El fallo reconoce la grave situación de sobrepoblación en cárceles y comisarías de la provincia. A partir de 2012, la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426%.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció hoy en un fallo clave la grave situación de sobrepoblación en el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires y ordenó a la Suprema Corte hacerse cargo de la situación estructural de violaciones de derechos que sufren las personas privadas de libertad. El problema estructural es de tal magnitud que exige remedios estructurales y acciones coordinadas que aseguren efectividad. Además, definió que la detención en establecimientos policiales no resulta adecuada y que no corresponde rehabilitar aquellos que fueron clausurados.

En su sentencia la Corte establece que, a pesar de que ya en 2005 con el fallo “Verbitsky” había dado pautas para hacer cesar esas violaciones, hasta el momento la Provincia de Buenos Aires no dio cuenta de su implementación.

En este fallo la Corte ya había resuelto que la situación del sistema de encierro provincial era crítica y que requería de remedios estructurales y acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado provincial para asegurar los derechos y garantías de la población privada de libertad. Entre otras medidas concretas, la Corte había ordenado al máximo tribunal y les jueces provinciales que “hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda”.

Sin embargo, más allá de un momento de mejora durante el tiempo inmediatamente posterior, la situación no dejó de agravarse. A partir de 2012, la cantidad de personas alojadas en comisarías aumentó un 426%, y alcanzó un pico de 5661 en noviembre de 2020. Hoy se mantiene en niveles intolerables.

Ante el agravamiento de la situación, los defensores generales de la PBA presentaron en julio de 2014 un habeas corpus solicitando que la Suprema Corte provincial tomara una serie de medidas dentro del marco de la ejecución del fallo Verbitsky. Sin embargo, el máximo tribunal provincial resolvió cerrar el habeas corpus colectivo por considerarlo cumplido y remitió la presentación a primera instancia para que se tratara como una nueva acción. Frente a esa decisión, les defensores solicitaron la intervención de la CSJN.

Así, luego de varios años de crecimiento exponencial sin intervenir, la CSJN resolvió que las medidas ordenadas en 2005 en el habeas corpus colectivo Verbitsky se encuentran vigentes e incumplidas y estableció explícitamente que por estas razones, el caso no está cerrado. A partir del fallo de hoy, la situación de las personas privadas de su libertad debe ser abordada por la Suprema Corte provincial sin que puedan alegar que se trata de cuestiones políticas en las cuales el sistema de justicia provincial no tiene ninguna responsabilidad. La reapertura de esta instancia judicial deberá ser el marco en el que se discutan medidas efectivas en conjunto con el Poder Ejecutivo y Legislativo para bajar la tasa de encarcelamiento y resolver la crisis penitenciaria provincial.

CELS