Mientras el Gobierno de Javier Milei presenta las privatizaciones como sinónimo de eficiencia y modernización, el caso Transener expone otra cara del modelo: el Estado se desprendió de una participación estratégica en la principal red de transmisión eléctrica y, pocos meses después, las controladas de la compañía aprobaron dividendos por $209.358 millones. Al mismo tiempo, aumentan las tarifas, se tensiona la relación con las pymes de Vaca Muerta y aparecen disputas por el costo de transportar el gas argentino hacia Chile. En contraste, INVAP cumple 50 años y vuelve a mostrar que una empresa estatal puede convertirse en tecnología argentina de alcance mundial.
TRANSENER: PRIVATIZAR LA INFRAESTRUCTURA, SOCIALIZAR LOS COSTOS
La discusión energética argentina dejó de ser solamente una cuestión de tarifas. Detrás de cada aumento de la boleta eléctrica aparece una pregunta mucho más profunda: ¿quién se queda con la renta generada por un sistema estratégico construido durante décadas?
El caso Transener permite observar esa disputa con números concretos.
Las controladas TRANSBA S.A. y CITELEC S.A. aprobaron el reparto de $209.358 millones en dividendos en efectivo, equivalentes a unos US$140 millones. La decisión fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores como “Hecho Relevante”.
El dato adquiere una dimensión política cuando se lo coloca junto con la reciente privatización.
Según el material analizado, el Gobierno de Milei concretó la venta de la participación estatal en Transener por unos US$356 millones. La Resolución 364/26 había establecido un precio base de US$206,2 millones por el 26% de la compañía, mientras que su capitalización bursátil superaba entonces los US$1.300 millones. La participación quedó en manos de Edison Transmisión, vinculada al grupo Neuss, y Genneia.
La pregunta resulta inevitable:
¿Qué vendió el Estado y qué dejó de cobrar a futuro?
Porque Transener no es una empresa cualquiera. Opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica argentina.
El Estado se desprendió de una participación en una infraestructura crítica y, poco después, los accionistas aprobaron un millonario reparto de dividendos.
EL NEGOCIO APARECE RÁPIDO
El argumento oficial de la privatización se apoya en la eficiencia, la inversión y la modernización.
Pero el reparto de dividendos introduce una pregunta incómoda: si existe semejante capacidad de generación de ganancias, ¿por qué el Estado decidió desprenderse de ese flujo futuro?
El material sostiene que la decisión de distribuir reservas acumuladas muestra una estrategia orientada a maximizar el retorno de los accionistas privados, en lugar de priorizar necesariamente nuevas inversiones en la red.
No se trata de cuestionar que una empresa privada pueda obtener ganancias.
El problema es otro:
¿A qué precio se transfirió un activo estratégico y quién terminará pagando la rentabilidad de sus nuevos propietarios?
LA BOLETA DE LUZ: EL OTRO LADO DEL NEGOCIO
La privatización no ocurre aislada de las tarifas.
El transporte eléctrico constituye uno de los componentes que terminan impactando sobre el costo final de la energía.
El material analizado señala que la remuneración de la transmisión de Transener, medida en dólares por MWh y cada 100 kilómetros, pasó de valores promedio cercanos a US$46 entre 2022 y 2023 a picos de aproximadamente US$120 en marzo de 2026, para ubicarse en torno de US$110 en agosto.
El incremento es significativo.
Y plantea una contradicción:
mientras se les pide a los usuarios que paguen tarifas cada vez más elevadas para sostener el sistema, una parte de la renta termina transformándose en dividendos privados.
El propio documento plantea que la combinación entre privatización, aumento tarifario y distribución de ganancias obliga a discutir qué parte de la factura que paga una familia termina destinada a sostener inversiones y qué parte alimenta la rentabilidad empresarial.
SUBSIDIOS PARA BAJAR SUBSIDIOS
La política energética del Gobierno tampoco se limita a Transener.
Para septiembre, el Ejecutivo autorizó un aumento del 1,75% en las tarifas eléctricas, mientras amplió de 150 a 200 kWh mensuales el bloque alcanzado por los Subsidios Energéticos Focalizados.
Además, se estableció una bonificación extraordinaria del 25% sobre esos primeros 200 kWh, que se suma a la bonificación general del 50% prevista por el régimen.
En gas, el Gobierno autorizó para septiembre un aumento promedio del 1,40%, en el marco de la emergencia energética extendida hasta diciembre de 2027.
El esquema deja una paradoja:
se recortan subsidios en nombre del equilibrio fiscal, pero al mismo tiempo se diseñan mecanismos de asistencia para evitar que el impacto tarifario sea todavía mayor.
La transición hacia tarifas más elevadas no desaparece.
Se administra.
VACA MUERTA: MUCHO PETRÓLEO, PERO NO TODOS GANAN
El Gobierno suele presentar Vaca Muerta como una de las grandes promesas de la economía argentina.
La producción crece, las inversiones se multiplican y las exportaciones aparecen como una fuente estratégica de dólares.
Pero existe otra discusión menos visible:
¿qué sucede con las empresas argentinas que forman parte de esa cadena productiva?
El material advierte sobre el impacto que genera la extensión de los plazos de pago de YPF a sus proveedores, de 45 a 75 días. Para las pymes, ese corrimiento implica financiar durante más tiempo salarios, impuestos, insumos y costos operativos.
Y el problema no termina allí.
