El ministro del Interior, Guillermo Francos, notificó al gobernador riojano que, si continúa con la emisión de los Bocade, podría haber revisiones en las transferencias y sanciones específicas
El ministro del Interior, Guillermo Francos, envió este miércoles una carta al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, advirtiéndole que la cuasimoneda que emitió semanas atrás para hacer frente a los gastos presupuestarios de su gestión es ilegal, sugiriendo además que el Gobierno nacional podría evaluar modificaciones en las futuras transferencias del Estado Nacional si continúa la vigencia de este instrumento financiero.
Según comunicó Francos, el Ministerio de Economía ya está notificado para que pueda tomar intervención el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal a los fines de que analicen sanciones a la provincia. Mientras que su cartera evaluará «la viabilidad de efectuar transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional con destino a la Provincia de La Rioja que no sean originadas en impuestos nacionales coparticipables de transferencia automática».
«Asimismo, se limitará el otorgamiento de avales a las solicitudes de endeudamiento que pudiera formular la Provincia de La Rioja, en el marco de la intervención que le compete a esta Jurisdicción por el art. 25 Ley N ° 25.917″, finaliza la misiva.
El funcionario nacional mandó la carta luego de que el Banco Central (BCRA) se comunicara con Interior a raíz de la emisión de los nuevos bonos riojanos -denominados Bocade-. Según marcan, estos contradicen su Carta Orgánica y diferentes disposiciones de la Constitución Nacional.
El funcionario nacional ya había sugerido aquello durante una entrevista días atrás, cuando señaló -en referencia a los denominados Bocade– que «todos los gobernadores saben que es ilegal, hay un Pacto Fiscal que impide la emisión de cuasimonedas, que son bonos». «Es ilegal. Conforme a la ley y los convenios de consenso fiscal, esto tiene sanciones dentro del propio convenio. El Estado no le va a recibir cuasimonedas», agregó.
Nuevo episodio del conflicto Quintela-Milei
A mediados de mes, la Legislatura de La Rioja trató y aprobó por mayoría la implementación de los $22.500 millones de Bocade, que son bonos de cancelación de deuda, para el pago de un 30% de los sueldos de los empleados estatales de la provincia. Esto se produjo a raíz del recorte en los fondos provenientes del Estado Nacional, mayormente explicados por la disminución del monto coparticipable a los distritos subnacionales.
A través de una presentación judicial a la Corte, el gobernador riojano reclamó $9300 millones correspondientes a recursos coparticipables adeudados durante el ejercicio 2023., y un monto aún mayor para este año calendario.
Según constató el Banco Central, la emisión del Bocade viola la ley de Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, según el cual «los Gobiernos Provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se comprometen a no emitir títulos sustitutos de la moneda nacional de curso legal en todo el territorio del país».
En tanto, el mandatario provincial mantiene una tensa relación con el presidente Javier Milei. De hecho, antes de la victoria del libertario en las elecciones generales del 2023, Quintela había afirmado que renunciaría a su cargo si el libertario llegaba a la Casa Rosada.
Si bien Milei celebró positivamente la existencia de una «competencia de monedas», el mandatario advirtió que tendrán el valor que el mercado les dé. Esta posición mutó en los últimos días a raíz de las advertencias realizadas por el Banco Central, desde donde advierten que este tipo de políticas dificultan la implementación de políticas monetarias.
El gobernador riojano ha sido de los mandatarios opositores con mayor cantidad de declaraciones contra el Poder Ejecutivo y las medidas que busca implementar. Ante la presentación de la Ley Bases en el Congreso, Quintela configuró una férrea oposición junto a su par de Catamarca, Raúl Jalil, debido a los proyectos de privatización de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y contra la derogación de dos leyes sobre actividad minera.
Asimismo, Quintela presentó en los tribunales a fines del año pasado una demanda para que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad del Decreto 70/23 de desregulación económica, asesorado por el ex juez de la Corte Suprema Raúl Eugenio Zaffaroni y el jurista Raúl Ferreyra. El lunes el procurador Eduardo Casal resolvió que son los cuatro supremos quienes tienen que resolver la demanda, a quienes el año pasado les asestó: «No me merecen el menor de los respetos por lo tanto yo tampoco les voy a hacer caso ni acatar un fallo de ellos».
El Cronista
