A veces las ciudades atraviesan eventos extraordinarios que permiten ver que las cosas podrían ser diferentes de cómo son. La visita del Papa fue una de ellas. Para la ocasión, se peatonalizó la Av. del Libertador y el resultado — en términos de encuentro y disfrute del espacio público — fue extraordinario. Esta avenida, la segunda con más muertes por siniestros viales en Buenos Aires después de la General Paz, podría peatonalizarse los fines de semana (o de mínima los domingos y feriados). Así lo hacen ciudades comparables como Sao Paulo, CDMX y Bogotá.
Es difícil describir el dolor que generan los altos niveles de ruido en la ciudad. No solo porque son un fenómeno invisible sino porque tienen un doble impacto en las personas. En un primer momento, un bocinazo o el estruendo de una obra en construcción provocan sobresalto: una respuesta involuntaria del organismo que activa el estado de alerta. Pero cuando la exposición se vuelve persistente, el ruido se convierte en una fuente de estrés crónico, capaz de arruinar nuestro descanso y nuestro bienestar psicológico.
Un informe publicado este año por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) le pone cifras al fenómeno. En la Ciudad de Buenos Aires, 11 de las 15 comunas presentan niveles críticos de exposición al ruido ambiental. “Uno de los principales hallazgos es la ausencia de comunas clasificadas en situación deseable, lo cual refuerza la idea de que la contaminación acústica no constituye un fenómeno localizado o excepcional, sino una problema estructural”, explica Pablo Mesa, autor del reporte.
Las comunas 8, 10, y 11, en el sur y oeste de la Ciudad, presentan algunos de los valores más elevados del indicador — tanto en horario diurno como nocturno — , mientras que otras comunas como la 1, 3, 14 y 15 también registran valores críticos sostenidos. El índice se construyó a partir de las mediciones oficiales del Gobierno porteño.
“El tránsito automotor representa la principal fuente de ruido urbano, al que se suman el transporte ferroviario y aéreo, las motocicletas, las obras en construcción y determinadas actividades vinculadas al uso intensivo del espacio público”, dice Mesa.
Comentario sobre el informe
Matías Barroetaveña, director del CEM, cree que la capital argentina no está haciendo lo suficiente para combatir este flagelo. “En Ciudad de Buenos Aires tenemos una ley específica para controlar la contaminación acústica, pero el gobierno porteño no la está cumpliendo”, dijo Barroetaveña a Cenital. “La información pública muestra mediciones discontinuas, sin una serie sistemática que permita conocer cómo evoluciona el problema, dónde están las zonas más afectadas y qué medidas se toman. Tampoco está claro si existe una red permanente de monitoreo ni cuál es el resultado de las inspecciones y sanciones”.
Lo que el titular del CEM pide es que se cumpla la Ley 1.540, reglamentada en 2007, que además de prohibir ruidos molestos obliga al Gobierno a desarrollar un plan permanente en materia de ruido y vibraciones, incluyendo programas de prevención de la contaminación acústica, campañas de concientización, estándares de calidad acústica y metas verificables de reducción. Pero para entender mejor qué es lo que está fallando, decido ir a la fuente.
Sobre acciones y deudas
Silvia Cabeza es especialista en acústica y autora de la Ley 1.540. Consultada por la persistencia del problema, apunta a la gestión y al organigrama porteño. El organismo de aplicación de la ley, me dice, es la Agencia de Protección Ambiental (APRA), que se encarga de regular los niveles de ruido permitidos según la actividad comercial. La norma contempla un amplio abanico de actividades que deben presentar un informe de evaluación de impacto acústico: desde locales bailables hasta gimnasios, teatros, cines, lavaderos y salas de ensayo. “Va a depender del resultado del Informe que la actividad sea autorizada o no, debiendo en muchos casos, reforzar el aislamiento acústico para poder ser habilitada”, detalla la especialista.
Luego está la Agencia Gubernamental de Control o AGC, que ejerce el poder de policía y fiscaliza los ruidos provenientes de restaurantes, bares, industrias y eventos masivos. “Sin embargo, no tienen la capacidad operativa de controlar los niveles de ruido que son producto de denuncias por parte de vecinos afectados en una ciudad de la extensión de Buenos Aires”, dice Cabeza. “Ambos organismos son autárquicos y falta coordinación entre las áreas”.
En relación a los puntos críticos, la autora de la ley señala “el incremento de espacios destinados a bares y confiterías que ponen sus parlantes al exterior y afectan a vecinos cercanos” y cita el caso de barrios como Palermo, Chacarita y Caballito. Semanas atrás fue noticia un hecho de violencia en un bar situado en el límite entre Palermo y Villa Crespo, “un lugar sin aislación acústica, con actividades la mitad de la semana, a veces hasta las cinco de la mañana”, según cuenta el periodista Diego Rottman, vecino de la zona.