Un relevamiento reciente señala que las pymes industriales proveedoras de Vaca Muerta enfrentan dificultades para competir con productos importados y que una parte importante de sus capacidades productivas permanece ociosa.
Esto abre una discusión central:
¿Vaca Muerta va a generar una industria nacional alrededor del petróleo y el gas o solamente una enorme plataforma extractiva dominada por grandes compañías?
NEUQUÉN PONE EL GRITO EN EL CIELO POR EL GAS A CHILE
La pelea por Vaca Muerta también llegó al otro lado de la cordillera.
El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, denunció que el transporte de gas argentino hacia Chile tiene costos demasiado elevados y cuestionó el uso del Gasoducto del Pacífico.
Según Figueroa, Chile paga alrededor de US$15 por el gas, cuando desde Neuquén podría recibirlo por unos US$6 incluyendo el transporte.
El gobernador apuntó, sin nombrarla inicialmente, contra una multinacional que tendría intereses tanto en el transporte de gas como en la comercialización de GNL en Chile.
La acusación plantea una cuestión estratégica:
¿Quién controla las puertas de salida de Vaca Muerta?
Porque tener el recurso debajo de la tierra no alcanza.
También hay que controlar los gasoductos, los puertos, los oleoductos, las terminales y las condiciones comerciales para poder convertir ese recurso en desarrollo nacional.
URUGUAY, LA OTRA PUERTA DE VACA MUERTA
Mientras tanto, Uruguay aparece como un mercado regional cada vez más importante para el crudo argentino.
El material señala que las importaciones uruguayas de petróleo argentino pasaron de 62.800 toneladas en 2023 a 224.000 en 2024 y 240.000 en 2025.
La lógica es sencilla: Argentina tiene petróleo; Uruguay necesita abastecer su refinería.
La proximidad geográfica permite reducir costos logísticos y construir una relación energética regional.
Aquí aparece una posibilidad que debería estar en el centro de cualquier estrategia energética:
integración regional en lugar de dependencia de mercados lejanos.
Y EN MEDIO DE LAS PRIVATIZACIONES, INVAP CUMPLE 50 AÑOS
Hay otra historia energética y tecnológica que merece ser contada.
Mientras el Gobierno impulsa privatizaciones, INVAP cumplió 50 años.
La empresa fue creada en 1976 en Bariloche y nació vinculada a las capacidades científicas desarrolladas alrededor de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Durante cinco décadas desarrolló reactores nucleares, satélites, radares, sistemas de defensa y equipamiento para medicina nuclear.
Hoy INVAP se presenta como una empresa tecnológica de referencia internacional, con 1.000 proyectos concretados y unos 1.800 trabajadores, según información institucional de la propia compañía.
Y hay un dato político fundamental:
INVAP sigue siendo propiedad de la Provincia de Río Negro.
La propia provincia reivindica a la empresa como una política de Estado sostenida durante medio siglo.
Es decir, existe en Argentina un ejemplo concreto que contradice la idea de que todo lo estatal necesariamente es ineficiente.
INVAP demuestra que el Estado puede participar de sectores estratégicos, generar conocimiento, desarrollar tecnología y competir internacionalmente.
DOS MODELOS FRENTE A FRENTE
La discusión energética argentina empieza a mostrar dos caminos.
Por un lado:
privatización, rentabilidad privada, exportación de recursos y reducción de la participación estatal.
Por otro:
planificación, desarrollo tecnológico, empresas públicas estratégicas, industria nacional y soberanía energética.
El caso Transener representa una de las caras del primer modelo.
INVAP representa una experiencia del segundo.
Y Vaca Muerta está en el medio de esa disputa.
Porque Argentina puede producir más petróleo y gas, exportar más y obtener más dólares.
Pero la pregunta verdaderamente importante es:
¿QUIÉN SE QUEDA CON ESA RIQUEZA?
Si la respuesta termina siendo un puñado de grandes empresas mientras las familias pagan tarifas más caras, las pymes quedan sin financiamiento y el Estado pierde activos estratégicos, entonces el problema no es cuánto produce la Argentina.
El problema es para quién produce.
EL NEGOCIO ENERGÉTICO Y LA PREGUNTA QUE MILEI NO RESPONDE
La política energética no es simplemente una planilla de costos.
Es poder.
Es infraestructura.
Es soberanía.
Es industria.
Es empleo.
Es tecnología.
Y también es dinero.
La privatización de Transener y el posterior reparto de $209.358 millones en dividendos obligan a discutir qué recibió el Estado cuando vendió y qué flujo de recursos resignó hacia adelante.
Mientras tanto, las tarifas continúan moviéndose, Vaca Muerta crece pero enfrenta tensiones con sus proveedores y Neuquén reclama por los costos para exportar gas a Chile.
En ese escenario, INVAP cumple medio siglo y deja una lección incómoda para el discurso privatizador:
el Estado también puede construir empresas capaces de generar conocimiento, tecnología y soberanía.
Por eso la discusión no debería ser simplemente “Estado sí o Estado no”.
La pregunta es mucho más incómoda:
¿QUÉ ESTADO QUEREMOS Y AL SERVICIO DE QUIÉN?
Porque mientras el Gobierno habla de eficiencia, hay activos estratégicos que cambian de manos.
Y mientras los usuarios reciben facturas más caras, los nuevos propietarios de empresas estratégicas empiezan a repartir ganancias.
La energía no es solamente electricidad, gas o petróleo.
La energía es poder.
Y en la Argentina de Milei, la batalla por ese poder recién empieza.
HORA REIMON
