Yo tengo una mezcla de sensaciones. La mitad del día estoy preocupado y, la otra mitad, un poco caliente. Hace unas dos semanas que, desde distintos lugares, con las herramientas que contamos y con datos que sustentan nuestros argumentos, distintos demócratas convencidos defendemos este sistema electoral. Es reactivo, no es adrede. Desde el domingo 30 de octubre que se creó una marea de desinformación, sin sustento, con el peyorativo e incorrecto pero siempre marketinero concepto de fraude en las elecciones argentinas. En lugar de ir bajando la espuma fue adquiriendo volumen.
Por eso, hoy, me siento en la obligación de hacer una apología de las elecciones argentinas.
¿Cómo se cuentan los votos?
La semana pasada buscamos, desde el Centro de Investigación para la Calidad Democrática (CICaD), dar respuesta a esta pregunta. Lo hicimos con este documento y, a riesgo de ser reiterativo, me servirá de base para la entrega de hoy. A veces es necesario serlo.
Argentina es uno de los pocos países en el mundo que tiene dos escrutinios. Uno es el provisorio: es informativo para la ciudadanía, se realiza el mismo día de la elección y tiene como objetivo dar a conocer cada domingo electoral quién gana, quién pierde, cuántos votos saca y qué se lleva cada uno que compite. El otro es el definitivo: es el que tiene validez legal, que realiza la justicia electoral 48 hs después del provisorio en cada distrito, a cargo de cada juez electoral federal y a partir del cual se asignan los cargos públicos en juego. Suele demorar algunas semanas. Si buscás un punto de comparación, te sugiero Australia. Un sistema bicameral federal parlamentario que tiene solo el definitivo, a cargo de la Comisión Electoral de Australia (AEC, por sus siglas en inglés) y cuyo lema es “getting it right, not rushed” (“hacerlo bien, no rápido”). Una especie de mantra napoleónico de tomarse el tiempo para contar los votos. ¿Cómo saben los australianos quién puede ser la cara de su gobierno cada vez que votan? Tienen habilitadas las encuestas de boca de urna que dan alguna estimación cercana. ¿Y si las elecciones están peleadas? Pasan semanas sin saberlo. ¡¿Alguien quiere pensar en el tipo de cambio?!
Por acá los dos procesos tienen distintos responsables. Si el definitivo está a cargo de la Justicia, el provisorio es de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que hoy depende de Marcos Schiavi. La DINE suele integrar el Ministerio del Interior, pero, en años electorales y cuando hay candidaturas involucradas, el raviol se traslada a otra rama del árbol de la administración pública. En la actualidad cuelga de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, dado que Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior, fue candidato a senador por la provincia de Buenos Aires y hoy se mantiene como jefe de campaña de Unión por la Patria. En 2015 pasó parecido: con Florencio Randazzo de ministro y (casi) candidato se movió a la órbita del Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de Julio Alak. Estos te pueden parecer detalles menores, pero no lo son. Son necesarios.
El provisorio comienza a las 18 hs, luego de que cierran los establecimientos educativos. Si quedan personas dentro en condiciones de votar, hasta que no se retira la última no se abren las urnas. Lo primero que hace el presidente de mesa con su auxiliar es entrar al cuarto oscuro con la urna, y son ellos dos los únicos responsables de contar los votos. Los fiscales no pueden intervenir ni apurar ni obstruir el proceso. El primer conteo que se hace es sobre la cantidad de sobres con boletas o vacíos vs. el padrón de cada mesa, para corroborar que no haya más que la cantidad de personas que pueden votar. Cada una es de 350 electores, con lo cual no puede haber más de 350 sobres. Así, siguen el paso a paso que se detalla muy bien en este bello y electoral manual (a partir del capítulo 5).
A la hora de contar los votos para cada agrupación política se confeccionan tres documentos distintos, que tienen la misma información pero que cumplen distintas funciones: el acta de escrutinio, el certificado y el telegrama.
- El acta de escrutinio
Es el documento oficial que acredita cuántos votos le toca a cada fuerza política para cada categoría, cuántos votos en blanco hay, además de nulos, impugnados y otras observaciones que el presidente de mesa, en acuerdo con los fiscales, decide remitir para la justicia electoral.
- El certificado
Es la copia del acta que se lleva cada fiscal a su comando de campaña, al tiempo que se deja otra en la urna junto al acta. Ésta se vuelve a cerrar con la copia del certificado y las boletas de los votos computados. En una bolsa anexa y aparte va el acta con el padrón utilizado (además del registro de votos recurridos y observados) y en un sobre especial las boletas no utilizadas (junto a los sobres que tampoco se usaron y todo el material de papelería de soporte).
