La Corte Suprema de Justicia está envuelta en nubes de humo, por una causa sin gravedad institucional y con mínimo interés tributario para el Estado. Lo que existe en ese expediente son poderosos intereses económicos, que tienen buenos defensores en el tribunal, como su presidente Carlos Fernando Rosenkrantz. Al mismo tiempo, la Corte cajonea los recursos presentados por la Vicepresidenta CFK, donde se exponen graves violaciones al debido proceso y el derecho de defensa y no hay plazos que la obliguen a pronunciarse. Estos episodios ofrecen una nítida radiografía sobre el funcionamiento del máximo tribunal del país, sin cuya reforma es probable que naufraguen los demás proyectos del Poder Ejecutivo, que en los próximos días deberían ingresar al Congreso, si se cumpliera el anuncio que el Presidente Alberto Fernández formulara el 1° de marzo al inaugurar el periodo ordinario de sesiones. Fuentes oficiales afirman que el proyecto ya está redactado y que sólo falta ajustar pequeños detalles. Incluye la fusión de distintos fueros: contencioso administrativo federal con civil y comercial federal (como ocurría hasta hace unas décadas), federal penal con penal económico y con parte de penal de instrucción. La otra parte de penal ordinario pasaría a la capital autonomista y las modificaciones en el funcionamiento de la Corte Suprema quedarían para más adelante.

Concentración y extranjerización

Durante la dictadura del general Juan Carlos Onganía, el gran periodista Rogelio García Lupo publicó en el Semanario CGT una investigación titulada Cómo nos fumaron la industria del tabaco. Allí relató el proceso de concentración y extranjerización de la actividad, que concluyó poco después con el desplazamiento de todos los fabricantes argentinos y el establecimiento de un duopolio, formado por las multinacionales Philip Morris-Massalin Particulares, estadounidense, y Nobleza Piccardo, británica. Desde entonces, ambas concentraron el 90% del mercado.

A partir de la crisis de fin de siglo, algunas pequeñas tabacaleras se forjaron un nicho en ese mercado con cigarrillos de bajo costo, comenzando por el azotado conurbano bonaerense. Pero en 2017, el entonces Presidente Maurizio Macrì promulgó una nueva ley de impuestos internos, que rebajó las alícuotas para las marcas más caras del duopolio y las incrementó para los cigarrillos low cost, al establecer un impuesto mínimo por paquete, que se actualiza cuatro veces al año por inflación, un privilegio que pocos sectores consiguieron. De este modo achicó la diferencia de precios, protegiendo a quienes se llevan la parte del león.

Uno de los productores pequeños, Tabacalera Sarandí, obtuvo una medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley a sus productos hasta que se resolviera la cuestión de fondo, que es su pedido de inconstitucionalidad de tres artículos de esa ley. Luego de un rechazo en primera instancia, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal concedió la medida hasta que se dicte la sentencia definitiva o hasta que se cumplan los seis meses que puede durar una cautelar contra el Estado. La AFIP llegó a la Corte Suprema en queja, luego de que la Cámara rechazara su recurso extraordinario.

Lo razonable en un caso semejante sería rechazar la queja porque no se opone a una sentencia definitiva o porque al vencer el plazo semestral la cuestión se tornó abstracta, y dejar que el caso siga su curso en las instancias inferiores. Pero el presidente de la Corte dispuso que se solicitara opinión a la Procuración General. A instancias de quien ocupa el cargo en forma interina, Eduardo Casal, la procuradora de derecho público no penal, Laura Monti, dictaminó que debía rechazarse la cautelar, porque no estaba demostrada la verosimilitud del derecho invocado, lo cual constituye una afirmación subjetiva, ni el peligro en la demora. En otras causas, Monti favoreció el tarifazo del gas (dictaminando que debía pasar a otro fuero) y el blanqueo de capitales por parte de los familiares del Presidente (negando personería para impugnar el decreto al entonces diputado denunciante, Felipe Solá). Rosenkrantz firmó un voto de acuerdo con la opinión de Monti.

