El oficialismo de la Cámara de Diputados cree que lograrán bloquear la iniciativa opositora. Las maniobras que prepara Martín Menem. Lluvia de amparos contra el fallo de la Corte.
Tras el fallo de la Corte Suprema que derogó la ley que establece topes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, un sector de la oposición de la Cámara de Diputados pidió una sesión especial. La convocatoria será para el próximo 15 de octubre y tiene como objetivo central derogar el DNU 70/2023, el megadecreto fundacional del gobierno de Javier Milei, en el que está incluido el artículo 154 que intentaba derogar la ley de tierras. El oficialismo confía en que no llegarán al número que requiere una convocatoria al recinto y planea una sesión para el 21 de octubre.
Los opositores tienen dos semanas para convencer a los representantes de bloques intermedios y provinciales para que den el quórum necesario para abrir la sesión. Están a siete de los 129 que necesitan para poder dar vuelta el DNU 70 de Milei que ya cuenta con el rechazo del Senado.
El pedido formal cuenta con el aval de legisladores de bloques heterogéneos, entre ellos hay de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Sin embargo, se calculan unos 122 votos asegurados.
Desde el oficialismo, Martín Menem, presidente de la Cámara Baja, prepara una estrategia en conjunto con los diputados de su bloque y los aliados con el fin de desactivar la convocatoria y evitar un posible triunfo de la oposición. El DNU 70/2023 regula otras cuestiones como los contratos de alquiler, desregulación de prepagas y privatizaciones.
«El rechazo a todo el articulado es un despropósito. Un artículo no puede voltear todo lo que dice el DNU», comentaron a Tiempo fuentes del bloque PRO. En la misma sintonía, una fuente del MID señaló: «Si volteamos el decreto estamos dando malas señales de ingobernabilidad. El gobierno tiene que mandar una nueva ley que no sea la del kirchnerismo ni la libertaria, sino que sea una síntesis de ambas».
Por esta razón, según pudo saber este medio, la maniobra oficialista —que debe ser aprobada la semana que viene en Casa Rosada por la mesa política— consiste en ofrecer a los dialoguistas reintroducir por ley un capítulo específico sobre propiedad privada o reforma de tierras rurales. Con esto busca dar una respuesta parlamentaria al debate de la extranjerización del suelo, sin necesidad de que la oposición sepulte la norma central del mileísmo.
Por otro lado, el viernes, los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, ambos de Encuentro Federal, presentaron una medida cautelar para solicitar la suspensión de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley de Tierras.
La presentación se realizó luego del fallo de la Corte Suprema del 29 de septiembre, que revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda promovida por el CECIM (Centro de ex Combatientes de Islas Malvinas) por «falta de legitimación». El máximo tribunal aclaró expresamente que no se pronunció sobre la validez constitucional del artículo 154 ni sobre la intervención que corresponde al Congreso.
Los legisladores del Encuentro Federal señalaron: «Buscamos evitar que, mientras el Congreso se pronuncia, se consoliden como derechos adquiridos de compras de tierras por extranjeros. Tras el fallo de la Corte, pueden comprarse sin límite tierras rurales, incluidos inmuebles que contienen o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes».
En la misma línea, el gobernador misionero Hugo Passalacqua emitió un decreto provincial para rechazar el artículo 154 que derogó la Ley de Tierras. A través de sus redes oficiales, el gobernador anunció el ordenamiento de la instrucción a la Fiscalía de Estado para presentar una cautelar contra el artículo 154 del DNU 70/2023.
El mandatario provincial dispone del voto de los legisladores Oscar Herrera Ahuad (Frente Renovador de la Concordia) —jefe de bancada—, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik y Yamila Ruíz, quienes anticiparon que darán quorum el 15 de octubre y, además, votarán en contra del decreto 70.
Endeudamiento
Dentro del temario opositor se incluyeron los temas de endeudamiento familiar y discapacidad, que lograron dictamen en las últimas semanas tras haber sido emplazados en comisiones luego de una sesión convocada por la oposición la primera semana de septiembre. Sin embargo, en ambos casos, los despachos mayoritarios fueron los que impulsó LLA y los aliados.
En el caso de discapacidad, se firmaron dos dictámenes: el del oficialismo, que no contiene la emergencia, pero sí gran parte de las garantías del sistema prestacional para personas con discapacidad (en un giro de 180 grados a lo propuesto en el Presupuesto 2027); mientras que el de la oposición va por la prórroga por un año de la emergencia dispuesta por ley.
En cuanto a endeudamiento y morosidad, hubo tres dictámenes: el de LLA y sus aliados; el Unión por la Patria, Provincias Unidas y Coalición Cívica; y el de Argentina Federal. El del oficialismo no interviene en acciones para aliviar la situación de morosos, sino que prevé educación financiera y exigencias de información transparente para los consumidores a la hora de tomar créditos.
En tanto, los dictámenes opositores son similares entre sí, ya que proponen una emergencia, planes de pagos para morosos, tope de tasas y quita de intereses punitorios, entre otros puntos. «
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