El expediente se inició en septiembre de 2001 y, un cuarto de siglo después, continúa atravesado por disputas judiciales.
La concesión, la deuda con el Estado y el intento de acuerdo durante la presidencia de Mauricio Macri dejaron una pregunta incómoda: ¿cuánto más tendrá que esperar el país para que este caso tenga una resolución definitiva?
Veinticinco años. Un cuarto de siglo. Generaciones enteras pasaron mientras la causa judicial de Correo Argentino S.A. continúa su recorrido por los tribunales.
El expediente comenzó en septiembre de 2001, cuando la empresa vinculada a la familia Macri entró en concurso de acreedores. El Estado nacional era uno de sus principales acreedores y reclamaba una deuda originada durante la concesión del servicio postal.
En 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, la concesión fue rescindida por incumplimientos en el pago del canon. Pero el conflicto judicial estaba lejos de terminar.
EL ACUERDO QUE ENCENDIÓ LA POLÉMICA
El capítulo más controvertido llegó en 2016, cuando Mauricio Macri ya ocupaba la Presidencia de la Nación y el Gobierno aceptó una propuesta de pago presentada por Correo Argentino.
La fiscal Gabriela Boquín cuestionó el acuerdo por considerar que perjudicaba gravemente los intereses del Estado. Su dictamen advirtió sobre el impacto de la propuesta en las cuentas públicas y calculó una quita que desató una fuerte controversia judicial.
El episodio dejó planteado un problema institucional evidente: el Estado debía defender sus intereses frente a una empresa vinculada a la familia del propio presidente.
La propuesta no prosperó y el caso siguió acumulando capítulos judiciales.
LA QUIEBRA TAMPOCO FUE EL FINAL
En julio de 2021, la jueza comercial Marta Cirulli decretó la quiebra de Correo Argentino S.A., después de considerar fracasado el proceso para alcanzar un acuerdo con los acreedores.
Sin embargo, esa decisión tampoco cerró definitivamente el conflicto. Las impugnaciones y las disputas sobre el trámite judicial prolongaron el expediente.
En septiembre de 2026, nuevas decisiones judiciales volvieron a colocar el caso en el centro de la escena, con la intervención de la Cámara Comercial y la remisión de actuaciones a la Corte Suprema por razones de gravedad institucional.
A la par, la investigación penal sobre el acuerdo de 2016 siguió un recorrido propio, distinto del proceso comercial.
25 AÑOS DESPUÉS, LAS PREGUNTAS SIGUEN EN PIE
La causa Correo Argentino no es solamente una disputa empresarial. También expone las dificultades del sistema judicial para resolver un conflicto de enorme relevancia económica e institucional en un plazo razonable.
¿Se determinará definitivamente qué debe la empresa al Estado? ¿Qué responsabilidades corresponden a quienes intervinieron en el controvertido acuerdo de 2016? ¿Cuándo habrá una resolución firme que permita cerrar las distintas disputas?
Son preguntas que requieren respuestas judiciales, pruebas y decisiones fundadas, no condenas anticipadas ni operaciones políticas.
Pero hay un dato que no necesita interpretación: 25 años después, el caso sigue abierto y la resolución definitiva continúa pendiente.
En un país donde a los trabajadores se les exige cumplir cada obligación a término, los expedientes de enorme trascendencia pública no deberían convertirse en una carrera interminable de recursos, recusaciones y disputas de competencia.
La Justicia tiene la responsabilidad de esclarecer los hechos, proteger el patrimonio público y garantizar el debido proceso. Y la sociedad tiene derecho a saber cómo termina una causa que atraviesa gobiernos, compromete intereses millonarios y tiene como protagonista a una de las familias más poderosas de la Argentina.
Un cuarto de siglo después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuándo llegará la resolución definitiva del caso Correo Argentino?
Hora Reimon