Su lugar

Rosenkrantz dijo que Corrientes era su lugar en el mundo, durante un Congreso de Derecho Administrativo realizado allí en 2018. Explicó que su madre es correntina y que hasta hoy su familia materna vive allí. Además, está vinculado con la UCR provincial y fue abogado del gobierno de la provincia. En Goya, Corrientes, tiene una de sus mayores plantas Philip Morris-Massalin Particulares, que amenazó con cerrarla y despedir a sus trabajadores como forma de presión. También el intendente de Goya pidió a la Corte Suprema que revoque la medida cautelar obtenida por Sarandí. En apariencia, el presidente del tribunal defiende el interés público, ya que la cautelar se dictó contra una medida de la AFIP y del ministerio de Salud de la Nación. En los hechos, la maniobra para voltearla es impulsada por los gigantes del negocio, Philip Morris-Massalin Particulares y British Tobacco-Nobleza Picardo, que no desean ceder ni un punto de su control oligopólico del mercado y son terceros interesados en el litigio, en apoyo de la AFIP. El ex secretario de Salud Adolfo Rubinstein dijo que “una de las medidas más disuasorias y efectivas contra la adicción y el consumo de tabaco son los impuestos; que no tienen solo un aspecto recaudatorio, sino que se comprueba que ayudan a aumentar los precios, ayudan a alejarse del tabaco y por ende tienen un impacto directo en la salud pública». Un bello principio general que no se verifica en este caso, porque la reducción de la alícuota del 75% al 70% no deriva en un aumento de precios. Tampoco explicó por qué los cigarrillos del duopolio serían menos dañinos para la salud.

Todas las partes juegan fuerte, pero el poder respectivo es asimétrico. La tabacalera estadounidense impulsó a fines del año pasado un proyecto de declaración de la Cámara de Diputados, cuyo principal argumento es que si los cigarrillos son más baratos se incrementa su consumo entre los más pobres y eso daña la salud pública. Como demostración de su poder de lobby, entre otros firmaron el proyecto legisladores del PRO (Martín Grande), la Coalición Cívica Libertadora (Vera González Orieta), la UCR (Eduardo Brizuela del Moral, José Cano), pero también del Frente para la Victoria (Napoleón Leavy, el actual ministro de Agroindustria Luis Basterra) y del justicialismo (Pablo Kosiner). Para la defensa pública de sus intereses, Sarandí contrató al hiperactivo periodista español Paco Mármol, quien fue el representante de Telefonica en Telefé. Sus piezas publicitarias muestran que la ley impositiva del macrismo agrede a la pequeña industria nacional, en beneficio de las mayores compañías internacionales. Mármol escribió que “el Imperio Philip Morris-Massalín es la mayor empresa tabacalera del mundo, con una facturación anual de unos 80.000 millones de dólares y unos beneficios de más de 7.500 millones de dólares en 2019”. Pero además la empresa denunció ante la Justicia federal a altos funcionarios de Macrì, quienes utilizaron reportes e información desactualizada y falsa, para “favorecer prácticas monopólicas, y que además obtienen voluntades de funcionarios que no defienden los intereses de un país, sino de empresas extranjeras acostumbradas a girar cientos de millones de dólares por año, durante muchas décadas». La ley sería un traje a medida para el duopolio. Entre esos funcionarios hay algunos de estrecha vinculación con Rosenkrantz. Por eso, en la República Autónoma del Cuarto Piso, se ironiza que las grandes tabacaleras llegan a la Corte con Abogado Federal Suficiente, un juego de palabras a partir de la jerga sobre el recurso extraordinario.

Cuando su hija, Julia Rosenkrantz, ingresó al mayor estudio del país, Marval, O’Farrell & Mairal, el presidente de la Corte notificó que se excusaría en todas las causas que llegaran desde allí. Pero no lo hizo. Philip Morris-Massalin Particulares es un cliente histórico de Marval. Para que fuera menos evidente, el abogado del estudio, Gustavo Grinberg, abrió su propio bufete de modo de seguir representando a la tabacalera estadounidense. En el buscador de causas judiciales del fuero contencioso administrativo del Poder Judicial, el estudio Marval O’Farrell y Mairal sigue representando a Massalin en todas las causas tributarias.