- El telegrama
El tercer documento es la discordia de estos días: el telegrama tiene todos los datos de los anteriores y es el que se digitaliza para enviar por un sistema brindado por Smartmatic al Correo Central para que INDRA (empresa que realiza el sistema de escrutinio provisorio) se encargue del registro, totalización (sumatoria de votos) y difusión de resultados provisorios.
Hasta acá el proceso que, como verás, es bastante mecánico, algo aburrido para no amantes de estos temas y de bastante trabajo para todas las jurisdicciones, actores y organismos que intervienen. Ya, de arranque, hay un montón de ojos.
El proceso
El siguiente paso implica conocer un poco cómo se ven los votos que te muestra la app, la web de resultados y los canales de televisión el domingo a partir de (aproximadamente) las 21 hs. Una vez que llegan los telegramas digitalizados entran en una manga que los va ubicando uno detrás de otro y que no se puede modificar por propio diseño del sistema. Esto está estructurado de esta manera para evitar arbitrariedades que impliquen una ventaja para determinado espacio político que le implique un “efecto ganador” de una batería de telegramas en locaciones tradicionalmente favorables. Según explica el brief de prensa armado por la DINE, en el correo hay unos 1.800 operadores que siguen una metodología de doble carga. Uno toma un telegrama y carga todos los datos. Un segundo toma el mismo telegrama y carga los datos que visualiza (proceso que, al mismo tiempo, es aleatorio: nunca un telegrama puede ser cargado dos veces por el mismo operador). Si no coincide alguna celda de alguna columna o fila, entonces entra un tercero a desempatar. Éste sólo ve el dato que no coincide. Si al cargarlo incorpora un valor distinto de los dos anteriores, el telegrama en conflicto sigue las directrices y supervisión de la DINE en la “mesa de incidencia de datos” que se encarga específicamente de estos casos. Más ojos, más chequeos.
Entonces, en este punto, ¿qué puede pasar? Que haya mesas con cero votos para alguna fuerza política. Eso puede ser porque no recibieron votos ahí, pero también por errores en la confección de los telegramas y en la carga al sistema para la visualización. También puede ser por la baja calidad de la digitalización que no permite ver con claridad cuántos votos sacó cada uno. El objetivo de la DINE fue la de reducir al mínimo la cantidad de telegramas con este tipo de errores año a año, al tiempo que han tratado de computar en el escrutinio provisorio la mayor cantidad de mesas posibles.
Esto es algo que registramos en el documento que armamos desde el CICaD. Al comparar los conteos de 2023 y 2015 la proporción de mesas con cero votos para las principales fuerzas políticas sobre el total de mesas escrutadas bajó en estos 8 años. Valores que, además, fueron parejos para los que aspiran a Balcarce 50. También bajó la proporción sobre el total de mesas habilitadas para votar. Esta diferencia existe porque nunca se llega a escrutar la totalidad de ellas. Dato que, por cierto, también muestra otro progreso del proceso: en 2015 se contabilizó el 98,61% de las mesas (93.655), en 2019 el 97% (97.282) y en 2023 el 98,5% (102.976). Los porcentajes son similares, pero las cantidades año a año aumentan. Son indicadores de autoevaluación interna que muestran una mejora progresiva. Más tecnología, más profesionalización, más transparencia.
Hay dos datos más que me parecen fundamentales para seguir sosteniendo la transparencia de nuestro proceso. En primer lugar, si hay dos escrutinios, entonces hay dos conteos de votos. Uno bien puede ver si hay diferencias sustanciales entre los asignados en el provisorio por la DINE y los asignados en el definitivo por la justicia electoral. Con datos aportados por las jurisdicciones responsables, la diferencia entre ambos escrutinios para las principales fuerzas políticas en el 2015 fue de un +-0,20%. En 2019 ese valor bajó al +-0,14%. En este 2023 la diferencia fue de +-0,09%. De hecho, para La Libertad Avanza fue del 0,002%. Casi exacto. Un provisorio que, como se ve, año a año se acerca más al definitivo. Eso es una mejora desde el ángulo que quieras verlo. Con VAR, sin VAR, como gustes.
