El veto total de Javier Milei a la modificación de la fórmula jubilatoria podría anticipar un clima social y político menos amigable que aquel del que, aún con la brutal recesión que atraviesa el país, disfrutó en los primeros meses de mandato. La hipótesis de éxito del programa económico depende de una cantidad de factores –tanto económicos como políticos y sociales– que hacen dudar de sus posibilidades y ponen un margen de dudas sobre la sostenibilidad, incluso, de la situación presente.
La decisión de vetar la fórmula jubilatoria aprobada por el Congreso evidencia muchos de los problemas estructurales que el Gobierno enfrenta, y es reveladora de sus prioridades. El cambio de la fórmula que Milei aprobó por decreto respecto de la que estaba vigente durante el mandato peronista –que reaccionaba a la inflación en forma trimestral considerando el crecimiento de la recaudación y de la evolución del salario, lo cual suponía retrasos significativos en el ajuste de las prestaciones en contexto de inflación alta– significó objetivamente un aumento entre marzo y junio, que la consultora Symfonia calcula en alrededor de treinta puntos porcentuales –que luego se amesetarían y mantendrían constantes hasta final del año–. Con la misma trayectoria, la consultora calcula en 38% el aumento desde marzo (siempre sin bonos) bajo la fórmula que aprobó el Congreso. Paradójicamente, con una trayectoria en serrucho que hubiera supuesto un gasto en jubilaciones mucho menor a lo largo del período, el recorrido con subas y bajas con la fórmula vigente durante el gobierno de Alberto Fernández, hubiera logrado un valor punta a punta 46% más alto a fin de año que en marzo, con consecuencias explosivas de cualquier crecimiento económico que se produjera en 2025.
Los legisladores respetaron en parte el gambito de Milei de poner y conceder algo hoy para no gastar más en el futuro, pero quitaron la trampa que hizo el actual Gobierno y nivelaron por los meses iniciales del año, cuando el ajuste era definido por la licuación de las prestaciones. Para compensar aquello, la fórmula vetada prevé un ajuste adicional retroactivo de 8,1%. Milei señala que las jubilaciones están un 5% por encima del –paupérrimo– nivel del año pasado. De acuerdo a la consultora Equilibra, la jubilación media habría subido 9,5%. Sin embargo, señala que la mínima, que cobra el 40% de los beneficiarios, se encuentra 2,5% debajo del último año y terminaría diciembre, considerando los bonos, un 4% por detrás del último año. Con la fórmula vetada, la consultora estima la prestación mínima subiendo un 2% real. Equilibra calcula el costo de la medida, si se convirtiera en ley, en 0,3% del PIB para 2024 y 0,9% en 2025. El impacto fiscal, si fuera así, parece similar con lo que el Estado dejará de recaudar por el final del impuesto PAIS.
La comparación entre la rebaja del impuesto y el veto a la fórmula jubilatoria tiene sentido. Un Gobierno que dice que no negocia el superávit y que acuñó el término “degenerados fiscales” para quienes intentan mejorar las prestaciones, se priva de los ingresos de un tributo que viene compensando gran parte de la caída real de la recaudación causada por la recesión. Las prioridades en este caso son claras y obedecen a una decisión política. El Gobierno demuestra, una vez más, que antes que la consistencia discursiva y macroeconómica prioriza seguir mostrando resultados en materia de desinflación. La baja de costos empresariales debería tener efectos significativos para los consumidores, pero en una sola ronda. Es decir que no sería estructuralmente desinflacionaria sino de una sola vez, aunque en Economía esperan que eso contribuya a sostener la inercia en la baja de la inflación, que parecía encontrar su techo. Poco importa que la medida presione sobre los dólares y la cuenta corriente, promoviendo las importaciones, si resuelve algún problema de corto plazo. Por esto mismo, tampoco es probable que el Gobierno convierta la rebaja de este impuesto distorsivo en una manera de compensar en algo la devaluación y reducir los niveles de atraso cambiario por la apreciación real de la divisa.
