El presidente llamó a licitación para que sea una empresa privada la que se encargue de una vía navegable estratégica. Hay un retroceso en el federalismo las provincias que participaban quedarán sin ninguna posibilidad de control. Los avances que había dejado la gestión estatal.

La decisión del gobierno de Javier Milei de llamar a licitación para concesionar la Hidrovía Paraguay-Paraná y disolver por decreto el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA), que le daba participación a Buenos Aires y otras seis provincias ribereñas, abrió un nuevo frente de conflicto con Axel Kicillof. El gobernador plantea que la decisión implica una pérdida del control de recursos estratégicos del país y que afecta la soberanía nacional, pero que además concentra todas las decisiones en el Estado nacional y deja sin voz a las provincias.

La Hidrovía tiene una extensión de 1.635 kilómetros y constituye el cauce de salida al Atlántico de más del 85% de las exportaciones argentinas, principalmente granos. Por allí se transportan las cargas de Argentina y también de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Durante 25 años, la concesión estuvo en manos de un consorcio privado -Hidrovía S.A.- hasta que en 2021, el gobierno de Alberto Fernández resolvió que la Administración General de Puertos (AGP) se haga cargo de la administración de la Vía Navegable Troncal (VNT).

En paralelo a esa decisión, el gobierno anterior también creó el ECOVINA, un organismo integrado por las provincias de Buenos Aires, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos, que comenzaron así a tener participación en las decisiones tomadas sobre la Hidrovía. Con sede en Rosario, el ente tenía como función principal fiscalizar el cumplimiento de las leyes y distintas regulaciones para operar, ampliar y mantener la vía navegable. En este marco, las provincias tenían voto en los llamados a las licitaciones para el dragado y la definición de las tarifas de los peajes, entre otros puntos.

El presidente Milei resolvió en los últimos días disolver el ECOVINA por decreto con el objetivo de «desburocratizar» el Estado y, además, llamar a licitación para la concesión de la Hidrovía. Es decir, dar marcha atrás y dejar nuevamente en manos de privados las decisiones sobre esa vía navegable estratégica para las provincias ribereñas y el país. «Milei decidió, repitiendo lo que hicieron en los años 1990, volver a privatizar nuestra Vía Navegable Troncal», advirtió Kicillof en sus redes sociales apenas se conoció el decreto.

El gobernador volvió así a enfrentar al presidente, tras la batalla que libraron en torno a la planta de GNL de YPF y Petronas que finalmente se instalará en Punta Colorada, Río Negro, y no en Bahía Blanca, en suelo bonaerense. Fue el único de los siete mandatarios que tenían participación en el ECOVINA que levantó la voz y graficó cuál es la importancia de que el Estado gestione la VNT y no la deje librada a los intereses del mercado. «Se pudo contar con información de la cantidad de embarcaciones que circulaban por la vía navegable, el cobro de tarifas y los costos de dragado, algo que no sucedió durante los 25 años de administración por parte de Hidrovía S.A», subrayó.

Sostuvo también que bajo la gestión estatal, se invirtió en nueva infraestructura y modernización tecnológica para la navegación, «incorporando, por ejemplo, red de hidrómetros, nuevas boyas, dragados de mejora, sistema de monitoreo, entre otros».

La gestión a cargo de la Administración General de Puertos (AGP) permitió conocer información estratégica. De acuerdo al último informe de gestión, la cantidad de embarcaciones que circulaban por la vía navegable entre enero y octubre del año pasado alcanzó un promedio mensual de 300 buques. La tarifa del peaje fue fijada en U$S 3,06 para el transporte internacional y en $3,06 para el transporte de cabotaje. En los dos años de gestión, se dragaron 30,6 millones de metros cúbicos de material y se invirtieron 59,4 millones de dólares en nueva infraestructura y equipamientos para mejorar la navegación.

En La Plata entienden que la disolución del ECOVINA busca «concentrar las decisiones en el Estado Nacional» para que las provincias no tengan participación en las decisiones que se tomen como, por ejemplo, un diseño de traza distinto al que se tiene hoy. A partir de ahora, las provincias quedarán sin un ámbito institucional en el que puedan opinar sobre las decisiones de impacto económico, social y ambiental que tome el gobierno sobre la Hidrovía y que inevitablemente las afectarán.

Peor aún, en el gobierno bonaerense están convencidos de que, a partir de ahora, no habrá planificación ni perspectiva de desarrollo provincial, regional o nacional. Tampoco habrá un «enfoque federal» del impacto a nivel ambiental que tengan las decisiones sobre la vía navegable.

«El único órgano capaz de establecer planificación estratégica que favorezca a cada una de las regiones del país y defienda sus sectores productivos, es el Estado, y en este caso, el Estado se correrá de su función para liberar el recurso a las fuerzas del mercado», remarcan a Tiempo cerca de Kicillof.

Hasta el año pasado, las provincias que participaban del ECOVINA estaban discutiendo el dragado de la Vía Navegable en su conjunto, como también de los canales de acceso de diversos puertos públicos. Esas tareas de dragado, fundamental para el funcionamiento de algunos puertos, quedaron en stand by.

«Entendemos que la decisión de eliminar el ECOVINA es para que las provincias ribereñas no tengan más voz ni voto sobre la gestión de la Vía Navegable Troncal», remarcaron desde el gobierno. Y agregaron: «Esto es volver al statu quo anterior al ECOVINA donde una empresa tenía a cargo el dragado de una de las principales vías del comercio internacional argentino y el control brillaba por su ausencia». «

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