El segundo dato es que todo esto que te estoy contando es conocido, sabido y practicado por todos los partidos políticos argentinos, oficialistas y opositores. Cuando se comienzan a organizar las elecciones se activa lo que se llama el Consejo de Seguimiento de las Elecciones, un órgano de carácter transitorio que lidera “el/la DINE” y que integran todos los espacios. Es informativo de todo el proceso electoral, a la par que se ponen en conocimiento preocupaciones, dudas y reclamos de quienes compiten por los cargos públicos. Si ponés “infodine consejo de seguimiento” en X (ex Twitter) vas a ver todas las reuniones que se celebraron este año. A eso se le suman varios simulacros de votación en el Correo Argentino, también con participación de distintos espacios políticos. Todos vieron todo. Todos consintieron y acordaron. Todos fueron parte del proceso. Los partidos políticos, oficialistas y opositores, son corresponsables de las elecciones en la Argentina. Tanto en el provisorio como en el definitivo.
¿Qué dicen las leyes sobre fraude?
La legislación de cada país con credenciales democráticas aceptables tiene la particularidad de estar escrita. Eso permite la gran ventaja de que puede ser consultada cuando, quien desee informarse, lo logre sin mucha inversión de tiempo. El argumento central que circuló desde el 30 de octubre fue que hubo un fraude electoral masivo que podía ser probado a partir de la gran cantidad de telegramas con 0 votos para alguna de las fuerzas políticas, denunciando desde las redes sociales. Esto tiene su complejidad y un conjunto de errores no forzados que conviene distinguir y despejar de la cancha.
El juicio de valor sobre la transparencia de las elecciones se hizo sobre uno de los tres documentos que se confeccionan el día del escrutinio provisorio. Concretamente, sobre los telegramas. Cada uno de ellos, siguiendo una política de datos abiertos del gobierno nacional, fue publicado en la web para libre consulta de cualquier ciudadano y ciudadana interesados. La cuestión es que se tomó el único documento de los tres que no ve la justicia electoral, que es la responsable de confirmar quién ganó y quién perdió las elecciones. El telegrama, como bien te conté, es el que se digitaliza y envía al correo para informar a la ciudadanía. No tiene validez legal. Los dos que sí tienen son las actas y los certificados de cada mesa. A eso se suma que, si volvés a ver la tabla que armamos desde el CICaD, la cantidad de telegramas con 0 votos fue pareja para las principales fuerzas políticas. Esto es algo usual en los procesos electorales, como muestran los provisorios de 2019 y de 2015, organizados por distintas fuerzas políticas en distintos contextos de polarización. Si a varios les pasa parecido y en distintas elecciones hay fraude siempre o nunca lo hay. Acá surge la gran pregunta.
¿Qué es el fraude?
Una definición rápida comúnmente aceptada considera que es la intervención ilícita de algún actor concreto en un proceso electoral para alterar el resultado y verse beneficiado directamente con ese cambio. Lo que se conoce popularmente de esa manera en la legislación se define como irregularidad. Para que lleguemos al nivel de fraude, éstas deben ser sistemáticas, generalizadas y directamente asociadas a un espacio político específico. Algo que siempre se define a partir de la intervención de la justicia electoral. Primero, de los jueces de distrito. En una instancia posterior, de la Cámara Nacional Electoral.
En este punto la legislación es bastante clara. Los artículos 110 y 111 del Código Electoral Nacional establecen que entre que cierra el escrutinio provisorio y comienza el definitivo, los apoderados partidarios pueden objetar la elección, argumentando y demostrando pruebas al respecto. Esto no ocurrió en esta elección de 2023, ni tampoco en todas las elecciones celebradas desde 1983 hasta la fecha. Si alguna situación así ocurriera, entonces se abren dos caminos posibles.
Uno es en el que la justicia decide por sí sola (“de oficio”). El artículo 114 le asigna a los jueces electorales esta decisión cuando: 1) no hay acta o certificado firmado por el presidente de mesa; 2) alguno de los dos documentos fue adulterados a propósito y con un objetivo claro; y 3) surja una diferencia de 5 sobres o más entre los registrados en el acta y en el certificado, y los sobrantes enviados en el sobre especial que te conté antes (o sea que se consignó en los documentos válidos que votaron más personas que las que efectivamente lo hicieron).
El segundo camino es el que se abre en el momento que algún apoderado se queja y pide la nulidad de la mesa cuando 1) se compruebe que se abrió tarde o se cerró temprano para impedir adrede que los electores puedan votar, o 2) el acta y el certificado de escrutinio no tenga la firma del presidente de mesa. Es el artículo 115.
