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CONGRESO: EL DEBATE POR LAS PASO, EL FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS Y LAS COLECTORAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne mañana a las 15 con el objetivo de dictaminar el proyecto de reforma electoral integral que el Poder Ejecutivo envió en abril al Congreso. 

Por qué importa. 

El oficialismo busca firmar un dictamen de mayoría para llevar la iniciativa al recinto el jueves 26, a dos semanas del cierre de las sesiones ordinarias. El proyecto apunta a la suspensión de las PASO, modificar el financiamiento de los partidos y habilitar “colectoras” para cargos menores.

En detalle. 

La estrategia del Gobierno apunta a obtener media sanción en la Cámara alta antes de diciembre y tratarla en extraordinarias en Diputados. El texto que circula en los despachos modifica el proyecto original. En lugar de la eliminación definitiva de las PASO, propone su suspensión transitoria para 2027. 

La selección de candidatos nacionales queda en manos de cada partido, según sus cartas orgánicas o los reglamentos de las alianzas. El Gobierno argumenta el ahorro fiscal -estimado en torno a los U$S 250 millones- y la reducción de jornadas electorales. La oposición y algunos aliados sostienen que se trata de una herramienta para impedir que se ordene la oferta electoral más allá de lo que pretende el presidente.

Profundizá.

Financiamiento.

El borrador mantiene el Fondo Partidario Permanente para el funcionamiento de las agrupaciones. El aporte público anual se distribuiría un 20% de forma igualitaria y un 80% en proporción a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, con un piso del 1% del padrón. Los partidos podrían renunciar a ese aporte. En cambio, se eliminarían los aportes públicos específicos para las campañas electorales y se elevaría el tope de contribuciones privadas de una misma persona física o jurídica del 2% al 35% del monto que surja de multiplicar el valor del módulo electoral por la cantidad de electores. También se incorporarían restricciones más estrictas para donantes vinculados a delitos, y se mantiene la prohibición de aportes de concesionarios del Estado, gobiernos extranjeros o sindicatos.

Colectoras. 

Hay polémica por las listas compartidas. El proyecto permite que una fórmula presidencial nacional aparezca acompañada en un mismo distrito por dos columnas legislativas distintas: la de su propio partido y la de un partido de un distrito que no respalde a otra candidatura presidencial. La fórmula presidencial se muestra una sola vez, abarcando el ancho de ambas columnas, y los votos legislativos se computan por separado. El límite es de dos columnas por distrito. Esta modalidad, que fue eliminada por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri por motivos de transparencia, reaparece ahora como herramienta de negociación con aliados provinciales. Permite que fuerzas locales mantengan identidad y listas propias de legisladores mientras respaldan la candidatura presidencial de La Libertad Avanza.

Gobernadores.

Detrás de estos ajustes está la negociación que encabeza el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores. El intercambio central es paz territorial a cambio de votos para suspender las PASO. Santilli y el entorno de Karina Milei ofrecieron a mandatarios radicales y de otros espacios que La Libertad Avanza no presente candidatos propios a gobernador ni arme listas competitivas que pongan en riesgo sus reelecciones o sucesiones en las provincias. A cambio, esos gobernadores deben instruir a sus senadores para acompañar la suspensión. Algunos mandatarios reclaman un acuerdo por escrito ante la desconfianza por incumplimientos previos. La habilitación de colectoras forma parte del mismo paquete: facilita que los aliados sumen legisladores sin diluir su estructura territorial.

Poroteo.

El oficialismo necesita 37 votos en el recinto (mayoría absoluta exigida para reformas electorales) y cuenta con 21 senadores propios. En la comisión, integrada por 19 miembros, busca reunir las firmas necesarias con el apoyo de radicales y de Provincias Unidas. El peronismo anticipó su rechazo. El sector de Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, mantiene cautela sobre los números, mientras Santilli acelera negociaciones para llegar con los acuerdos. Mañana intentarán cerrar el dictamen de mayoría, y el resultado dependerá de si las garantías territoriales que ofrece el Gobierno resultan suficientes para destrabar los votos que responden a los gobernadores.

Corta

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