El Gobierno fijó para el 17 de diciembre el traspaso del 90% de AySA por US$ 340,2 millones, que se destinarán a pagar deuda. Dos de sus principales proveedores pasarán a ser accionistas, mientras se prepara una nueva segmentación tarifaria.
El Gobierno de Javier Milei avanza con una de las operaciones más relevantes de su programa económico: el traspaso del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) a un consorcio privado que abonará US$ 340,2 millones por el control de la compañía. La medida le permitirá al Ministerio de Economía sumar divisas antes de enfrentar compromisos de deuda pública previstos para enero de 2027.
La operación también marcará un giro en la estructura societaria de la empresa. Walter Román y Mauricio Filiberti, dos de sus principales proveedores de bienes y servicios, pasarán a integrar el grupo de accionistas. El ingreso se concretará a través de sociedades vinculadas a ambos empresarios y de un vehículo de inversión internacional, mientras que una firma brasileña aportará experiencia técnica para la gestión del servicio.
Cuándo se concretará la privatización de AySA
La transferencia de las acciones estatales está prevista para el jueves 17 de diciembre, fecha en la que se formalizará el ingreso de los nuevos propietarios. AySA presta los servicios de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense, por lo que el cambio de control alcanzará a una de las principales prestadoras de servicios públicos del país.
El cronograma original contemplaba que la operación se concretara este viernes 13 de noviembre, junto con una Asamblea de Accionistas destinada a aprobar la gestión del directorio y formalizar la salida del actual presidente de la compañía, Alejo Maxit. Sin embargo, los equipos legales de ambas partes pidieron una prórroga para completar los procedimientos jurídicos necesarios antes de efectuar la transferencia.
En las próximas horas se espera la publicación de una resolución en el Boletín Oficial para formalizar el cambio de accionistas y establecer las condiciones administrativas de la operación. La postergación no altera el esquema de venta previsto: busca, en cambio, completar los trámites pendientes para concretar el traspaso.
La privatización de AySA forma parte de la estrategia oficial para reducir la participación del Estado en empresas públicas, atraer capital privado y obtener recursos extraordinarios. Además, la operación tendrá un efecto financiero inmediato, ya que los fondos ingresarán al Tesoro antes de los próximos compromisos de deuda.
Qué hará el Gobierno con los US$ 340 millones de AySA
El consorcio comprador deberá transferir US$ 340,2 millones al Ministerio de Economía antes de asumir el control de AySA. El equipo de Argentina y de Luis Caputo prevé utilizar esas divisas para cubrir una parte de los vencimientos de bonos de la deuda pública programados para el 9 de enero de 2027, una fecha clave para las necesidades de financiamiento del Tesoro.
El ingreso de los dólares se producirá en un momento en el que el Gobierno busca fortalecer su capacidad de pago y reducir las necesidades de financiamiento. Aunque la operación no cubre la totalidad de los compromisos previstos, sí representa una fuente adicional de divisas que permitirá afrontar parte de las obligaciones sin recurrir exclusivamente a otros mecanismos financieros.
La venta de AySA no será la única operación que el Ministerio de Economía pretende aprovechar para obtener recursos. Según las estimaciones oficiales, el resto de las privatizaciones podría generar otros US$ 1.500 millones durante 2027, en el marco de un programa más amplio de transferencia de activos estatales al sector privado.
De esta manera, el Gobierno busca combinar dos objetivos: avanzar con la privatización de empresas públicas y conseguir dólares para atender los vencimientos de deuda. La concreción de AySA será una de las primeras pruebas de esa estrategia, tanto por el monto involucrado como por las características del consorcio que asumirá el control de la compañía.
Quiénes son los nuevos dueños de AySA
El consorcio adjudicatario está integrado por cuatro sociedades: PHX Aqua, con el 55% de participación; Rowing, con el 20%; Arcos Saneamento e Participações, con el 15%; y Transclor, con el 10%. La estructura combina vehículos de inversión, empresas vinculadas con proveedores locales y una compañía brasileña con experiencia en el sector sanitario.
La participación mayoritaria corresponde a PHX Aqua, una sociedad creada en agosto, apenas un mes antes de la presentación de las ofertas. Según la información disponible, fue constituida con un capital social inicial de una libra esterlina en Inglaterra y un euro en los Países Bajos, y está vinculada con Phoenix Global Investment Fund, un fondo constituido en Curaçao. En el mercado argentino señalan que detrás de esa estructura se encuentran Román y Filiberti.
Los otros dos vehículos locales también están relacionados con esos empresarios. Rowing pertenece a Walter Román y Transclor está vinculada con Mauricio Filiberti, quienes hasta ahora se desempeñaban como proveedores relevantes de AySA en actividades como ingeniería, reparaciones, suministro de energía eléctrica y provisión de cloro. Con la privatización, ambos pasarán a participar del capital de una empresa con la que ya mantenían relaciones comerciales.
Por su parte, Arcos Saneamento e Participações tendrá un rol ligado a la operación técnica del servicio. La firma brasileña cuenta con experiencia en el sector de agua y saneamiento de Río de Janeiro, un antecedente que el consorcio utilizará para gestionar la prestación en el área metropolitana de Buenos Aires.
Qué pasará con las tarifas de AySA
El cambio de propietarios se producirá en un contexto de reordenamiento financiero de la compañía. Según fuentes del mercado, AySA dejó de registrar déficit, aunque sus tarifas todavía presentan un atraso cercano al 10% en dólares respecto de la fórmula de actualización prevista originalmente. Esa diferencia será uno de los principales desafíos para la nueva conducción.
Además, en las próximas semanas se prevé la aprobación de una nueva segmentación tarifaria por barrios, que permitiría generar aproximadamente $140.000 millones adicionales de ingresos anuales. De acuerdo con la propuesta oficial, esos recursos tendrán como destino exclusivo financiar la ampliación de la tarifa social, destinada a los usuarios que necesitan asistencia para afrontar el costo del servicio.
Así, la privatización de AySA combinará un cambio de control empresario, el ingreso de US$ 340,2 millones para el Tesoro y una reorganización del esquema tarifario. Con el traspaso previsto para el 17 de diciembre, el Gobierno busca cerrar una operación que le permitirá obtener dólares antes de los vencimientos de enero, mientras los nuevos accionistas asumirán la administración de un servicio esencial para millones de usuarios del área metropolitana.