Es importante destacar estos detalles judiciales porque, como bien indicó la Cámara Nacional Electoral, ningún partido presentó ninguna queja formal luego de las elecciones del 22 de octubre pasado. Al mismo tiempo, ningún juez de ninguna provincia decretó la nulidad en ninguna de las mesas siguiendo las causales antes detalladas. A esto hay que agregarle otro elemento que especifican las normas. En las mesas que se declaran nulas se puede volver a votar, pero alguno de los partidos tiene que solicitarlo dentro de las 72 hs desde que se tomó la decisión. Esto, dado que ningún apoderado se quejó formalmente, tampoco ocurrió. Por último, para que se vuelva a votar en algún distrito en particular otra vez se tiene que decretar la nulidad de la elección en, al menos, la mitad de las mesas. Ahí sí habría un reconocimiento judicial expreso de fraude de algún tipo.
Hay otra cuestión no menor que le pone un condimento no pedido por los comensales. Si bien la Cámara Nacional Electoral (CNE), en conjunto con la DINE, trabajó en capacitar a las autoridades de mesa, siempre puede ocurrir que alguna de las 104.520 personas seleccionadas para el proceso de este año no siga al pie de la letra el manual. Es algo que viene de antaño. Desde el año 1995, a partir de una decisión de la CNE, la ausencia de boletas en las urnas no impide reconocer la validez de la elección si las actas fueron bien confeccionadas.
Menciono esto porque es algo que tomó consideración pública a partir del escrutinio definitivo que se realizó en La Plata para el cargo de intendente. Luego de una carrera muy peleada y disputada entre Julio Garro (Juntos por el Cambio, que buscaba la reelección) y Julio Alak (Unión por la Patria, que buscaba volver a gobernar la ciudad), el proceso terminó en las manos de Alejo Ramos Padilla, juez electoral del distrito bonaerense. Ramos Padilla aceptó abrir un grupo de urnas y, al hacerlo, se constató que faltaban las boletas. El hecho vino con pimienta y se subió a la ola del fraude, sin constatar previamente que la justicia electoral solo se limitaba a continuar con los antecedentes judiciales del máximo órgano jurídico electoral del país. En el acta, que acá te dejo, se sigue la práctica jurídica de antaño de dejar constancia de los antecedentes del pasado que sustentan lo decidido en el presente. Uno de ellos fue un reclamo del propio Garro, quien lo había presentado cuando ganó las elecciones en el año 2015 en su rol de apoderado partidario. Ahí argumentó que con las actas de escrutinio alcanzaba para convalidar la elección, que no hacían falta boletas.
Ahora parece que, para él, sí.
Las estrategias no son nuevas, son copia
Ya tenes alguna idea más cercana de cómo se cuentan los votos en la Argentina. Si me venís siguiendo, lo que importan son las actas de escrutinio. Si éstas marchan bien y nadie objeta nada, las elecciones son libres, transparentes y justas. Son principios que todas las fuerzas políticas han convalidado, aceptado y apoyado. Hasta hoy.
Justo cuando aparece algo que no es nuevo para la región, pero sí para nosotros. Hay antecedentes en el continente para este tipo de prácticas que consisten, básicamente, en poner en tela de juicio todo sistema con multiplicación de ojos, co-organización multipartidaria y controles cruzados por la sencilla razón de que los resultados no fueron los esperados. Los más cercanos temporalmente son Estados Unidos (2020) y Brasil (2022).
En cuanto al primero, te recomiendo que vayas a una buena fuente: Juan Elman. #MundoPropio viene cubriendo el trumpismo desde hace tiempo. En entregas como esta y esta explica no solo que las estrategias de deslegitimación son copia, sino que los efectos en la dimensión partidaria son longevos si se mantienen como un recurso político aglutinador.
De hecho, lo de Estados Unidos fue grave porque dejó heridos en el camino. Al día de hoy, existen ciudadanos y ciudadanas que no creen que Juan Domingo Biden haya ganado las elecciones de manera limpia. Estudios muy valiosos como los realizados por el Pew Research (acá uno completo y acá en formato audiovisual) confirman que el sesgo es partidario: los republicanos confían menos que los demócratas. Esto fue una estrategia política que implicó muchos silencios públicos por arriba, que gritaban por lo bajo y que terminaron en un intento de toma de las instituciones políticas por medios violentos. El estudio del Pew se publicó 2 años después de todo esto. Las marcas quedan.
