Javier Milei hizo de la cuestión Malvinas el eje de su última ofensiva política. En cadena nacional anunció un endurecimiento de las sanciones contra empresas que participen de la explotación hidrocarburífera en las islas y apuntó especialmente contra el proyecto Sea Lion, operado por la petrolera israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, dueña del 35% restante.
Pero ahora apareció un dato que pone a prueba la consistencia del discurso oficial.
Según una investigación publicada por La Política Online, accionistas y fondos vinculados a Navitas también tienen inversiones en Mercado Libre, la empresa fundada por Marcos Galperin, uno de los empresarios más cercanos y respaldados públicamente por Milei.
Y acá aparece la pregunta que incomoda:
Si Milei amenaza con sancionar a accionistas, directores y proveedores vinculados al petróleo de Malvinas, ¿qué hará cuando esos capitales también estén invertidos en empresas argentinas?
EL PROBLEMA NO ES GALPERIN: ES LA CONSISTENCIA
Hay que hacer una precisión importante: que determinados fondos o inversores tengan participaciones tanto en Navitas como en Mercado Libre no significa que Mercado Libre participe de la explotación petrolera en Malvinas ni que Galperin sea accionista de Navitas.
El dato relevante es otro.
El propio Gobierno anunció que las sanciones podrían alcanzar no solamente a las compañías que explotan hidrocarburos, sino también a accionistas, directores y proveedores vinculados con esas operaciones. Reuters confirmó que el alcance anunciado por Milei contempla justamente esa posibilidad.
Por eso el interrogante político es inevitable.
¿La motosierra jurídica va a alcanzar a todos por igual o solamente a quienes resulte conveniente señalar?
NAVITAS SIGUE ADELANTE
Mientras Milei endurecía su discurso, Navitas y Rockhopper respondieron que las licencias que utilizan para desarrollar Sea Lion siguen vigentes y que no esperan que las medidas argentinas tengan un impacto material sobre el proyecto.
El yacimiento tiene una dimensión gigantesca: se estima que contiene alrededor de 1.700 millones de barriles de petróleo y las empresas proyectan comenzar la producción en 2028. La primera fase contempla una inversión cercana a los US$2.200 millones.
Es decir: detrás de la disputa diplomática existe un negocio energético multimillonario.
Y ahora Milei asegura que va a enfrentarlo.
LA PELOTA ESTÁ EN LA CANCHA DEL GOBIERNO
Si la Casa Rosada sostiene que quienes participan del negocio petrolero de Malvinas deben ser sancionados, tendrá que explicar con precisión qué considera una vinculación alcanzada por la ley.
Porque una cosa es sancionar a Navitas y Rockhopper.
Otra muy diferente es establecer hasta dónde llega la responsabilidad de un fondo de inversión que tiene participaciones en distintas compañías.
Y una tercera cuestión es políticamente explosiva:
¿Qué pasa cuando una de esas inversiones termina alcanzando a una empresa que tiene como principal referente a uno de los empresarios favoritos del Presidente?
Ahí es donde el discurso de la cadena nacional deja de ser una consigna y empieza a necesitar respuestas concretas.
¿CAUSA MALVINAS O MARKETING POLÍTICO?
La reivindicación argentina de la soberanía sobre Malvinas es una política de Estado y no debería depender de quién ocupa la Casa Rosada.
Precisamente por eso, una cuestión tan sensible no puede transformarse solamente en una puesta en escena.
Si el Gobierno cree que la explotación petrolera en las islas viola los intereses argentinos, debe aplicar las leyes con la misma vara para todos.
Sin amigos.
Sin empresarios privilegiados.
Sin excepciones.
Porque si la amenaza es contra todos, pero cuando aparece el nombre de un empresario cercano al poder empiezan las excepciones, entonces la pregunta deja de ser jurídica.
Pasa a ser política.
¿MILEI VA A IR HASTA EL FINAL?
¿Sancionará a todos los involucrados que determine la ley, independientemente de sus conexiones empresariales?
¿O las Malvinas fueron nuevamente utilizadas como una bandera para la tribuna?
Porque si la soberanía se defiende solamente cuando sirve para una cadena nacional, pero se negocia cuando toca intereses cercanos al poder, entonces no estamos ante una política de Estado.
Estamos ante el viejo verso de siempre.
