El kirchnerismo endurece sus críticas y eleva el tono de la polémica en torno al nombramiento de 42 jueces, fiscales y defensores oficiales que quedaron a un paso de ser votados por la mayoría propia que Cambiemos posee en el Senado bonaerense.
La crítica central apunta al momento elegido por el oficialismo para impulsar los pliegos en la Cámara alta: los días finales del gobierno de María Eugenia Vidal, a juzgar por la amplia diferencia que obtuvo el Frente de Todos en las PASO.
Una segunda objeción, más puntual, señala que, de los 17 cargos de jueces incluidos en esos pliegos, dos corresponden al Tribunal de Casación Penal, la máxima autoridad penal de la provincia. El kirchnerismo, en particular, cuestiona la candidatura de Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal de la Procuración General y virtual número dos del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, un hombre de Vidal.
«En una situación de transición política no se pueden cristalizar ni comprometer estructuras futuras en la Justicia», sostiene María Teresa García, la senadora bonaerense más cercana a Cristina Kirchner, quien recuerda el «escándalo que armaron» los actuales senadores de Cambiemos cuando el gobierno de Daniel Scioli apuró los nombramientos de 117 magistrados en noviembre de 2015.
«Vidal se está garantizando gente de su confianza en cargos claves», agregó García, y apuntó a que Pont Vergés, «además de su vínculo con Conte Grand, integra la ONG Unidos por la Justicia, en la que también participan [los ministros de Justicia de Nación y provincia] Germán Garavano y Gustavo Ferrari».
El miércoles de la semana pasada, en el Senado, el kirchnerismo y el massismo se manifestaron en contra de tratar los pliegos propuestos por el oficialismo en la reunión de la Comisión de Acuerdos. Cambiemos usó su mayoría y avanzó.
Como no hubo unanimidad, los pliegos no pudieron ser tratados ese mismo miércoles, pero quedaron listos para ser votados en la próxima sesión que convoque el Senado. Su aprobación requiere mayoría simple, es decir, el apoyo de 24 de los 46 senadores. El bloque de Cambiemos tiene 29 miembros.
«Si estos nombramientos eran tan importantes para Vidal y si Pont Vergés tiene un currículum tan intachable, por qué no avanzaron antes con las designaciones, porque hace cuatro años que están las vacantes en la Casación», insiste García, que propone posponer la votación de los pliegos para después del 27 de octubre y luego de una negociación «con el nuevo gobierno».
«Un proceso legítimo»
En La Plata no niegan esa posibilidad y destacan que Vidal «siempre supo escuchar los reclamos de la oposición», pero sostienen que el proceso de elección de ternas, entrevistas y puntajes fue absolutamente legítimo y que se completó antes de las PASO del 11 de agosto.
Lo mismo remarcó un funcionario del área judicial. «Todos los pliegos estaban ya en el Senado antes de las PASO y todas las ternas surgieron del Consejo de la Magistratura, donde está representada la oposición, los jueces, los abogados y no solo el Poder Ejecutivo», dijo, para agregar un detalle: «Después de las PASO no enviamos más pliegos al Senado».
Así lo destacan también en la Cámara alta provincial. «Este escenario es muy distinto al que forzó Scioli en noviembre de 2015, después de perder la elección: el exgobernador intentó hacer las 117 entrevistas juntas a los candidatos a días de irse. Hoy rige una nueva ley impulsada por María Eugenia Vidal que despolitizó la designación de magistrados y creó un orden de mérito», sostuvo el senador Dalton Jáuregui, miembro del Consejo de la Magistratura y de la Comisión de Acuerdos.
«El proceso está legitimado porque se cumplieron todos los pasos legales y las ternas, de hecho, fueron armadas por el Consejo de la Magistratura antes de las PASO del 11 de agosto. Pero, por sobre todas las cosas, el proceso es absolutamente legítimo porque el mandato constitucional de Vidal rige hasta el 10 de diciembre», agregó Jáuregui.
A las críticas del kirchnerismo se sumaron en los últimos días otras entidades políticas y técnicas vinculadas a la oposición. La agrupación Abogados por la Justicia Social (AJUS), por ejemplo, emitió un comunicado en el que señaló que «designar jueces y fiscales en un contexto preelectoral, solo con la mayoría del bloque oficialista y sin un consenso en el que participe el resto de las fuerzas políticas democráticas pone un manto de sospecha sobre la independencia e imparcialidad de los funcionarios designados». Otras instituciones, como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, apuntaron específicamente contra la candidatura de Pont Vergés.
Para Cambiemos, la sospecha en los pliegos propuestos no existe o, en todo caso, debería entonces extenderse a todos los magistrados designados durante los gobiernos anteriores y los que vendrán, que también atravesaron y atravesarán el tamiz de la política. «¿Entonces Axel Kicillof no va a nombrar jueces? Y ya que estamos, ¿debemos también dejar de ejecutar el presupuesto porque perdimos las PASO?», agregó un funcionario de Vidal.
Como se dijo, al oficialismo le sobran cinco votos propios para alcanzar los 24 necesarios y aprobar los pliegos en la próxima sesión. Aún así, María Teresa García no lo da por hecho. Cree que algunos legisladores de Cambiemos podrían no estar tan convencidos de votar. Sería una señal de los nuevos tiempos.
Por: Marcelo Veneranda/La Nación
