¿Qué consecuencias puede tener sobre el actual Gobierno, y el futuro, la contundente presentación del Relator de Naciones Unidas? Los expertos analizan la gravedad de los hechos denunciados sobre la intromisión en el poder judicial que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri
“Lapidario”. “Muy duro”. “Muy importante”. “Un pedido de informes muy fuerte”. “Amerita una cuidadosa explicación por parte del Poder ejecutivo”. Estas son algunas de las primeras reacciones tras el reclamo de explicaciones al Gobierno de Mauricio Macri por parte del Relator para la Independencia de los Magistrados y Abogados de la Organización de Naciones Unidas, Diego García Sayán.
Página/12 consultó a letrados y juristas sobre las posibles implicancias y el impacto concreto que podría tener el pedido de informe que realizó el Relator de la ONU, tras la denuncia de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la Justicia Social) e Iniciativa Justicia. Representantes de las tres organizaciones habían sido recibidos en Lima por el funcionario, quien -en menos de cinco meses- habilitó el trámite y le reclamó explicaciones al Estado argentino sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial, señalando que los hechos denunciados tienen verosimilitud y son “fiables”. León Arslanián, Andrés Gil Domínguez y uno de los denunciantes, Maximiliano Rusconi, coincidieron en la contundencia del pedido de la Relatoría y afirmaron que no sólo interpela a la actual gestión, sino que es también un mensaje y una oportunidad para que el Gobierno entrante encare las reformas necesarias, para lograr una mejor administración del servicio de justicia.
“Es obvio que la naturaleza, gravedad y seriedad de los hechos denunciados amerita una cuidadosa explicación por parte del Poder Ejecutivo, que permita discernir acerca de su eventual responsabilidad”. Esto expresó el prestigioso jurista León Arslanián, quien consideró, además, que García Sayán hizo lugar al reclamo de las organizaciones argentinas “en atención a la consistencia” de las denuncias. La presentación advertía que “nuestro país atraviesa una de las peores crisis institucionales sobre el rol del Poder Judicial”.
¿Están conformes con la respuesta obtenida?, le preguntó este diario a Maximiliano Rusconi, uno de los abogados que había viajado a fines de Junio a Perú, para entregar personalmente la denuncia y el pedido de intervención. “El informe es lapidario. Muy duro. Naciones Unidas es un organismo muy medido, sometido a las reglas protocolares de la diplomacia. Pero en este caso pareciera no haber reparado en esas normas y es contundente”. ¿Qué nivel de importancia tiene o cómo se puede dimensionar? “La jerarquía institucional de la relatoría, y en lo personal de García Sayán, es muy importante. Es un jurista de enorme reconocimiento en toda la región, una de las voces más autorizadas en materia de derechos humanos. No es cualquier relator. Es un gran conocedor de las dificultades de la consolidación del Estado de Derecho en toda América latina.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez coincidió en señalar el prestigio del Relator. “Fue, entre otras cosas, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando un Relator analiza un pedido de informe de estas características es porque tiene acreditada cierta verosimilitud de los hechos denunciados, indicios de que podría haberse violado la independencia judicial”, marcó.
“Algunos de los hechos denunciados son injustificables. El caso Mahiques, por ejemplo. Era juez nacional y lo trasladaron directo a la Casación Penal, que es el máximo tribunal penal del país. El intento de nombrar a jueces de la Corte por decreto; el pedido público de juicio político al juez Ramos Padilla por parte del Presidente de la Nación; la persecución a jueces del fuero laboral calificados por el propio Macri como una ‘mafia’ y el apriete a los fiscales de la causa Correo”, enumeró Domínguez.
Mientras Rusconi destacó que el pedido de informe se haya realizado después de las elecciones presidenciales, ya que “quien quiera quitarle mérito por una cuestión electoral, tiene que hacer silencio”, Domínguez advirtió sobre el costo político que podría implicar. Después que el Estado argentino responda, García Sayán sacará sus conclusiones, explicó. “El informe final luego lo eleva al consejo de DD.HH. de Naciones Unidas. Si el relator ha verificado que nuestro país no justifica las violaciones a la independencia judicial se pagará un costo político muy fuerte ante la comunidad internacional”.
-¿Qué pasaría si Macri se va del Gobierno y no responde el pedido de informe, en los 60 días de plazo? ¿Quién paga el costo político?
A.G.D.:–Ese costo político lo paga el Estado argentino, pero bajo el período de quien gobernó. Si Macri fuera inteligente tendría que contestarlo antes de irse y dar su versión de los hechos. Si pierde la oportunidad de defensa y se la deja al próximo presidente, Alberto Fernández podría decir “sí, todo lo que dice la denuncia es cierto”.
M.R.:– Sería una vergüenza internacional que este Gobierno no conteste antes de irse. Y los dejaría muy mal parados como oposición.
-¿Qué implicancias concretas podría tener una condena a nuestro país por este tema?
A.G.D.:–En concreto, te puede exponer frente a la comunidad internacional como un Estado que no cumple con determinados Derechos Humanos. Y hacia adentro puede ser utilizado como un argumento fuerte en diferentes causas judiciales.
-Que la ONU haya señalado que los hechos denunciados son “fiables”, ¿puede ser un argumento para que el próximo Gobierno encare alguna reforma en el Poder Judicial?
MR — Sí. Le da una fuente de legitimidad al que viene para las decisiones que tenga que tomar. Ahora lo dice Naciones Unidas, ya no es sólo una denuncia de algunos sectores. Y este informe podría ser una buena plataforma, un buen mapa de lo que tiene que hacer la administración entrante.
A.G.D.:– Sí. Es un elemento de piso mínimo exigente para el próximo Gobierno. No solo es una advertencia a la gestión que se va, sino a la que viene.
(De Página/12)