El ministerio que comanda Federico Sturzenegger vuelve a la carga contra los trabajadores estatales y apunta a modificar el régimen de carrera dentro de la administración pública nacional.
El gobierno de Javier Milei avanza en su reestructuración del Estado y apunta a reformar el régimen de carrera dentro de la administración pública nacional. En un nuevo ataque contra los trabajadores de ese sector, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, pretende modificar la estructura salarial, las condiciones de ingreso, los ascensos, la movilidad entre dependencias y las evaluaciones de desempeño. Esta iniciativa encendió las alarmas en el sector sindical y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en pie de guerra frente a lo que consideran un avasallamiento directo sobre los derechos adquiridos.
“Debemos ponernos en alerta máxima porque buscan perjudicar a los estatales”, sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, quien llamó a los trabajadores a organizarse ante el ataque del Gobierno. Desde el gremio denuncian que, detrás de los argumentos oficiales de modernización y eficiencia, se esconde una estrategia para recortar conquistas laborales históricas. Para ATE, la reforma propuesta no responde a una necesidad técnica real, sino a una voluntad política de ajuste. “No vamos a aceptar ninguna discusión que esté orientada a quitarle derechos a los trabajadores del sector público”, enfatizó Aguiar de manera categórica.
Entre la precarización y los mecanismos existentes
Uno de los puntos más críticos que señala el sindicato es que el marco legal y convencional vigente ya contempla todos los instrumentos necesarios para garantizar la idoneidad y el mérito en el sector público. Tanto la Ley Marco de Regulación del Empleo Público (Ley 25.164) como el Convenio Colectivo de Trabajo General (Decreto 214/2006) y el SINEP establecen mecanismos de selección transparentes, períodos de prueba de 12 meses y sistemas de promoción ligados estrictamente a las calificaciones del desempeño.
En consecuencia, ATE argumenta que el verdadero obstáculo de la administración pública no radica en sus normativas vigentes, sino en la desidia oficial para aplicarlas. En palabras de su secretario general: “Nuestro problema no es el convenio colectivo, sino la industria del incumplimiento por parte del Gobierno”. Asimismo, Aguiar desacreditó la insistencia del Ejecutivo en aplicar nuevos filtros masivos: “Hace dos años instrumentaron un examen que ya aprobó el 98%. ¿En serio siguen insistiendo con ese tema?”.
En este complejo panorama, según denunció el gremio, hasta la fecha el Gobierno no convocó formalmente para discutir estos cambios en la administración central. El diálogo se limitó a dependencias regidas por la Ley de Contrato de Trabajo, como el PAMI o la ANSES. El conflicto promete escalar si el Ejecutivo persiste en su intento de imponer de forma unilateral una reforma que, lejos de jerarquizar, parece ensañarse con el empleo público.
El Destape
