El fiscal Franco Picardi pidió determinar si la ministra de Seguridad de la Nación usó sus atribuciones para coaccionar y administrar el conflicto entre comunidades originarias y propietarios de tierras en la Patagonia. Apuntó a negocios inmobiliarios y de lucro relacionados con funcionarios.

En su presentación a la jueza titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, María Eugenia Capuchetti, el fiscal pidió compulsar otro expediente en el que se investigan hechos de espionaje a la familia Maldonado, que podrían ser de interés para la causa, iniciada por una denuncia de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH).

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió investigar si se realizaron tareas de inteligencia ilegal, en coordinación con Carabineros de Chile para involucrar falsamente a personas, y «construir en la figura del RAM una categoría de guerrilla o grupo terrorista inexistente, para justificar la represión de comunidades indígenas». Además, si los funcionarios de Macri utilizaron recursos estatales para manipular investigaciones penales, y encubrir su responsabilidad en ellas.

En la denuncia, la APDH destaca la actuación de fuerzas de seguridad sin orden judicial en determinados conflictos, la realización de tareas de inteligencia ilegal, la creación de un falso enemigo interno -la Resistencia Ancestral Mapuche (R.A.M)- y los hechos que culminaron con la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.A su criterio, los funcionarios del Ministerio utilizaron de forma ilegal y excediéndose en sus facultades la figura de flagrancia, apuntando a una resolución violenta de los conflictos que terminó en muertes en muchos casos; para luego intentar influir en las investigaciones en curso, sustrayéndose de su responsabilidad y la de otros miembros de las fuerzas de seguridad en ellos.

Se agregó que la planificación ilícita tendría también una intención de disciplinamiento de aquellos sectores que no concuerdan con el poder.

Pidió dilucidar si además, en el marco de dicha organización, se llevaron adelante tareas de inteligencia ilegal, entre ellas, aquellas efectuadas en coordinación con Carabineros de Chile, para involucrar falsamente a personas en actividades ilícitas, así como a construir en la figura del R.A.M. una guerrilla o grupo terrorista inexistente o sobredimensionada adrede, para justificar la represión de comunidades indígenas y/o el cercenamiento de sus derechos constitucionales.

Además, establecer si mediante un acuerdo entre los funcionarios, una vez producidos hechos ilegales y/o incluso muertes luego de estas actuaciones presuntamente irregulares, “han utilizado los recursos estatales para entorpecer y manipular las investigaciones penales en curso, encubrir su responsabilidad así como la de miembros de las fuerzas de seguridad, e instalar versiones falsas e inexactas de los sucesos”.

Finalmente, el Fiscal Federal sugirió a la Jueza María Eugenia Capuchetti la realización de medidas de prueba, tales como declaraciones testimoniales, recopilación de documentación pertinente y pedidos de colaboración internacional.

Como la pesquisa se encuentra orientada a investigar la existencia de graves violaciones a los Derechos Humanos vinculadas con la utilización arbitraria por parte de funcionarios del poder estatal y con el objeto de cercenar derechos constitucionales, el fiscal estimó que se encuentran dadas las condiciones para tener a la APDH por querellante en la causa.

Fuente: Minuto Uno