Con este punto coincide Celeste Wagner, doctora en Comunicación y profesora asistente de la Universidad de Florida. “Lo que resulta notable en el contexto de las elecciones de 2020 es que no solo observamos que los republicanos expresaron una menor confianza en la precisión del recuento de votos, sino que los demócratas aumentaron su nivel de confianza en comparación con el año 2016”, me cuenta. “Es posible que esto se deba a un aumento de la polarización política”, agrega y me recomienda este trabajo que en su primer gráfico es bastante claro. Federico Tiberti, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Princeton y un verdadero crack datero, precisa que esta desconfianza “empezó a sembrarse desde antes de la elección, anticipando que el voto por correo era fácil de fraguar o manipular”. Me comenta que “difundieron videos con presuntas maniobras fraudulentas” y que, cada vez que el conteo mostraba un salto para los demócratas, “denunciaban que se trataba de una maniobra para robar la elección y promovían detener el escrutinio (#StopTheCount)”.
La historia no terminó ahí. “Luego de la elección, la estrategia fue principalmente de litigio judicial. Se hicieron decenas de reclamos judiciales en tribunales de distinta jerarquía en distintos estados, de los cuales prosperó solo uno”, agrega. En Estados Unidos la autoridad electoral está muy descentralizada y cada una siguió criterios de respuesta distintos: “Algunos estados respondieron explicando la integridad del proceso electoral. La mayorìa se mantuvo al margen”, cierra.
Respecto del segundo caso, el de Brasil (te recuerdo el dossier especial que armamos), charlé con Dolores Rocca Rivarola, politóloga (UBA), investigadora adjunta del CONICET y quien participó de este ciclo que armamos en CICaD donde adelantó alguno de sus pálpitos. Retomamos esa conversación y me comenta que en el caso de Brasil “empezaron antes, no fue luego de la derrota. Una de las acusaciones que tuvo que enfrentar judicialmente Jair Bolsonaro fue haber convocado a una reunión con embajadores durante la campaña, aprovechando su investidura presidencial y sembrando dudas sobre el proceso electoral. En particular, sobre el sistema de voto electrónico”. Se refiere a este proceso judicial, en el cual lo encontraron culpable y fue inhabilitado para competir por cargos públicos por 8 años. “Esto sumado a un montón de lives y videos en vivo donde se pronunció contra el sistema. Lo venía haciendo durante su gestión”, ahonda. “La herramienta fue esa: la crítica al voto electrónico”.
Oswaldo Amaral, colega brasileño y director del Centro de Estudios de Opinión Pública (Cesop/Unicamp) va un poco más atrás en el tiempo. “La primera vez que hubo un cuestionamiento sobre las elecciones fue en el 2014, cuando Aécio Neves pierde con Dilma Rousseff. Aécio pide a la justicia electoral que haga una evaluación del proceso y lo pone en duda. Esto fue un quiebre de lo que se venía dando desde 1989”, comienza. “Desde ahí queda una porción de la derecha que cuestiona las urnas electrónicas, su utilización y su seguridad”, ahonda Oswaldo. Dolores coincide resaltando que “una parte del PSDB presentó públicamente lo que consideraron que fue una especie de fraude”. Lo sorprendente de todo este proceso es que Bolsonaro levantó el guante en 2018, pero cuando resultó electo presidente. “Lo que es casi increíble es que, luego de ganar las elecciones, dice que el conteo de votos no fue correcto. Que debiera haber ganado en la primera vuelta y no en el ballotage. Es algo rarísimo que cuando alguien gana pone en duda la legitimidad del proceso”, profundiza Oswaldo. Estas peleas duraron todo su mandato.
¿En algún momento la justicia electoral reaccionó? “En la campaña del 2022 Bolsonaro también hizo un planteo ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) porque las radios no pasaban correctamente su propaganda electoral. La justicia le rechazó el pedido y le indicó que estaba generando fake news”, me aclara Dolores. Corta la bocha. Oswaldo considera que la reacción puede separarse en dos tiempos. Al comienzo del gobierno de Bolsonaro, quien seguía quejándose de no haber ganado en primera vuelta, “decía barbaridades como esa y lo máximo que hacía la justicia era indicar que no había pruebas”. Más cerca de las elecciones pasaron a la ofensiva. “Hubo una preocupación por crear mecanismos para dar mayor transparencia a todo el proceso. Armaron un comité con varias instituciones, asociaciones civiles y sumando a los militares, que presionaron para estar”, me cuenta. “Esto igual fue una equivocación porque los militares se retiraron diciendo que no podían garantizar la seguridad del voto, aumentando la posibilidad de cuestionamiento”, detalla. Estos sucesos, cierra Oswaldo, “no generaron muchos cambios en la confianza en las urnas electrónicas. Los datos muestran que los que ya no creían siguieron así y los otros tampoco. Quedó empatado”.