También están los ruidos extraordinarios de los grandes eventos, como los que se realizan en el Hipódromo de Palermo o en Parque Sarmiento (donde hace poco un informe técnico constató niveles por encima de los permitidos), además de los boliches al aire libre del Campo Argentino de Polo y el Paseo de la Infanta.
Son miles los porteños que decidieron realizar una denuncia por ruidos molestos a la AGC, pero como única respuesta recibieron un correo indicando que “lamentablemente nuestros inspectores no pudieron realizar la fiscalización” porque “el lugar se encontraba cerrado o bien que los responsables del establecimiento, la actividad o la obra no permitieron el ingreso de los inspectores”. Al poco tiempo la denuncia se cierra y todo queda en la nada.
Para Cabeza, “se tiene que capacitar más gente para que puedan concurrir a los puntos que los vecinos denuncian, fiscalicen el funcionamiento, controlen las emisiones de ruido y exijan el cumplimiento de la normativa vigente”. Ni la Subsecretaria de Ambiente ni la Agencia de Protección Ambiental respondieron las consultas para esta nota.
El imposible tránsito
¿Qué pasa con las fuentes que no son fijas? En Buenos Aires, buena parte de las molestias acústicas vinculadas con la movilidad se concentran en los grandes corredores de tránsito, donde se superponen colectivos, autos, motos y vehículos de emergencia. Un relevamiento de la Fundación Ciudad y el CPAU identifica a las sirenas (41,4%), el tráfico (41,4%) y las bocinas (37,5%) entre los sonidos que más invaden las viviendas (en más de una ocasión, el titular del SAME Alberto Crescenti dio a entender que las empresas de emergencia privada encienden la sirena para “hacer propaganda” de sus servicios). No es de sorprender: las cifras oficiales muestran que desde la pandemia cayeron los viajes en subte y aumentaron los viajes en auto. El transporte en superficie está colapsado.
Como contamos el año pasado en Cenital, los niveles más altos se registran en las avenidas Corrientes, Rivadavia, Paseo Colón, Entre Ríos, Triunvirato y Del Libertador, particularmente en sus intersecciones con otras arterias importantes, como Juan B. Justo, Callao o Díaz Vélez. Los niveles suelen empeorar con el ancho de las avenidas (donde los vehículos se desplazan a mayor velocidad) y, a la inversa, los ruidos suelen disminuir allí donde las avenidas son más angostas o donde se avanzó en proyectos de peatonalización total o parcial. (También hay que destacar como positivo el avance de los colectivos a GNC, que ya representan el 13% del parque porteño y que según el propio gobierno “disminuyen un poco” los niveles de ruido).
Sin embargo, los proyectos de pacificación del tránsito no parecen formar parte de los ejes de esta administración, decidida a levantar ciclovías y profundizar el criterio favorable al estacionamiento en la calle, mientras áreas enteras de la ciudad siguen sin servicio de acarreo por mal estacionamiento. Ya sea por acción u omisión, estas señales de la autoridad local terminan fomentando la doble fila, los tapones de tránsito y, en última instancia, los bocinazos que tanto molestan al vecino.
Pero el factor más preocupante del último tiempo es el aumento, ya podríamos decir descontrolado, de las motos con escape modificado. En Argentina la venta de motos aumentó un 41% interanual, y entre enero y agosto se hicieron 350.807 transferencias de motos usadas, un récord que se explica, entre otras cosas, por la caída del poder adquisitivo y el “efecto Rappi”.
Los porteños sufren cada vez más los ruidos de motos con escape libre, que pueden alcanzar los 115 dB y que producen estruendos similares a disparos. Muchos motociclistas van en caravana, como los que aterrorizaron a los vecinos de la ciudad de Córdoba la madrugada del 30 de octubre. Hace un año revelamos en este espacio cómo los usuarios de motos con escape modificado alardeaban en los foros que la policía nunca los paraba. La situación no parece haber cambiado.
Empezar ya
El arquitecto Daniel Ottobre, docente de la Universidad de Tres de Febrero y director del Mapa del Ruido entre 2009 y 2014, cree que a la película del ruido urbano en Buenos Aires le hace falta el botón saltear intro.
“Ya hay que dejar de pensar en seguir diagnosticando, porque el diagnóstico es claro: es una ciudad ruidosa y hay que mejorar esa condición”, dice Ottobre. “Ya están las leyes y las herramientas, ahora hay que hacer cumplir la ley y sancionar a los que la incumplen, desde los escapes libres y los colectivos que chirrían hasta los locales con música a todo volumen”.
Diría Charly: el silencio tiene acción.
Federico Poore | Cenital
