En su pedido a la jueza Loretta Preska, la parte denunciante argumentó que el Gobierno no tiene intenciones de cumplir con la sentencia, que establece un resarcimiento de USD 16.099 millones.
Beneficiarios del fallo contra Argentina por la expropiación de YPF pidieron a la Justicia neoyorkina que en 30 días comiencen los embargos a los activos del Estado, argumentando los “antecedentes del Gobierno de evitar sentencias dictadas en Estados Unidos” y “las declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intenciones de cumplir con la sentencia”, que estableció que el país deberá pagar un resarcimiento de USD 16.099 millones.
La solicitud fue realizada mediante una carta enviada por el fondo de inversión inglés Burford Capital a la jueza de Nueva York Loretta Preska, quien hace una semana dejó firme su fallo condenatorio, dictado el 8 de septiembre pasado, por la decisión que en 2012 tomaron Cristina Kirchner y quien por entonces era su viceministro de Economía, Axel Kicillof.
“Estaba convencido de que Burford iba a esperar a comenzar el proceso de embargos hasta que se conociera la identidad del nuevo presidente (argentino) para negociar con sus abogados. Lo que están haciendo con esta carta es afirmar que no van a demorar el proceso de embargos. Quieren embargar desde ahora”, sostuvo este viernes en su cuenta de X el consultor privado Sebastián Maril, quien sigue de cerca el proceso judicial.
“Están utilizando esta carta como para presionar al Gobierno argentino para que decida qué va a hacer y sentarse a negociar, y le están diciendo al próximo Gobierno que no le van a hacer la vida fácil. No sé qué va a pasar ni cómo harán para evitar embargos. Argentina debería apelar y poner un bono para evitarlos, pero no tiene dólares para hacerlo”, consideró el especialista.
El Gobierno ha dicho que apelará la sentencia dictada por Preska, quien determinó que el Estado argentino -y no la compañía YPF- debía resarcir a los demandantes por la forma en que se produjo la expropiación de la petrolera en 2012.
El estudio de abogados Kellogg, Hansen, Todd, Figel y Frederick, que representa al fondo Burford Capital, presentó días atrás un escrito ante la Justicia de Nueva York en el que aseguró que, “lamentablemente, Argentina se ha negado a consultar con las demandantes de buena fe para preparar una presentación conjunta».
Burford Capital es un bufete de abogados que se presentó en los tribunales con los derechos de Petersen Energía, que tenía el 25% de YPF antes de su expropiación. En tanto, Eton Park ingresó en 2010 a la compañía con la compra del 1,63% del capital, por unos USD 250 millones.
En junio de 2019, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un pedido de Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF.
Tras conocerse aquel fallo de Preska, la expresidenta Kirchner y Kicillof la cuestionaron duramente y volvieron a apelar a la calificación de “buitres” para describir a quienes llevaron adelante el litigio. “¡Caramba! ¡Qué casualidad! Otra vez, en plena campaña electoral, irrumpe un fallo disparatado a favor de los fondos buitres en un tribunal de Estados Unidos, cuna de fondos buitres. Esa historia ya la vimos, y varias veces”, aseguró el gobernador de la provincia de Buenos Aires.
“Que la guita la ponga el kirchnerismo”, disparó Patricia Bullrich. “¡Qué caro nos cuestan los K a los argentinos! Siempre me opuse a la barbaridad de una expropiación sin cumplir con la Constitución. Ahora que la paguen de su bolsillo. El 10 de diciembre terminamos con el kirchnerismo para siempre”, sentenció la candidata presidencial de Juntos por el Cambio.
El Canciller