El otro tercero interesado es British Tobacco-Nobleza Picardo, representado en esta causa por Alberto Tarsitano, quien habitualmente comparte asuntos con Gabriel Bouzat, el socio histórico de Rosenkrantz, tal como se aprecia en este documento de la Corte Suprema.

Como si todo esto no fuera suficientemente escandaloso, el Secretario Gustavo Naveira, quien redactó el borrador contra la cautelar por indicación de Rosenkrantz, contrató en diciembre de 2019 como secretaria letrada a Diana Queirolo, la abogada patrocinante de la AFIP contra la cautelar de Tabacalera Sarandí.

Estos no son sólo los sótanos de la democracia, además están cubiertos por aguas servidas. Sólo la política puede sanear la charca en que estas personas han convertido a la Corte Suprema.

Distinta vara

En cambio, cuando el diputado Máximo Kirchner llegó a la Corte con un recurso extraordinario porque la AFIP pretendía cobrarle impuestos sobre bienes intervenidos por decisión judicial, la decisión de Rosenkrantz fue la opuesta. Primero escondió el recurso en el cajón más profundo. Cuando El Cohete lo puso en evidencia, instruyó a Naveira para que bocetara el rechazo por no constituir sentencia definitiva, como primera opción, o que lo enviara a la Procuración como alternativa.

En la Corte también aguardan turno los recursos presentados por la defensa de la vicepresidenta CFK, en causas en que no se respetó el derecho de defensa y el debido proceso legal. Este es un somero detalle de esos expedientes, según un informe del defensor de Cristina, Alberto Beraldi:

Causa “Vialidad”

1. Denegatoria de medidas de prueba ofrecidas para el juicio oral

Queja CFP 5048/2016/TO1/21/1/1/RH39 (presentada el 12/12/2018)

Queja CFP 5048/2016/TO1/22/1/1/RH4 (presentada el 01/03/2019)

Queja CFP 5048/2016/TO01/27/1/1 (presentada el 10/07/2019)

1. Excepción de cosa juzgada e incompetencia

Queja CFP 5048/2016/TO01/25/1/2 (presentada el 05/07/2019)

1. Vicios de la acción civil promovida por la DNV

Queja CFP 005048/2016/TO01/14/1/1 (presentada el 14/11/2018)

1. Recusación del perito Eloy Pablo Bona

Queja CFP 005048/2016/TO01/34/1/1 (presentada el 03/02/2020)

Causa “Los Sauces”

1. Intervención de sociedades familiares y “Condominio Máximo Carlos Kirchner y Florencia Kirchner”

Queja CFP 003732/2016/9/1 (presentada el 29/08/2018)

1. Planteos de nulidad de los requerimientos de elevación a juicio, cosa juzgada y litispendencia

Queja CFP 003732/2016/TO01/3/1 (presentada el 23/12/2019)

1. Recusación jueces Obligado y Palliotti (planteo efectuado por la defensa Florencia Kirchner)

Queja CFP 003732/2016/TO01/10/1 (presentada el 03/02/2020)

Causa “Cuadernos”

Recusación Bonadío

Queja CFP 009608/2018/46/1 (presentada el 11/10/2019)

Causa “Prontuario Yrigoyen y Carta San Martín”

Recusación Bonadío

Queja CFP 015386/2018/2/1 (presentada el 03/02/2020)

Causa “Ruta del dinero K”

Recusación Irurzun y Llorens

Queja CFP 003017/2013/283/2/1/1 (presentada el 14/12/2018)

Querella por espionaje y escuchas ilegales contra CFK

Archivo de la causa y negativa a producir pruebas

Queja CFP 001517/2017/1/1 (presentada el 11/09/2019)