Las dos medidas –el veto y la reducción de la alícuota de importación– son ilustrativas no sólo de las prioridades políticas del Gobierno sino de los problemas de su política económica y monetaria. Un programa de estabilización consistente suponía sin dudas un shock inicial –con devaluación, ajuste fiscal y corrección de tarifas– similar al que ejecutó la administración Milei. Sin embargo, desde allí para acá, todos los valores que debían ponerse en orden en un programa de desinflación vienen comportándose de maneras indeseables. Ausente una política de ingresos –acuerdos de precios, salarios y tarifas tras la corrección inicial para desindexar la economía–, la desinflación está impulsada por la apreciación cambiaria, el dólar subiendo sistemáticamente por debajo del nivel de precios en pesos. Los problemas de sostenibilidad del tipo de cambio suelen obligar, en algún momento, a devaluar para corregir, lo cual corta la inercia del proceso desinflacionario y puede devolver todos los esfuerzos para bajar la inflación a fojas cero. En una larga entrevista con El Economista, exministro de Economía de Michelle Bachelet y actual decano de la escuela de política pública de la London School of Economics, Andrés Velasco, señaló su opinión de que el tipo de cambio no está hoy en equilibrio y anticipó que traería una corrección nominal o bien un proceso de deflación, con sus enormes consecuencias recesivas. De momento, el Gobierno se aferra al cepo, que ya prolonga su sombra más allá del final del año. Las declaraciones entusiastas de Mathias Cormann, titular de la OCDE de visita en Argentina, sobre el eventual ingreso del país a ese espacio institucional, omitieron que dicha membresía es incompatible con los controles de capitales.
A su vez, la desinflación en contexto recesivo supone sacrificios que las personas aceptan, a regañadientes y por plazos relativamente cortos. El cambio de prioridades que recogen las encuestas, de la inflación a la pobreza y el desempleo, es un indicador de que la buena imagen que conserva Milei disimula sólo en parte. Pero el actual programa, justamente por la apreciación cambiaria, depende de la recesión y de su efecto sobre la demanda de importaciones y los viajes al exterior –para evitar problemas de posibles déficits externos–, en la cuenta corriente, que signifiquen una sangría de dólares que acompañe cualquier recuperación. El dilema entre un repunte económico y salarial por la desinflación, y la falta de dólares y la apreciación cambiaria, aparece entonces diabólico para un Gobierno que transita entre la pérdida de sostenibilidad económica y política, y que, contrariamente a la prédica, cuando tuvo que elegir, eligió siempre su sostenibilidad política, postergando correcciones en el tipo de cambio, reduciendo el impuesto PAIS y hasta pisando un poco el ritmo de aumento de tarifas, poniendo un manto de duda sobre la sostenibilidad cambiaria, el riesgo país y la situación fiscal.
Respecto a este frente, el último informe de la consultora Audemus señala que luego de un primer trimestre de muchísima licuación de gastos, el onus del ajuste hoy pasa por la motosierra. La caída del gasto de capital –la inversión pública– explica el 41% del ajuste del gasto, y el recorte de las transferencias a provincias (12%) y universidades (4%), completan más de la mitad del total del ajuste. El enfoque tiene problemas. Si bien el recorte de la inversión pública es un recurso habitual para disminuir el gasto, evitando hacerlo en mayor medida sobre el consumo directo vía salarios y prestaciones, la situación de la logística y la infraestructura es uno de los grandes desafíos estructurales para la competitividad argentina. Del mismo modo, con los actuales niveles de recorte en las transferencias, cualquier atisbo de reforma en los impuestos distorsivos, anti valor agregado que aseguran las arcas provinciales –sellos, y especialmente ingresos brutos– aparece como una utopía imposible, y hace probable, incluso, que no tengan otra opción que aumentarlos.
En suma, demasiadas inconsistencias como para esperar que las compense un boom inversor en el sector extractivo que, RIGI mediante, sigue siendo la mejor esperanza de un Gobierno que espera esos dólares y los que pueda aportar una victoria de Donald Trump, como el agua en el desierto. La victoria de Alternativa por Alemania (AfD), un partido calificado como extremista y vigilado por la policía alemana por sus vínculos con eslóganes neonazis, pero económicamente influido por las mismas ideas que sedujeron en su momento a Milei, alimenta las esperanzas de que la ola global se sostenga. AfD, Trump y Milei comparten oportunas manifestaciones de apoyo del dueño de X, Elon Musk. La autopercepción del presidente respecto de su propio rol político se fortalecerá con dos eventos regionales. Uno, el Foro de Madrid, en septiembre, con el agrupamiento ultraderechista que Milei comparte con los españoles de Vox, el chileno José Antonio Kast y otros referentes conservadores regionales; y otro, en el Comité de Acción Política Conservadora, actualmente el principal foro del ala derecha del Partido Republicano, del que participa anualmente Trump, y de reciente proyección global, con encuentros en Hungria y Brasil. Milei participaría de una reunión que tendrá centro en Argentina, y se realizaría en la tercera semana de noviembre, luego de la elección en los Estados Unidos.
