Transporte extendió por tres años más la vigencia de la habilitación de los colectivos modelo 2012, que ya cumplieron diez años de servicio. Deberán realizar revisiones técnicas cada cuatro meses. La medida, tomada a solicitud de las cámaras del sector, busca aliviar a las empresas que veían comprometida la posibilidad de renovar su parque móvil.

El Ministerio de Transporte de la Nación extendió la antigüedad máxima de los colectivos urbanos, suburbanos e interurbanos y de los vehículos afectados a los servicios de oferta libre.

La medida quedó oficializada con la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones 90 y 91/2022 de la Secretaría de Gestión del Transporte, a cargo de la viceministra Jimena López.

Las unidades modelo 2012, que tenían habilitación hasta 2022, podrán seguir circulando por un plazo de tres años a contar desde el vencimiento de su habilitación. En tanto que las unidades modelo 2010 podrán seguir circulando por un año más. En todos los casos, los vehículos deberán realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada cuatro meses. Medidas similares habían sido implementadas con modelos 2009, 2010 y 2011 en años anteriores.

La decisión responde a un pedido de las cámaras empresarias (CETUBA y CEAP, entre otras), que solicitaron la prórroga ante “la delicada situación económica por la que atraviesa el país” y las dificultades que atraviesa el sector, potenciadas por el impacto de la pandemia, los mayores costos operativos y las dificultades para renovar las unidades más antiguas. 

Transporte decidió hacer lugar al pedido luego de que la Comisión Nacional del Transito y la Seguridad Vial, que opera en el ámbito de la Subsecretaría de Transporte Automotor, indicara que “desde el punto de vista técnico, se ha podido evaluar a lo largo de estas dos décadas que las unidades con una antigüedad de hasta 13 años, bajo un régimen de control estricto de revisiones técnicas obligatorias cada cuatro meses, no presentan problemas de seguridad para el normal desenvolvimiento de los servicios”.

La implementación de esta medida supone un alivio temporal para algunas empresas que veían comprometida la posibilidad de renovar las unidades que ya habían cumplido o superado los diez años de antigüedad.

Cabe recordar que la extensión de la antigüedad máxima de las unidades de transporte público más allá de los diez años reglamentarios no es una novedad: históricamente ha sido implementada en tiempos de crisis para permitir la continuidad de la operación sin resentir los servicios.

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