Son 13 recursos, presentados en seis causas desde agosto de 2018, que la Corte Suprema no se ha dignado tratar, pese a la gravedad institucional que revisten y las violaciones al debido proceso y al derecho de defensa en juicio que denuncian. Uno de los ministros del tribunal, su ex presidente Ricardo Lorenzetti, fue quien instigó al camarista Martín Irurzun y a los jueces Claudio Bonadío, Ariel Lijo y Julián Ercolini, a avanzar sobre Cristina, alegando que él les cuidaría las espaldas. El año pasado, el tribunal solicitó incluso el expediente de la causa Vialidad, pero en vez de suspender el inicio del debate oral, difirió cualquier pronunciamiento para las calendas griegas.

Nada obliga a la Corte a pronunciarse, así como dejó pasar dos años y medio podría aguardar otros tres o cinco. El Código Procesal Civil y Comercial fija plazos a jueces y camaristas que demoren las resoluciones. Las sanciones son multas y la pérdida de jurisdicción o competencia, pero esto es obvio que no se aplica a la Corte Suprema. Si a esto se suma el carácter vitalicio de sus integrantes, se entiende que funcione en los hechos como un inadmisible núcleo de discrecionalidad antirrepublicana. Algunas de estas cuestiones requerirían de una reforma constitucional, que no está en las prioridades de nadie en un momento tan difícil. Pero otras se solucionarían con una ley del Congreso. Por ejemplo, modificando la ley 48, que desde hace nada menos que 157 años, establece en qué casos es posible apelar una sentencia ante la Corte Suprema (artículo 14) y dispone que la Corte “podrá establecer los reglamentos necesarios para la ordenada tramitación de los pleitos”. Podrá, no deberá, salvo que los otros poderes del Estado decidan asumir esa facultad.

La Corte ampliada

Alberto Fernández preferiría mantener el número actual de jueces de la Corte Suprema y a lo sumo cubrir bien las vacantes posibles. La de Rosenkrantz, por la acumulación de situaciones reñidas con la ética, si es que no constituyen delitos; la de Elena Highton, por haber excedido largamente la edad constitucional y mantenerse pendiente de un hilo. Fernández duda sobre la constitucionalidad de una ampliación que divida la Corte en salas, ya que el artículo 108 expresa que “el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación”. La división en salas no rompería la unicidad de la Corte, siempre que todos sus miembros participaran en el debate y resolución de las causas que implicaran cuestionar la constitucionalidad de una ley, que son escasas. Según especialistas consultados para esta nota, el tribunal podría dividirse en un número a establecer de salas, por ejemplo, salas de:

• Derecho público no penal, de lo que se ocupan Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.
• Derecho penal;
• Derecho privado, que es la especialidad de Rosenkrantz, Highton y Lorenzetti.
• Derecho de la seguridad social.
• Derecho laboral.
• Derecho Administrativo.
• Derecho Tributario.

Estas salas obrarían como filtro ordenador.

Cada sala de tres miembros podría rechazar el recurso extraordinario y/o el recurso de queja con el voto afirmativo de la mayoría. Según las estadísticas de la propia Corte, esto cubre más del 70% de los casos, que son rechazados sin apertura del recurso. Podría exigirse de cada sala una fundamentación mínima explicativa de los antecedentes de la causa, de los agravios de las partes y de las razones del rechazo, algo más republicana que el portazo que el seco artículo 280 propina en las narices de quienes llegan al tribunal.

Cuando la mayoría de la sala interviniente considerara que corresponde el recurso extraordinario, debería dar vista obligatoria al Procurador General de la Nación, salvo que existiera un precedente análogo ya resuelto por la Corte. El Procurador dictaminaría y el recurso debería ser considerado por todxs lxs  ministrxs de la Corte Suprema, ya sean 9, 12 o 21. El/la presidentx de la Corte podría ser designadx por el Poder Ejecutivo con acuerdo del senado, durar cuatro años en sus funciones y no ser reelegidx. Tampoco podría participar de ningún asunto y tendría a su cargo la Presidencia del Consejo de la Magistratura y las facultades exclusivas de Superintendencia.