Ante la falta de agenda alternativa, las vacantes para la Corte se transformaron en el monotema del sistema político argentino. La noticia de las últimas horas es que dos de los senadores a los que se señalaba como votos seguros en la Comisión de Acuerdos para el pliego de Ariel Lijo, como Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, están en modo wait and see lo que haga Cristina. En el caso de Tagliaferri, el argumento formal radica en la ausencia de mujeres. “No vamos a pagar un costo si los K no ponen los votos”, dicen en el entorno de Lousteau.
Los K, en rigor a la verdad, hacen referencia a Cristina Kirchner. Con una tolerancia a la tensión superior a los soldados de la batalla de Stalingrado narrada brillantemente por Antony Beevor, CFK se replegó en las últimas horas, hizo entrar en crisis al Gobierno y volvió a tomar la centralidad del debate parada sobre sus 33 senadores. Según el oficialismo, el kirchnerismo pide la ampliación de la Corte para negociar las vacantes. “Es la garantía de que no salga nada”, dicen cerca de Milei. La Casa Rosada no está dispuesta a sacrificar a ninguna de sus dos propuestas aunque hace tiempo, en privado, reconocen la dificultad casi irremontable de García Mansilla. “La alternativa a esto es que lo corran a Santiago y venga Macri: ahí pasa a ser un problema de la Jefa”, reflexionan cerca de Caputo ante #OffTheRecord.
Otro tema del ámbito local -en el que el Gobierno, aparentemente, se mostró prescindente- tiene que ver con la presidencia del Consejo Federal de Inversiones. A última hora de ayer, en una comunicación firmada por Gildo Insfrán -que estuvo reunido en la semana con CFK negando que estuviera detrás de los epítetos de José Mayans-, los gobernadores piden una “convocatoria a Asamblea Extraordinaria para el próximo martes a las 10 hrs a los fines de dar tratamiento en forma presencial al siguiente orden del día: 1) Designación del Secretario General; 2) Solicitud de incorporación al Consejo Federal de Inversiones de la Provincia de San Luis”.
Si bien el CFI es un elemento desconocido para el gran público, es un lugar muy importante para las provincias. En este caso, las novedades son dos: la primera, la vuelta al redil de San Luis, la única provincia ausente. La otra, quién conducirá el CFI durante los próximos cuatro años. Los gobernadores decidieron ser ellos –y no delegar en sus ministros– quienes tomen la decisión.
El actual secretario general, Ignacio Lamothe, es un hombre vinculado históricamente a Juan Carlos ‘Chueco’ Mazzón con quien trabajó durante 10 años y luego recayó en el Ministerio del Interior a través de Eduardo ‘Wado’ de Pedro a quien conocía de Mercedes. Lamothe cosecha apoyos por fuera del peronismo basados en la gestión y no tiene impugnaciones, reconocido ante #OffTheRecord incluso por quienes no van a acompañarlo. Su rival más importante es Sebastián García de Luca, ex viceministro del Interior de Rogelio Frigerio durante la administración Cambiemos, y hoy sponsoreado por Mauricio Macri, que llamó personalmente a empresarios y gobernadores para pedir por él.
Last but not least, son varias las voces que empiezan a mirar el mundo de los Seguros, pero ahora en esta administración. Un caso emblemático es el que vincula a Juan Pazo con Sancor Seguros por Invernea, el fideicomiso financiero que la mano derecha de Luis ‘Toto’ Caputo creó luego de su anterior paso por la administración pública. De ahí deviene el vínculo con el superintendente de Seguros, Guillermo Plate. Este proxy generó un revuelo a comienzos de año cuando, a pedido de Sancor, lograron eximir el servicio de grúas en las prestaciones algo que, por el impacto social, se retrotrajo. Lo que aún no dio marcha atrás fue la póliza de Gendarmería que Héctor Martínez Sosa le llevó a Sancor cuando veía la derrota del peronismo en el horizonte cercano.
Iván Schargrodsky | Cenital