Toda esta construcción únicamente discursiva y carente de pruebas contra un proceso electoral con décadas de perfeccionamiento por iniciativa de una autoridad altamente respetada a nivel internacional tuvo un intento de golpe de gracia el día de las elecciones. Y los días posteriores. “Ni bien se conocen los resultados de la segunda vuelta, lo que hace Bolsonaro y sus hijos es no pronunciarse en las redes. Hay todo un lapso enorme de silencio que, lo que muchos analistas en ese momento temían, era que fuera una forma de no aceptación de los resultados”, me cuenta Dolores. Los aliados del bolsonarismo terciaron y reinclinaron la cancha. “Finalmente hay distintos ministros de Bolsonaro, gobernadores y legisladores que salen a aceptar los resultados”, me explica. El problema vino con la transición. “Desde ahí hasta enero, momento en que se producen los actos de vandalismo en Brasilia, la actitud de Bolsonaro fue bastante ambigua. Por abajo fue incitando el clima de desconfianza que, cuando se empieza a dar, lo primero que sale a decir es que ‘había mucho descontento con los resultados’. Después recula un poco”, relata Dolores. Pero el daño ya estaba hecho. Mirá.
Este escenario regional no es liviano. Para nada. En un trabajo conjunto que encaramos con mi colega Felicitas Torrecilla (acá el trabajo y acá los gráficos) encontramos que la desconfianza en las elecciones está creciendo en la región. Los datos agregados publicados por LAPOP así lo indican: si en 2004 sólo el 20% de los consultados calificaba como poco poco confiables a sus propios comicios, en 2021 ese valor creció al doble. Eso es el 40% de una muestra representativa en América Latina. Paradójicamente, esto va a contramano de la confianza en los actores políticos y las instituciones de gobierno, respecto de los cuales la misma encuesta indica que han mejorado en las últimas dos oleadas.
Vos decime si, además de elegir de qué lado de la mecha vas a estar, querés prenderla.
Bonus track: el Congreso que se viene
La KGB me pidió dedicarle un poco al reparto de bancas en el Congreso Nacional, el mismo con el que van a tener que lidiar Sergio Tomás o Javier Gerardo. Yo creo que todavía hay placas tectónicas moviéndose como para poder sacar alguna conclusión medianamente acertada. Con esto te digo que, recién después del 19 de noviembre, vamos a tener un horizonte claro y, muy probablemente, hasta el 10 de diciembre haya que ir afinando el poroteo de cada bloque.
De entrada puedo comentar que el peronismo cuidó bastante su escudo legislativo. De acuerdo al excelente relevamiento que hizo LN Data podés ver que el crecimiento en votos entre PASO y primera vuelta salvó la primera minoría oficialista. La merma es solo de -10. El que más perdió fue Juntos por el Cambio con -25. Por su parte, el nuevo espacio político liberal-libertario no sólo creció en votos sino también en poder legislativo: +35. Las cuentas con los que perdieron da casi exacta.
Sobre este punto quiero hacer una observación. Tengo mis dudas de que el bloque liberal-libertario se mantenga homogéneo. Por la enorme cantidad de operaciones, cartas públicas y trascendidos de estas semanas, hay olor a una brasileñización de la política. Cada dirigente provincial que consiguió su lugar en la lista ahora tiene méritos propios por sobre los colectivos para considerarse ganador de un pedacito del poder legislativo. La existencia de partidos políticos que ordenen implica, en paralelo, disciplina legislativa. Sin partidos, es difícil ordenar. El flamante espacio puede tener más problemas de coordinación política que los que imaginamos, lo cual asemejaría esa situación a lo que suele ser moneda corriente en la política brasileña: hacia adentro y hacia afuera de los espacios, las negociaciones son largas, las lealtades flexibles y los acuerdos circunstanciales. La política que se viene puede no ser nueva.
Algo de esto se ve en el relevamiento que hizo Mauricio Cantando para Letra P, quien (entiendo que) es el primero en animarse a porotear cómo quedará cada espacio a partir del quiebre público de Juntos por el Cambio. Excelente laburo.
Cenital