Son pocos los casos en que se considera que el recurso extraordinario es procedente en lo formal y se da intervención al Procurador General. En la mayoría, la Corte resuelve con remisión al dictamen del Procurador. Así que la intervención de todxs los ministrxs no necesariamente daría lugar a una intervención demorada. Inclusive podría establecerse el plazo de un mes para dictar sentencia en los casos en que el recurso extraordinario viene precedido del dictamen. La demora haría perder jurisdicción al juez que no presente el proyecto en ese plazo fatal. Ningún asunto demoraría más de un año en sentenciarse.

Disciplinada de este modo la Corte, podría acometerse sin temores la reforma de las instancias inferiores, que implicará cambios en la situación laboral de miles de personas, con las resistencias que ya se insinúan. Tal vez comenzando por la cabeza, crecerían las posibilidades de éxito en el resto.

Recuerdos de provincia

Otra cuestión son las provincias, donde la Justicia puede convertirse en un apéndice del poder local, como en Jujuy. Pasado mañana, la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzará a tratar el proyecto de intervención a su Poder Judicial, presentado por el senador Guillermo Snopek, cuñado del gobernador Gerardo Morales. Según Morales, el objetivo es la libertad de Milagro Sala, que a su juicio equivaldría a impunidad. Snopek replica que su proyecto no trata el caso de la jefa de la organización Túpac Amaru, sino

• la creación de una mayoría automática de cinco diputados radicales en el Superior Tribunal,
• la atribución de funciones de control a un nuevo ministerio público de la Acusación “creado a medida” del dirigente radical Sergio Lello, según la gráfica expresión de su compañero de equipo Pablo Baca; y
• el uso de esos instrumentos para quebrar la voluntad de legisladores de la oposición y sumarlos bajo amenazas al bloque oficialista en la Legislatura, como en el caso de Mabel Balconte.

La denuncia contra Baca por violación, presentada por la ex directora provincial de Estadística y Censos, agravó la situación. Además del proyecto de intervención al Poder Judicial, el bloque justicialista en la Legislatura Provincial, así como la asociación local de abogados, reclamaron la renuncia del agresor. Sin arredrarse, Morales convocó a una marcha para respaldar a Baca. La asistencia fue magra y además faltaron los dirigentes nacionales de la UCR que habían prometido participar. Movilizarse en defensa de un violador es demasiado, incluso para lo que queda de la UCR. No obstante, Morales lanzó su candidatura presidencial para 2023 y obtuvo un cargo para su compañera sentimental, Tulia Snopek, en el Consejo de la Magistratura federal, según detectó El disenso.

Si bien Jujuy es el caso emblemático, también en otras provincias la Justicia está en ascuas. La Suprema Corte de Mendoza encendió la mecha al disponer el traspaso de personal de juzgados civiles a tribunales de familia, donde es mayor la litigiosidad. Los jueces civiles se amotinaron para resistir el traslado de los prosecretarios que son quienes hacen el trabajo. Como la Corte los ignoró, recurrieron al Poder Ejecutivo, que miró hacia otro lado. Los jueces civiles reclamaron que la Corte cediera su propio personal para cubrir las necesidades de familia. De a poco, los distintos actores, más los Colegios de Abogados, el Ejecutivo, la organizaciones civiles y los medios, empezaron a revolver la podredumbre del Poder Judicial, como podría ocurrir de avanzar los proyectos del Ejecutivo Nacional. Así se pusieron en evidencia 88 cargos equiparados a Jueces que dependen de la Corte, con salarios que van de 250.000 a 400.000 pesos mensuales, nombrados sin concursos ni aprobación legislativa. El Poder Ejecutivo se vio obligado a actuar: admitió que esos cargos eran ilegales y envió un proyecto de ley a la Legislatura para declarar nulos sus nombramientos. La crisis institucional podría incrementarse si luego de la aprobación de la ley hubiera denuncias contra los sucesivos presidentes de la Corte que firmaron esas designaciones.

(Horacio Verbitsky – El Cohete a la Luna)