquellos que tengan deudas con el fisco o con el sistema de seguridad social por montos “iguales o superiores a los que la ley penal tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada”.

En su redacción original, el dictamen prohibía todo tipo de asistencia financiera o crediticia a este tipo de empresas; luego de las advertencias de Juntos por el Cambio, Camaño propuso modificar el texto para que se exceptuara de esta prohibición aquellos beneficios o exenciones fiscales que hayan sido aprobadas por ley del Congreso.

La Nación